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La cruzada por restringir el aborto en Estados Unidos

La cruzada por restringir el aborto en Estados Unidos
Fuente: Lorie Shaull

Recientemente, en Alabama se aprobó la ley más restrictiva contra el aborto de todo EE. UU. La ley, que incluía prohibiciones en caso de incesto y violación, ha sido el culmen de una estrategia conservadora de décadas. La llegada de Donald Trump al poder ha intensificado esta lucha y ha abierto nuevas oportunidades para ilegalizarlo. El aborto se ha convertido en un tema central en la arena política estadounidense y tendrá una especial relevancia de cara a las elecciones de 2020.

En 1973, tras años de pelear en los tribunales y conseguir llegar a la Corte Suprema de Justicia, las abogadas feministas Linda Coffee y Sarah Weddington consiguieron, amparadas en el derecho a la privacidad, que se reconociera el aborto como un derecho fundamental garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Esta histórica decisión, conocida como “Roe contra Wade”, despenalizó el aborto en todo el país y obligó a derogar las leyes federales y estatales que lo restringían.

La controvertida sentencia polarizó la política nacional y convirtió al aborto en uno de los principales campos de batalla de las fuerzas progresistas y conservadoras. Desde entonces, los estados tradicionalmente republicanos han seguido una doble estrategia. Por un lado, han ido imponiendo restricciones administrativas y multitud de trámites previos a las mujeres que desean realizar un aborto. En Misuri, Kentucky, Virginia Occidental, Wyoming, las dos Dakotas y Misisipi, los departamentos de salud estatales han negado de forma sistemática la renovación de licencias de operación a clínicas, lo que ha significado el cierre de la mayoría de los centros disponibles —en Misuri el mes que viene ya no habrá ninguno—. Por otro lado, la estrategia ha perseguido la aprobación de leyes sumamente restrictivas, que reducen al mínimo el número legal de semanas para abortar y definen los supuestos en los que puede hacerse.

Las más afectadas por esta ofensiva conservadora han sido las mujeres de bajos recursos. El 49% de las mujeres que buscan abortar en EE. UU. viven por debajo del nivel nacional de pobreza. La aprobación de la enmienda Hyde en 1977 limitó el uso de fondos federales para subvencionar los abortos, lo que en la práctica supuso la imposición de barreras económicas y profundizó la brecha social.

Los presidentes vienen y van, pero la Corte Suprema permanece

Alabama ha sido el último estado en aprobar medidas extremas al prohibir el aborto en casos de violación e incesto y castigar con penas de cárcel de hasta 99 años a los médicos, pero multitud de estados estaban transitando ese mismo camino antes. En los últimos años, Georgia, Kentucky, Ohio, Misisipi, Misuri y Luisiana han aprobado la conocida como Heartbeat Bill (‘ley del latido’), que limita el aborto a las seis semanas de gestación, alegando que pasado ese tiempo se pueden detectar latidos fetales y, por tanto, hay vida. Aparte de inducir al engaño —pasado ese tiempo solo se puede detectar actividad eléctrica en las células embrionarias; el feto no desarrolla corazón hasta el tercer mes—, en la práctica esta legislación prohíbe el aborto de forma total, ya que en las seis primeras semanas la mayoría de las mujeres ni siquiera son conscientes de que están embarazadas. Estas leyes han sido declaradas inconstitucionales por varios tribunales federales y nunca han tenido posibilidad de entrar en vigor. El objetivo real de las fuerzas conservadoras no es que estas leyes se aprueben, sino tratar de superar los tribunales federales hasta llegar a la Corte Suprema y forzar así una revisión de la enmienda constitucional sobre el aborto.

La Corte Suprema es la institución que en última instancia estipula las normas de convivencia en EE. UU. y que tiene capacidad de transformar la sociedad, dada su importancia en temas como aborto, migración, matrimonio igualitario o control de armas. Su resolución hasta un nuevo cambio de criterio es perpetua e inapelable. Mientras que el presidente estadounidense se elige cada cuatro años y el Congreso y el Senado se renuevan periódicamente, los nueve magistrados del alto tribunal son nombrados de forma vitalicia por el presidente y confirmados por el Senado. La correlación ideológica de la Corte es, así, determinante. En 2016 falleció el azote del progresismo Antonin Scalia, nombrado por Ronald Reagan en los 80, con lo que dejaba una vacante durante el último periodo del Gobierno de Barack Obama. Sin embargo, el Senado, de mayoría conservadora, se opuso tajantemente a apoyar a cualquier candidato presentado por el presidente en un acto de filibusterismo.

No fue hasta después del triunfo de Trump cuando el Senado aprobó al juez conservador Neil Goursuch. La renuncia inesperada en 2018 del magistrado Anthony Kennedy, conocido por sus posiciones moderadas, ofreció a Trump la excepcional oportunidad de influir de una manera decisiva. Aunque de forma muy polémica, dadas las acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre el candidato, el Senado finalmente ratificó a Brett Kavanaugh y la Corte Suprema quedaba firmemente consolidada a la derecha con cinco jueces de corte conservador. Este nuevo equilibrio de poderes en la Corte ha dado esperanzas a las fuerzas conservadoras, que pretenden forzar la revisión y derogación de “Roe contra Wade”. Si finalmente consiguieran su objetivo, la legislación sobre el aborto dependería enteramente del poder de los Gobiernos federales, lo que eliminaría cualquier posibilidad del Congreso y el Senado para incidir sobre el tema.

Para ampliar: “Giro conservador en la curia estadounidense”, Trajan Shipley en El Orden Mundial, 2018

Las elecciones que vienen

Tener la oportunidad de nombrar a dos jueces conservadores y blindar la Corte Suprema frente a los demócratas ha sido un tanto muy bien anotado de Trump, pero no se ha limitado a eso. Con la aprobación del Senado, Trump ha colocado a más de cien jueces conservadores en los tribunales federales, en línea con sus promesas electorales y respaldando totalmente al movimiento autodenominado provida. La agresividad de las fuerzas republicanas en su cruzada contra el aborto encuentra su explicación también en las elecciones de 2020. Perder la mayoría en el Congreso tras las elecciones a mitad de mandato ha dejado debilitado al presidente, que ha visto bloqueados sus proyectos de levantar un muro con México y derogar la reforma sanitaria de Obama. Lograr restringir el aborto cumpliría con los intereses de la base política que le dio la Casa Blanca y sería un poderoso atractivo para el voto cristiano blanco. Mientras que el voto evangélico se concentró en Trump en las elecciones de 2016,  los cristianos votaron de forma dividida —el 52% votó a Trump y el 45%, a Hillary Clinton—, situación que parece querer cambiar el magnate estadounidense.

Para ampliar: Midterms en un Estados Unidos partido en dos”, Blas Moreno en El Orden Mundial, 2018

Aunque el aborto ha sido clásicamente un asunto altamente partidista, lo cierto es que, frente a la solidez del Partido Republicano, existen diferentes posturas dentro del Partido Demócrata. La aprobación de la Heartbeat Bill en Luisiana el pasado 30 mayo con el apoyo del gobernador demócrata John Bel Edwards ha puesto de relieve la gran tensión que existe dentro del Partido Demócrata. Con las primarias cada vez más cerca, los candidatos se dividen entre los que prefieren llevar una agenda más cautelosa y moderada y los que pretenden erigirse como un bastión del aborto legal. En cualquier caso,  las últimas y más extremas leyes antiaborto han provocado respuestas de indignación y alarma social y han logrado movilizar de forma masiva al movimiento feminista y a la base progresista estadounidense. En los próximos meses la batalla por el aborto probablemente se recrudecerá y será una de las bazas más fuertes de Trump junto con la inmigración y la guerra económica. Parece que en la “nación de los hombres libres” la libertad de las mujeres todavía está en peligro.