La regla número uno para quien se manifieste en Hong Kong es que nadie sepa que ha estado allí. O que al menos ese nadie sea el Partido Comunista Chino. El smartphone se queda en casa para evitar la geolocalización del aparato y con ella del manifestante; la cara, si puede ser, tapada, con gafas de sol o incluso con un paraguas por delante para intentar hacerle la trampa a los escáneres de reconocimiento facial que utiliza la policía hongkonesa; y en la vuelta a casa en el suburbano, es preferible sacar un billete individual en las máquinas de la estación en vez de usar la tarjeta de transporte personal, de nuevo, para evitar que quede un registro digital de que se estuvo allí. Todo sea por burlar uno de los sistemas represivos más sofisticados del mundo.
El origen de esta última crisis se sitúa a principios del mes de junio, cuando el Gobierno hongkonés desarrolló una iniciativa por la que se permitiría la extradición de acusados a la República Popular China —además de a Taiwán y Macao, territorios con los que tampoco existe un acuerdo de extradición—. Ni siquiera hacía falta una condena firme, y se temía que se abriese la puerta a que supuestos criminales, incluyendo disidentes políticos, residentes o fugitivos en Hong Kong, fuesen enviados a suelo chino para ser procesados. Esta situación ha despertado un intenso malestar entre buena parte de la población, que ha visto con inquietud otro paso más de la excolonia británica, caracterizada por un nivel de libertades políticas e individuales inexistente en la República Popular, hacia un retroceso que les acerca a los brazos de Pekín. Entonces, cientos de miles de manifestantes salieron a las calles exigiendo la retirada de la ley, que acabó en el cajón. Pero, una vez más, Hong Kong ha servido para evidenciar la tremenda dicotomía que vive esta ciudad-Estado: por un lado los sectores prochinos, que gozan de mayor poder político, y por otro los que prefieren que Hong Kong se mantenga en el actual estatus au...
