Suecia se convirtió en 1972 en el primer país del mundo en permitir el cambio de género en documentos oficiales. Desde entonces, países como España, Colombia o Nueva Zelanda han adoptado leyes que reconocen la identidad de género y permiten el cambio de género legal, protegiendo así un derecho de la población trans. Sin embargo, los procedimientos para asegurar este cambio varían de un país a otro: mientras algunos contemplan la autodeterminación de género, basada en la propia voluntad de la persona, otros patologizan el proceso a través de la evaluación y el tratamiento médico. Dicho tratamiento puede implicar desde un proceso hormonal obligatorio hasta la imposición de una cirugía genital.
En el otro extremo se encuentran países como Nigeria, Malasia o los Emiratos Árabes Unidos, cuya legislación criminaliza explícitamente a la población trans. Según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés), más de cincuenta países del mundo prohíben el cambio de género legal o criminalizan las identidades de género no normativas. Además, pese a que un número mayor de Estados permiten el cambio de género legal, la mayoría tiene unos requerimientos considerados prohibitivos o poco claros, y tan solo unos pocos tienen unos procesos médicos o de autodeterminación de género delimitados.
A pesar de sus diferencias, todos los países tienen algo en común: ninguno asegura la igualdad plena del colectivo trans. De hecho, según un eurobarómetro de 2019, el 48% de la población europea opina que existe una discriminación generalizada por ser trans, frente un 35% que opina que no es frecuente y un 14% que lo desconoce.
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