Treinta años después de la muerte de Pablo Escobar, el narcotráfico en Colombia está más vivo que nunca. El líder del cártel de Medellín consolidó su poder en los ochenta y llegó a ser el objetivo principal en la guerra contra las drogas hasta que fue abatido en 1993. Derribarle debería haber puesto en jaque al narcotráfico, pero su rival, el cártel de Cali, ocupó ese vacío. Los líderes del nuevo cártel fueron detenidos a los dos años, aunque esto tampoco acabó con el narco.
Pese a que Colombia ha mantenido la mano dura, sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Ahora el principal grupo es el Clan del Golfo, y la captura de su líder en 2021 se presentó como el mayor golpe desde la caída de Escobar. Pero es evidente que este tampoco será el final del narcotráfico colombiano. Sin embargo, estas elecciones presidenciales ofrecen la oportunidad de una nueva política antidroga. Mientras el izquierdista Gustavo Petro apuesta por despenalizar, el populista Rodolfo Hernández no tiene una postura clara, pero adapta sus propuestas a los vaivenes de la opinión pública. Y los expertos apuntan a que la solución no es más violencia, sino regulación.
Se cortan cabezas, pero no el negocio
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