Si hablamos de corrupción en el mundo, es poco probable que Europa sea lo primero que nos venga a la cabeza. De hecho, es la región con menor percepción de corrupción del mundo, de acuerdo con el índice que Transparencia Internacional elabora cada año desde 1995. La mayoría de los países que mejor puntúan en el índice de esta organización están en el Viejo Continente, aunque su último informe apunta a un deterioro preocupante en la Unión Europea: en 2025, la mayoría de los Estados miembros han registrado un estancamiento en la aplicación de estándares anticorrupción, y también se manifiesta una erosión en los mecanismos de rendición de cuentas. España, en particular, perdió un punto en el indicador respecto a 2024, y ocupa el puesto diecisiete entre los Veintisiete en cuanto a desempeño.
Para hacer estas mediciones, Transparencia Internacional se basa en trece fuentes de datos que ofrecen una fotografía de la percepción que expertos y empresarios tienen del sector público de sus respectivos países. Ocho de los diez países con mejor puntuación del mundo están en Europa occidental, entre ellos todos los nórdicos, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania. Pese a esto, trece países de la región empeoraron su puntación en 2025 y sólo siete consiguieron mejorar su desempeño.
A finales de 2025, la Unión Europea acordó su primera directiva anticorrupción para el espacio comunitario, que fue adoptada por el Europarlamento en marzo de 2026. La normativa busca establecer un marco penal común para luchar contra la corrupción armonizando delitos como el soborno, la apropiación indebida y el enriquecimiento ilícito, y reforzando el intercambio de datos y la cooperación entre agencias organismos.
Para Transparencia Internacional, sin embargo, el marco final de la directiva es poco claro y se queda corto en ambición, además de hacer aguas en materia de aplicabilidad. El problema de la corrupción, asegura la plataforma, no sólo tiene que ver con la debilidad normativa o el deterioro de los mecanismos de control, sino también con los ataques contra la sociedad civil, los medios de comunicación y los denunciantes. Todo ello dificulta la detección de los abusos de poder y supone un reto para los estándares democráticos.
Esta son, precisamente, los problemas que más afectan a los países del este de Europa. La opacidad de los Gobiernos, la debilidad y cooptación de la judicatura y la falta de transparencia en materia de contratación publica dibujan un mapa donde su región oriental registra datos muchos peores que en el resto del Viejo Continente. Bulgaria o Rumanía, miembros de la UE, han empeorado sus resultados respecto de 2024, mientras que Serbia, Bosnia, Ucrania o Bielorrusia no entran si quiera entre los cien primeros de la lista. Los porqués de estas diferencias van mucho más allá de lo que a menudo suele entenderse por corrupción, al mal uso de fondos públicos o el enriquecimiento personal a través de los recursos del Estado; sus raíces se hunden de forma más profunda en las instituciones.
La corrupción, en definitiva, suele ser un buen indicador del funcionamiento del sistema democrático y de la salud institucional y política que tiene un país. Un Estado corrupto no deja de ser un sistema en el que los poderes no se controlan entre sí —porque no existen herramientas o porque un poder campa a sus anchas— y donde no hay una rendición de cuentas ante la ciudadanía —y la ciudadanía, a menudo, tampoco las exige o hace la vista gorda—. Incluso en muchos casos no existe una conciencia de qué significa e implica el correcto uso de los recursos públicos para el bienestar general.
Así nos encontramos con que la Europa Occidental, de mayor trayectoria democrática y con regímenes políticos más asentados, presenta menores percepciones de corrupción, frente a una Europa del Este que todavía se encuentra en muchos aspectos en transición a regímenes plenamente democráticos. Así, su debilidad institucional y sus lógicas a menudo oligárquicas siguen pesando en una mayor percepción de la corrupción.
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