Las oficinas de Volkswagen en Bruselas están justo enfrente del edificio Berlaymont, la emblemática sede de la Comisión Europea. En 2015, el Dieselgate, el escándalo de los motores trucados para ocultar altos niveles de emisiones, evidenció que la cercanía entre Volkswagen y los dirigentes europeos no era únicamente física. La escasa regulación que existía y la tímida respuesta de la Comisión al respecto, que llegó incluso a aumentar los límites de emisiones en 2016, eran muestras del poder del lobby automovilístico en Europa.
Sin embargo, más allá del ejemplo del Dieselgate, la realidad es que el cabildeo no tiene por qué atender únicamente a intereses empresariales: las organizaciones, desde compañías privadas hasta ONG o asociaciones de vecinos, utilizan esta herramienta propia de cualquier democracia para elevar sus demandas y preocupaciones a los representantes del pueblo. La polémica tiene lugar cuando, efectivamente, los Gobiernos prestan una mayor atención a las grandes empresas, relegando a un segundo plano a las organizaciones de la sociedad civil. O cuando las puertas abiertas se tornan giratorias y altos cargos públicos acaban en puestos directivos de compañías o consultoras.
En este contexto, la Unión Europea, como gran máquina legislativa, es un terreno muy jugoso para los grupos de presión. Y, a pesar de sus esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas, no ha podido evitar que la capacidad de influencia de estos aumente con los años. De hecho, de la Comisión a la que dio relevo el equipo de Jean-Claude Juncker en 2014, hasta 15 excomisarios —de un total de 27— trabajan hoy para lobbies presentes en Bruselas, incluyendo el propio expresidente, Durão Barroso. En el Parlamento Europeo, los casos ascienden a 51 eurodiputados que, tras la legislatura de 2014, se pasaron al otro lado del tablero.
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