Las oficinas de Volkswagen en Bruselas están justo enfrente del edificio Berlaymont, la emblemática sede de la Comisión Europea. En 2015, el Dieselgate, el escándalo de los motores trucados para ocultar altos niveles de emisiones, evidenció que la cercanía entre Volkswagen y los dirigentes europeos no era únicamente física. La escasa regulación que existía y la tímida respuesta de la Comisión al respecto, que llegó incluso a aumentar los límites de emisiones en 2016, eran muestras del poder del lobby automovilístico en Europa.
Sin embargo, más allá del ejemplo del Dieselgate, la realidad es que el cabildeo no tiene por qué atender únicamente a intereses empresariales: las organizaciones, desde compañías privadas hasta ONG o asociaciones de vecinos, utilizan esta herramienta propia de cualquier democracia para elevar sus demandas y preocupaciones a los representantes del pueblo. La polémica tiene lugar cuando, efectivamente, los Gobiernos prestan una mayor atención a las grandes empresas, relegando a un segundo plano a las organizaciones de la sociedad civil. O cuando las puertas abiertas se tornan giratorias y altos cargos públicos acaban en puestos directivos de compañías o consultoras.
En este contexto, la Unión Europea, como gran máquina legislativa, es un terreno muy jugoso para los grupos de presión. Y, a pesar de sus esfuerzos en materia de transparencia y rendición de cuentas, no ha podido evitar que la capacidad de influencia de estos aumente con los años. De hecho, de la Comisión a la que dio relevo el equipo de Jean-Claude Juncker en 2014, hasta 15 excomisarios —de un total de 27— trabajan hoy para lobbies presentes en Bruselas, incluyendo el propio expresidente, Durão Barroso. En el Parlamento Europeo, los casos ascienden a 51 eurodiputados que, tras la legislatura de 2014, se pasaron al otro lado del tablero.
La punta de lanza de la estrategia de la Comisión Juncker para luchar contra el creciente poder del lobby en Bruselas es el registro de transparencia. Creado en 2008 y consolidado en junio de 2011 a través de un acuerdo entre la Comisión y el Parlamento, se trata de un portal público en el que los grupos de presión activos en Bruselas se inscriben para que los ciudadanos puedan ver “qué intereses se persiguen, quién los defiende y con qué presupuesto”. El registro, que fue inaugurado con la inscripción de la empresa española Telefónica, fue el pilar sobre el que se sustentó la estrategia de transparencia de Juncker y en la actualidad cuenta con un total de 11.920 lobbies inscritos.
Una influencia de 1.500 millones de euros en 2018
La Unión Europea entiende por lobby “cualquier actividad con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración o aplicación de políticas y en los procesos de toma de decisiones”. Dentro de dicha definición, la Unión diferencia varias categorías, de forma que los lobbies han de elegir en cuál de ellas se inscriben. De esta forma, el registro se divide en empresas (52%); organizaciones no gubernamentales (26%); consultorías y bufetes de abogados (9%); grupos de reflexión o think tanks (8%); organizaciones municipales, locales o regionales (5%); e iglesias y comunidades religiosas (0,5%). Estas últimas, sin embargo, cuentan con unos privilegios exclusivos que les permiten burlar las exigencias de transparencia europeas y enmascarar gran parte de su actividad, que en realidad es mucho es mayor.
Los propios lobbistas son los encargados de introducir sus datos en un registro que, además, es voluntario. Esto da lugar a desajustes y errores, intencionados o no, que pueden distorsionar su rendición de cuentas. Para contrarrestar esa dependencia de la buena intención de las organizaciones, la UE premia con varias ventajas a aquellas que se inscriban —como acceso de larga duración a sus dependencias, participar en los intergrupos del Europarlamento o recibir patrocinios de la Comisión— y se guarda el derecho a vetar la entrada a sus edificios a aquellos grupos que falseen sus datos.
Los grupos de presión han de especificar el número de personas que emplean en sus actividades de influencia. Entre todos suman 48.271 lobbistas. También cuánto dinero dedican a sus actividades de lobby —sueldos, alquileres, viajes, eventos…—, ya sea como un total o como un rango. La falta de uniformidad a la hora de introducir estos datos imposibilita conocer con exactitud el dinero que se están invirtiendo en influir en las decisiones de la Unión Europea.
Es por ello por lo que en El Orden Mundial hemos analizado estos datos (puedes ver la metodología al final de este artículo) para poder realizar una aproximación a esa suma desconocida para la esfera pública europea. Así, el resultado arroja un total de 1.981 millones de euros anuales gastados por los 11.920 grupos de presión en este tipo de actividades. No obstante, un gran número de organizaciones aún debe actualizar sus datos —los años fiscales difieren, ya que el plazo para hacerlo vence un año después de la última actualización—, por lo que esa cifra puede aumentar. Para los grupos que ya lo han hecho (7.897), el resultado es una inversión de 1.414 millones de euros en 2018, prácticamente lo mismo que aportaron Hungría y Luxemburgo a la UE en conjunto ese mismo año.
Grandes empresas como Google, Microsoft o Shell se gastan varios millones de euros al año para que su voz sea escuchada en Bruselas. No obstante, los lobbies que más dinero destinan a influir en las políticas de la Unión son el Consejo Europeo de Industria Química y la consultoría IRIS, especializada en la gestión de datos digitales, que desembolsan 12 y 10 millones de euros, respectivamente. Las multas por competencia desleal o la regulación de la protección de datos han afectado de lleno a estas organizaciones. En particular, la industria química se juega mucho en Bruselas, ya que la UE puede detener la comercialización de determinados productos si considera que pueden causar daños al interés público. En el caso de los herbicidas con glifosato, el lobby químico ganó la batalla.
Aparte de los detalles económicos, los lobbies también deben especificar el número de personas que emplean en sus actividades de influencia. Entre todos suman 48.271 lobbistas. En cuanto a la división por países de la Unión Europea, atendiendo a la sede central de las organizaciones inscritas en el registro, Bélgica es el territorio con más peso, aunque los grupos con un mayor músculo económico pertenecen a Luxemburgo, Suecia y Países Bajos. Fuera de la UE, los países que cuentan con mayor representación en Bruselas son Estados Unidos, con 409; Noruega, 84; y Suiza, 26.
El poder de las corporaciones
Cuando Juncker asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2014, hizo de la transparencia una de sus grandes promesas. Tal compromiso no fue fruto de una decisión esporádica, sino que pretendía suponer un lavado de cara del proceso legislativo de la Comisión, muy denostado tras el Dalligate. Ese es el nombre con el que se conoció el caso de tráfico de influencias en el que se vio envuelto John Dalli, comisario maltés de Sanidad y Consumo en 2012, al ser investigado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por haber supuestamente interferido en la reforma del tabaco con el objetivo de favorecer los intereses del sector. El escándalo acabó con su dimisión y reproches mutuos entre Barroso y Dalli.
Años después, con aires renovadores y la meta de zanjar cualquier tipo de polémica, Juncker se propuso potenciar el registro de transparencia y “garantizar un balance apropiado” en la categoría de lobbistas con los que sus comisarios se reunirían. Para ello, la Comisión comenzó a hacer públicas las reuniones de sus altos cargos —comisarios, miembros de gabinetes y directores generales—, que solo deberían reunirse a partir de entonces con aquellos grupos que estuvieran inscritos en el registro.
Desde la entrada en vigor de la nueva regla, en diciembre de 2014, las agendas públicas de los altos cargos han ido paulatinamente llenándose de encuentros con lobbistas. Cinco años después, al fin del mandato de Juncker, el registro de transparencia refleja un total de 24.051 reuniones. Así lo demuestran los datos cedidos por Integrity Watch, que monitoriza las actualizaciones del registro de transparencia, a El Orden Mundial. De esta forma, a través del registro de transparencia, la UE está consiguiendo canalizar y hacer pública su relación con los distintos grupos de presión, dando un ejemplo mundial de rendición de cuentas.
Aunque no todo son promesas cumplidas. Y es que de las 24.051 reuniones, hasta el 71% han sido mantenidas con representantes de empresas, mostrando un claro desequilibrio en comparación con el resto de lobbistas, ya que en segundo lugar si sitúan las ONG con tan solo un 17% de los encuentros. Así, los datos muestran una clara desproporción en favor de las compañías, echando abajo el compromiso inicial de Juncker. De todas ellas, Google es la que más reuniones ha mantenido, con un total de 213, seguida de Business Europe con 205 y Airbus con 151.
En cuanto a las direcciones generales de la Comisión con más encuentros declarados con lobbies, la de Acción por el Clima, dirigida hasta ahora por el comisario español Arias Cañete, es la que se lleva la palma: un total de 2.067 encuentros, 200 más que la de Economía y Sociedad Digitales, segunda en la clasificación. El gabinete de Cañete ha emprendido ambiciosas reformas en los últimos cinco años, liderando los esfuerzos mundiales en la lucha contra el cambio climático y fijando el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95 % de aquí a 2050. Tales medidas han provocado el interés de muchas ONG ecologistas, pero también se han encontrado con la oposición del lobby de los combustibles fósiles.
La tarea inacabada de Juncker
El Parlamento Europeo lleva años luchando por un registro obligatorio común. En 2014, la cámara legislativa de la UE aprobó un informe en el que exigía a la Comisión —responsable de la iniciativa legislativa— la implementación de la medida antes del fin de 2016. En septiembre de ese año, con un retraso evidente, el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la UE lograron ponerse de acuerdo y elaborar una propuesta para hacer obligatorio el registro. Sin embargo, las reuniones trilaterales para discutir su puesta en práctica se alargaron hasta el pasado mes de abril cuando, ante la proximidad de las elecciones europeas de mayo, los negociadores dieron por muertas las conversaciones, culpando al vicepresidente neerlandés Frans Timmermans —nombrado por Juncker para liderar las negociaciones— del fracaso.
Aunque la Comisión adoptó un papel pasivo, la principal oposición al registro obligatorio provino del Consejo de la Unión Europea y del propio Europarlamento. El Consejo, formado por los ministros de los Estados miembros, no quiso forzar a las embajadas de la UE en cada país —las llamadas representaciones permanentes— a adoptar la medida, puesto que no son instituciones de la Unión como tal. Por su parte, en el Parlamento el grupo más combativo fue el Partido Popular Europeo, que entendió que el registro obligatorio violaba la “libertad de mandato”, o lo que es lo mismo, que los eurodiputados voten en función de sus principios y no inducidos por ninguna presión externa.
El tiempo pasó y Juncker perdió su oportunidad. Ahora, la recién estrenada comisión Von der Leyen deberá marcar la nueva ruta a seguir. Como primer paso, Von der Leyen ha cambiado de manos la coordinación del registro de transparencia, despojando al socialdemócrata Timmermans de esta responsabilidad y eligiendo en su lugar a la nueva vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, la checa Věra Jourová, también excomisaria de Justicia. En la carta de misión que define sus tareas futuras, Von der Leyen le ha encomendado “trabajar con las otras instituciones para traer más transparencia al proceso legislativo”. Mientras la Comisión se decide a actuar, las grandes empresas siguen rearmándose y asentando su influencia en Bruselas.
Para ampliar: “Breve manual de instrucciones para entender la Unión Europea”, Diego Mourelle en El Orden Mundial, 2019
Metodología: para calcular el gasto total de los lobbies se han utilizado los datos del registro de transparencia de la UE (27 de noviembre de 2019). La mayoría de las organizaciones —9.737 de 11.920— utilizaban un rango para expresar sus gastos en actividades de lobby —de 0 a 9.999€, por ejemplo—. En todos esos casos se ha calculado la media del intervalo para poder realizar una aproximación al gasto acumulado por todos los grupos de presión. Además, había una organización que expresaba sus gastos en lobby como “>10.000.000€”. En tal caso se contabilizaron solo 10.000.000€. Por otro lado, para extraer las reuniones de los altos cargos de la Comisión y los distintos lobbies, se analizó la base de datos cedida por Integrity Watch (14 de noviembre de 2019), que ha desarrollado un programa que escanea los PDF en los que figuran las reuniones y los convierte en formato CSV.