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Las plataformas, árbitros incómodos de la libertad de expresión

Las plataformas, árbitros incómodos de la libertad de expresión
Fuente: elaboración propia.

El veto a Trump en Twitter, Facebook y otras redes sociales provocó un éxodo masivo hacia foros alternativos y puso a las grandes plataformas en el punto de mira. Más allá de la intención de las medidas, su eficacia y coherencia son cuestionables. Además, reavivan el debate sobre si unas pocas compañías privadas deben velar por el interés de millones de usuarios.

El asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero probó que las conspiraciones y narrativas falsas difundidas en internet pueden tener graves consecuencias fuera de lo virtual. Su promoción en redes como Twitter o Facebook también demostró que las regulaciones implementadas por las plataformas habían sido ineficaces. En esta ocasión, ante la trascendencia del suceso, varias redes sociales, tiendas online, servidores web, plataformas de pago y servicios de mensajería suspendieron en distinta medida a Donald Trump y sus seguidores.

Además del debate sobre su acierto u oportunismo, estas medidas suscitan interrogantes, como su repercusión en la influencia del expresidente y en el contenido extremo de sus simpatizantes. Otro, si marcarán la actuación de las plataformas, que hasta ahora habían sido más comedidas. Además, la intervención de estas compañías, que algunos consideran censura, genera discordia en torno a la regulación del contenido: no hay consenso sobre quién debería ser el árbitro y bajo qué criterio. 

Trump, silenciado

Twitter decidió suspender la cuenta personal de Trump dos días después del asalto, alegando que sus últimos tuits violaban su política contra la glorificación de la violencia. Para ello, la red tuvo en cuenta no solo el contenido de los tuits, sino también la manera en la que sus seguidores los interpretaban. Este es un matiz importante: es inusual que Twitter reconozca interpretar el lenguaje más allá de su significado literal, atendiendo al contexto y al significado implícito del contenido. 

Por su parte, Facebook prohibió que Trump publicase mensajes al menos hasta el fin de su mandato, por el contenido que publicaba antes del asalto al Capitolio y por el que podría publicar en el caso de seguir activo. La compañía argumentó que los riesgos de permitir su servicio a Trump eran “simplemente demasiado grandes”, pues podría socavar la transición pacífica del poder a su sucesor. Tras su marcha de la Casa Blanca, Trump sigue suspendido y Facebook estudia si lo readmite o lo bloquea del todo.

Instagram, propiedad de Facebook, tomó las mismas medidas, mientras que Youtube censuró su canal temporalmente. Snapchat suspendió a Trump de manera permanente y Twitch eliminó el canal del neoyorquino por tiempo indefinido. Las principales redes sociales tomaron medidas restrictivas, pero no fue el caso de dos redes alternativas que tienen como lema permitir todo tipo de discurso político, sin limitar la libertad de expresión: Parler y Gab. El desembarco inminente de Trump en ambas se da por hecho.

No obstante, Parler, la más popular de ellas con alrededor de diez millones de usuarios, sufrió serios reveses. Las tiendas de aplicaciones de Google y Apple la eliminaron de su oferta porque no se comprometía a regular su contenido, y Amazon dejó de albergarla en sus servidores. Gab vivió una experiencia similar en 2018, cuando fue expulsada de internet por no restringir el discurso antisemita del asesino de once judíos en Pittsburg (Pensilvania). Más tarde volvió a la red bajo Epik, un alojamiento que cobija otras páginas de extrema derecha y que también podría rescatar a Parler. De momento, esta ha reaparecido gracias a un servidor ruso, aunque solo para anunciar su futuro regreso.

Parler es financiada por donantes republicanos, y tras las elecciones de noviembre sumó millones de usuarios reacios a las verificaciones que Twitter y Facebook hacían sobre las acusaciones de fraude electoral de Trump. Aunque en menor cantidad, lo mismo sucedió con Gab. De hecho, esta puede acabar como gran beneficiada: según la propia red social, su número de usuarios llegó a crecer a un ritmo de 10.000 nuevos cada hora tras el veto a Parler. Ambas se han convertido en el refugio de las posturas radicales y conspirativas; un oasis para la extrema derecha

Las plataformas, entre el rigor y el oportunismo 

Las decisiones de las redes sociales no fueron repentinas: las plataformas argumentan que aplicaron sus políticas de uso preexistentes, que ya habían actualizado en favor de una mayor regulación. Por ejemplo, ante la infodemia de la covid-19, Facebook, Google, Youtube, Whatsapp o Twitter introdujeron medidas en la primera mitad de 2020 para luchar contra el contenido falso y conspirativo. Lo mismo se hizo para enfrentar la desinformación sobre las elecciones estadounidenses en noviembre. 

Facebook, que ya tenía una política de verificación apoyada en fact-checkers externos, comenzó a aplicarla también en las publicaciones falsas o engañosas de figuras públicas, incluido Trump. Twitter también introdujo etiquetas para el contenido falso o no demostrable. En ambas redes, estas etiquetas se aplicaron, por ejemplo, en los intentos de Trump por cuestionar la legitimidad del voto por correo. Además, Twitter ocultó por primera vez en mayo de 2020 un tuit de Trump por “glorificar la violencia” en el contexto de las protestas del movimiento antirracista Black Lives Matter. Y tanto Twitter como Facebook eliminaron contenido conspirativo y cuentas de los activistas de la teoría de la conspiración QAnon. Sin embargo, los sucesos se precipitaron a raíz de la derrota electoral del republicano. Su continua publicación de mentiras y conspiraciones sobre el proceso electoral, incluso cuando su validez quedó certificada judicialmente, incrementó la crítica hacia las grandes plataformas por permitirlo. 

Dado que las plataformas contaban con una política de uso previa, y ante la gravedad de los hechos en Washington, su reacción parece justificada. No obstante, contrasta con la tolerancia que estas empresas mostraron en otras ocasiones en las que también había motivos para aplicar sin titubeos su reglamento y no lo hicieron. Por ejemplo, cuando el entonces presidente Trump pareció justificar el uso de la violencia armada contra los manifestantes del Black Lives Matter. Twitter y Facebook solían argumentar que sus usuarios tenían derecho a acceder al contenido de sus representantes para no aplicar a Trump ni al resto de políticos el mismo rasero que al resto de usuarios. Fuese este el verdadero motivo o no, la atención que generaba el expresidente también les resultaba muy golosa económicamente

Del mismo modo, por más que las plataformas se esfuercen en parecer consecuentes con sus procedimientos, estas medidas solo llegaron en un contexto político propicio del que antes no disfrutaban. Las suspensiones al expresidente coincidieron con sus últimos días en el cargo y con la confirmación de que los republicanos, además de la Presidencia, perderían la mayoría en el Senado. Es una incógnita si las plataformas hubieran reaccionado igual con Trump teniendo tiempo suficiente para devolver el golpe desde la Casa Blanca y con los republicanos conservando capacidad legislativa.

Un remedio con efectos secundarios 

Con la suspensión temporal o indefinida de Trump, las plataformas pretenden limitar su impacto. Tanto los seguidores de las cuentas del expresidente como el resto de usuarios dejarán de estar expuestos directamente a sus mensajes. Su capacidad de alcance se verá mermada incluso si se incorpora a Parler o a Gab, donde el número de miembros es muy inferior. No obstante, sus publicaciones seguirán generando atención, y no parece probable que determinados medios de comunicación dejen de amplificarlas. Por tanto, el expresidente continuará influyendo en el debate público. 

Además, la acción de las plataformas ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión. Hay quienes argumentan que la expulsión de Trump no sería estrictamente un acto de censura, dado que las redes sociales son servicio privado en el que los usuarios se comprometen con unas normas que el expresidente incumplió. Otros interpretan que al igual que los medios de comunicación tradicionales suelen aplicar un filtro editorial, las redes sociales también pueden decidir qué estilo de contenido quieren acoger. Sin embargo, estas posturas generan contradicciones, puesto que en la práctica las redes son concebidas como espacios públicos donde interactúan millones de usuarios. Por ello, tanto expertos como varios líderes europeos consideran que las plataformas sí censuraron al expresidente.

Esto ha dado un motivo más para el victimismo y la animadversión a los simpatizantes de Trump y a los escépticos con las grandes plataformas, como demuestra la migración masiva a redes alternativas. Si esta tendencia se mantiene, el efecto inmediato puede ser una mayor segmentación de los usuarios en distintas redes sociales en función de su ideología. Con ello se corre el riesgo de generar foros de opinión pública ajenos entre sí, agravando las cámaras de eco, la polarización y la radicalización de los espacios donde se difunde contenido extremo, lo que puede tener graves consecuencias fuera de internet. 

Otro efecto de las restricciones a Trump es que sientan un precedente comprometedor para las compañías de redes sociales. Su coherencia se verá en entredicho si no reaccionan con la misma rotundidad ante otros presidentes que también incumplen sus reglamentos. El brasileño Jair Bolsonaro, al que Twitter ya ha eliminado vídeos en los que difundía falsos tratamientos para la covid-19, es un caso paradigmático. Más allá de estas figuras, otras cuentas polémicas con un perfil más bajo continúan activas. Por ejemplo, el portavoz de los talibanes, la milicia fundamentalista islámica en guerra con el Gobierno de Afganistán. 

En cualquier caso, el veto a Trump ha demostrado la fuerza de las grandes plataformas, capaces de apartar de las redes al presidente de Estados Unidos y de regular el debate público. Hayan dado este paso siguiendo sus normas de uso, guiadas por códigos éticos o por intereses empresariales, lo hicieron a su arbitrio y de manera lícita. Por ello, el debate sobre la libertad de expresión en redes sociales no se acota solo a sus límites, sino también en cómo y quién debería marcarlos. Las restricciones tras el asalto al Capitolio han vuelto a manifestar que, sin legislación que lo impida, son unas pocas empresas privadas las que controlan los grandes espacios de opinión de la actualidad. 

No hay respuestas fáciles

Combatir la desinformación y el discurso de odio es necesario: pueden contribuir a la polarización social y a la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas, como demostró el asalto al Capitolio. Ante este riesgo, medidas reactivas como regular el contenido de las redes sociales pueden ayudar a contener el problema a corto plazo, pero no son la solución definitiva. Algunos Gobiernos también han impulsado políticas contra la desinformación complementarias a las de las plataformas, pero que también generan recelo. De hecho, parte del escepticismo de la ciudadanía tiene una misma raíz: la sospecha de que los decisores se guían por sus intereses particulares, ya sean empresas o Gobiernos.

Aunque son suspicacias razonables en una sociedad democrática, para ser efectiva esta debe contar con mecanismos de equilibrio y control frente a los poderosos. Por ello, la rendición de cuentas puede ser clave para reforzar el papel de la ciudadanía ante las grandes plataformas, que en la práctica se encargan de velar por el interés público de millones de usuarios. Una de las iniciativas más ambiciosas en este aspecto es la Ley de Servicios Digitales propuesta en diciembre de 2020 por la Unión Europea, que pretende exigir a estas empresas más transparencia y autorregulación. No obstante, a largo plazo la solución también pasa por fomentar la concienciación ciudadana y la educación digital para no depender de que unas empresas privadas tomen medidas que no les convengan económicamente.