La ayuda humanitaria, otra herramienta geopolítica
La cuestión de la ayuda humanitaria se ha convertido en el gran caballo de batalla del presidente interino. Aun cuando es evidente que las carestías que existen en Venezuela son un problema de primer nivel, esta ayuda humanitaria —proveniente sobre todo de Estados Unidos— que ha llegado a la frontera, especialmente la colombiana, apenas puede asistir a varios miles de personas y supone más un instrumento político en el pulso entre Maduro y Guaidó que un elemento realmente útil para socorrer a la población venezolana. La ayuda humanitaria es muy potente como símbolo; de ahí que haya cobrado tanta importancia a lo largo de las últimas semanas en este choque de legitimidades, con especial atención al primer intento de introducirla en el país el pasado 23 de febrero. Maduro ha repetido en numerosas ocasiones que no existe una crisis humanitaria en Venezuela —a pesar de que los datos evidencian que, si no lo está ya, se encuentra bastante cerca de una— y ha rechazado la asistencia internacional, incluida la de Naciones Unidas. Por tanto, si aceptase la entrada de la ayuda que se amontona en la frontera con Colombia, admitiría tácitamente que el país la necesita —a pesar de haber aceptado 300 toneladas de medicamentos procedentes de Rusia—, lo que sería reconocer un importante fracaso como gobernante en su incapacidad para asistir a la población con suministros básicos suficientes. En esta misma moneda, solo que en la otra cara, que Guaidó consiguiese introducir esa ayuda significaría su primer éxito político efectivo como gobernante del país —hasta ahora, desde la proclamación al reconocimiento internacional, todos son simbólicos o formales—, una victoria que necesita con cierta urgencia para poder mostrar ante la población que, aunque de forma limitada, comienza a tener cierta capacidad efectiva sobre el país. La forma de introducir esa ayuda también tiene un impacto importante. El plan inicial de Guaidó contemplaba que la ayuda entrase por varias vías de forma simultánea: desde Colombia —especialmente Cúcuta—, Brasil y Curazao —un territorio autónomo neerlandés en el Caribe—. Pero existían —y aún existen— distintas formas de alcanzar ese objetivo. La primera opción contemplaba la entrada de ayuda humanitaria a través del ahora cerrado y bloqueado puente de Las Tienditas —terminado en 2016 y nunca inaugurado— y otros puntos fronterizos, lo que condujo a los militares venezolanos allí desplegados para detener la entrada de ayuda al dilema de cumplir las órdenes y negar esa ayuda a la población o desobedecerlas y permitir su entrada. En esta lógica, si optasen por facilitar la entrada de ayuda, esto sería —simbólicamente hablando— un punto de partida importante de cara al dominó tan deseado por la oposición de que el estamento militar, especialmente en sus escalones medio y bajo, se revuelva contra Maduro. La segunda opción es que fuesen miles de personas quienes cruzasen la frontera llevando estos suministros. Si bien sería menos eficiente en lo logístico, pondría en una situación complicada a los militares venezolanos y volveríamos a las consecuencias de la primera opción. Como derivada extrema, una represión violenta de quienes intentasen cruzar sería, propagandísticamente hablando, un elemento muy potente para hacer presión internacional sobre el Gobierno de Maduro. La tercera posibilidad sería contrabandear esa ayuda a través de la frontera, algo que, si bien cumpliría la finalidad última de esta operación, sería poco eficiente para el presidente interino en rédito mediático. El primer intento, el 23 de febrero, fue inconcluyente en muchos aspectos: más allá de las afirmaciones de representantes opositores, no se ha podido constatar que entrase ayuda humanitaria a Venezuela procedente de fuera; tampoco la Guardia Nacional Bolivariana ni la Policía Nacional Bolivariana hicieron un ejercicio de brazos caídos permitiendo la entrada de los suministros del exterior y, quitando algunas decenas de deserciones en Colombia, los cuerpos de seguridad venezolanos no han sufrido mayor mella. Pero, en medio de la guerra propagandística de uno y otro lado, las imágenes de civiles heridos y algún que otro camión de ayuda ardiendo han tenido un impacto notable en la opinión pública —complementado con un concierto multitudinario el día anterior— y, al menos, han permitido a Guaidó apuntalar lo que ha rozado ser un enorme fracaso partiendo del plan que se intuía de sus discursos en los días anteriores a enviar la ayuda. Lo que sí parece claro es que se ha ahondado otro paso más en la lógica de la confrontación.Del deseo a la realidad de una transición
Quizás el último ejemplo de desconexión con la realidad sea la transición o una salida negociada que tanto se intentan pregonar para desatascar esta tensa situación. Por un lado, algunos actores internacionales apenas han avanzado en una posibilidad real de mediación y hasta el Vaticano criticó que Maduro abogase por ella cuando ha sido el principal interesado en que esta no avanzase. Por el otro, tenemos a un Guaidó cuya prioridad es lograr una victoria sobre Maduro y ganar algo de tiempo para recuperar el impulso en su duelo de legitimidad con el sucesor de Chávez. A la vez, apela constantemente a la idea de una transición cuando esta presenta infinidad de limitaciones que hacen poco viable llevar a cabo una transición democrática en menos de un año —en un escenario optimista—. Teniendo en cuenta que no se van a cumplir las directrices que marca la Constitución venezolana en su artículo 233 —30 días como máximo de periodo de interinidad hasta la celebración de nuevas elecciones, convocadas por el Consejo Nacional Electoral, no el presidente—, se abre una tierra desconocida ante la que todavía parte de la oposición es reticente a reconocer que es un escenario totalmente excepcional, carente de referencias legales más allá de la Ley de Transición aprobada a principios de año en la Asamblea Nacional. La degradación institucional en Venezuela en favor del oficialismo y su supervivencia ha sido evidente durante estos últimos años. Otros poderes del Estado, así como la propia ley, se han instrumentalizado para unos intereses políticos concretos, lo que ha generado claras desconfianzas dentro y fuera del país. Reconstruir esas instituciones y su credibilidad no es un proceso sencillo y tampoco rápido. En el supuesto de que Maduro dejase voluntaria y pacíficamente el poder —lo que no parece muy probable viendo la situación actual—, celebrar unas elecciones se presupone un objetivo intermedio —no el último: el sistema democrático es bastante más que votar— que la comunidad internacional —sea la Organización de los Estados Americanos, Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Europea o la propia ONU— podría apoyar, pero para el que todos los actores internos del país deberían colaborar. Y, con ese mismo objetivo, cabría preguntarse también si la celebración de unas elecciones en el contexto que puede tener un país con el peor desempeño económico de la región y entre el 5% y el 10% de su población emigrada durante los últimos años puede ajustarse a la necesaria situación de normalidad que deberían tener unos comicios tan cruciales. [caption id="attachment_18547" align="alignnone" width="2338"]
La situación en Venezuela lleva empeorando desde 2013 y no tiene perspectivas de mejorar. Una estabilización de la economía y de la emigración serían dos objetivos prioritarios.[/caption]
Por otra parte, es pertinente preguntarse hasta qué punto la oposición quiere arriesgarse a celebrar unas elecciones que tiene unas probabilidades importantes de perder. Aunque Guaidó haya sido el opositor que más lejos ha llegado en poner a Maduro contra las cuerdas, su lucha se está desarrollando con un escaso aparato político detrás, ya que buena parte de la oposición —Acción Democrática, liderada por Henry Ramos Allup; Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles y Julio Borges, o Un Tiempo Nuevo— no se ha adherido a su iniciativa, por lo que cuesta creer que, si se diesen estos comicios, fuesen a dejar sus fuertes rencillas de lado y apostar por un candidato común, como así ocurrió en las presidenciales de 2013 y las legislativas de 2015 mediante la Mesa de la Unidad Democrática —que ya ha acordado que no sería Guaidó—. Esta situación dejaría al oficialismo en una posición relativamente sencilla para presentar un candidato —sea Maduro o uno nuevo— que ganase ante la fragmentación del voto opositor entre varios candidatos. En un escenario así, el argumentario de la oposición quedaría totalmente desarticulado, ya que el oficialismo habría ganado —otra vez— no por el atractivo de su oferta, sino por la inoperancia opositora.
Ni siquiera el factor tiempo le viene especialmente bien a nadie. Para Guaidó, cada día que pasa sin lograr objetivos tangibles como presidente es una mella en su legitimidad y una erosión en las expectativas de quienes lo han apoyado, con el añadido de que en las semanas siguientes a su proclamación se ha mostrado muy dependiente de los recursos que puede facilitarle Estados Unidos —ya sean económicos, con el desbloqueo de las cuentas de la filial de la petrolera estatal venezolana en Estados Unidos, o logísticos, con los recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional—, un apoyo que, si bien puede resultar práctico por el poder que atesora esta potencia, levanta suspicacias —fundamentadas— en el vecindario latinoamericano. Una percepción de Guaidó como marioneta de Washington puede contribuir a la erosión de su capital político.
Tampoco conviene pensar que por el lado de Maduro la situación está mejor: las sanciones de Estados Unidos a la industria petrolera conducen de forma directa al colapso, antes o después, del Estado por carecer de ingresos con los que sustentarse. Si bien se desconocen los plazos en los que esto podría ocurrir, no deja de ser una bomba de relojería de la que Maduro es incapaz de desembarazarse —encontrar nuevos clientes para ese petróleo que paguen en efectivo en una moneda de referencia internacional no es nada sencillo—. Ni él ni Guaidó tienen alicientes para extender los plazos, pero tampoco fuerza suficiente para imponerse sobre el contrario ni voluntad para sentarse a negociar.
Venezuela no deja de ser el último episodio de ese suceso tan extendido en el planeta como es la diferencia entre ser y querer ser. Aunque lo ideal sería una salida negociada, está bastante lejos de la situación real y, sobre todo, de la previsible. Como el puente de Las Tienditas: cortado y bloqueado; así permanecen hoy todos los puentes políticos en Venezuela. Suscríbete a EOM para seguir leyendo este artículo
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