Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, una fiesta en recuerdo de las revueltas de Stonewall, ocurridas en 1969 y que son consideradas el inicio simbólico del movimiento LGBT. Desde entonces se ha avanzado en muchos derechos a lo largo del mundo, pero como veremos siguen perviviendo legislaciones y actitudes que están muy lejos de reflejar la igualdad que debería existir.
Una de las medidas más extendidas para dibujar de manera formal esta igualdad es el derecho que las personas del mismo sexo tienen para contraer matrimonio o unirse en una relación que el Estado reconozca al mismo nivel que las de las parejas heterosexuales. Con todo, como se puede ver en el mapa, esta igualdad está circunscrita a unas zonas muy definidas del planeta, caso de los países occidentales —oeste de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia o Nueva Zelanda—, buena parte de América Latina y Estados aislados en su contexto, tales como Sudáfrica o Taiwán.
Pero la igualdad formal —jurídica— no supone ni mucho menos una igualdad real, especialmente a ojos de la población. Las actitudes discriminatorias siguen existiendo en mayor o menor medida en muchos países, algo que se puede comprobar en preguntas tan aparentemente triviales como la aceptación de una persona LGB en la jefatura del Estado o del Gobierno. En el caso de los países de la Unión Europea, los países más occidentales de la comunidad mantienen actitudes que no se incomodarían ante una situación así, mientras en los países más al este la situación se torna en un rechazo o incomodidad más extendida.
Con todo, percibir como absolutamente normales determinadas conductas en algunos ámbitos no siempre implica esa misma tolerancia en otros. Por ejemplo, las muestras de afecto en público en muchos países de la Unión solo generan incomodidad para un porcentaje bajo de la población si se trata de un hombre y una mujer, algo que cambia considerablemente si quienes se besan son dos hombres o dos mujeres.
El trasfondo de todo lo anterior es bien claro: en muchos países, incluyendo una parte sustancial de los Estados comunitarios europeos, no existe una mayoría clara dentro de la población que considere que las personas LGTB deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales. Así, dentro de los veintisiete países de la Unión, esta aceptación no es mayoritaria en siete de ellos y en hasta en trece de los mismos —prácticamente la mitad de los miembros— esta aprobación no alcanza a dos tercios de la población —lo que comúnmente se llama mayoría reforzada—.
Bien es cierto que la inexistencia de una mayoría social que apoye la igualdad de todas las personas, independientemente de su condición sexual, no es motivo suficiente para que los Estados no sean conscientes de que existe un problema de discriminación y tomen medidas orientadas a resolverlo. Así, poco a poco, son cada vez más países los que se deciden a dar el paso promoviendo reformas y políticas que conduzcan a una igualdad real de las personas LGBT.
