La Oficina del Fiscal General de Míchigan imputó el 15 de enero de 2021 al exgobernador republicano Rick Snyder, así como a otros ocho funcionarios públicos, por su negligencia en la crisis por contaminación del agua de la ciudad de Flint. En esta comunidad de mayoría afroamericana los problemas comenzaron cuando el entonces gobernador Snyder ordenó en 2014 cambiar la toma de agua del lago Hurón al río Flint, cuya agua contenía altos índices de cloro, un elemento que desprende plomo de las tuberías.
La población tardó poco en sufrir el envenenamiento: sarpullidos, viviendas corroídas por el metal y niveles de plomo en sangre tan altos como para enfermar a niños y adultos de por vida. La sociedad civil de Flint luchó para recuperar la calidad de su agua y exigir responsabilidades políticas, pero ni el gobernador ni el entonces presidente demócrata Barack Obama hicieron algo al respecto. Finalmente, la Agencia Medioambiental de Míchigan y los funcionarios implicados fueron condenados en noviembre de 2020 a indemnizar con seiscientos millones de dólares a una parte de la comunidad por haber falsificado pruebas para negar la existencia de plomo en el agua. El caso de Flint y la despreocupación de las autoridades ejemplifica la injusticia ambiental que alteró la vida de 100.000 habitantes, entre ellos más de 8.000 niños menores de seis años.
De las calles a las leyes
El caso de Flint es solo la punta del iceberg del racismo institucional en Estados Unidos. Del Movimiento por los derechos civiles de los años sesenta surgió el movimiento por la justicia ambiental, que además de la igualdad de derechos entre negros y blancos luchaba por que no se instalasen instalaciones contaminantes en barrios de minorías raciales y de bajos ingresos. Por ejemplo, la huelga en Memphis de 1968 contra las condiciones insalubres de los funcionarios basureros negros de la ciudad y las protestas en 1988 en el barrio neoyorquino de Harlem contra la instalación de depuradoras de aguas en medio de la comunidad lograron incluir sus reivindaciones en la agenda.
La primera respuesta política llegó en 1969, cuando el presidente republicano Richard Nixon promulgó la Ley nacional de política medioambiental, que reconocía la importancia de mantener un ambiente limpio, asignándole la tarea de control a las agencias federales. Nixon también aprobó las leyes de Aire y de Agua limpios y en 1970 fundó la Agencia de Protección ambiental (EPA), encargada de prevenir y controlar la contaminación ambiental. Con todo, ninguno de estos textos legislativos recogió el término de “justicia ambiental” hasta 2014, cuando la EPA la definió como “el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su etnia, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas ambientales”. La justicia medioambiental se da cuando todos los grupos sociales quedan protegidos contra los peligros ambientales producidos por acciones industriales, gubernamentales y comerciales, y tienen voz en dicha toma de decisiones.
Lo contrario a la justicia ambiental es el racismo ambiental, un fenómeno muy estudiado en Estados Unidos. Investigaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno —una agencia independiente del poder legislativo— y de la Iglesia Unida de Cristo —una rama protestante— confirmaron en los años ochenta que era más probable que los desechos peligrosos se depositaran en comunidades con alto porcentaje de afroamericanos, hispanos o nativos de bajos ingresos. La propia EPA lo confirmó en 2018, durante el mandato del republicano Donald Trump, demostrando que las personas no blancas, en especial las afroamericanas, tienen un 35% más de posibilidades de vivir cerca de instalaciones contaminantes que la población blanca. El estudio de la EPA afirmó que la desigualdad era mayor para las personas de color que para las personas de bajos ingresos, lo que demuestra que en este caso el componente económico no es tan determinante como el racial.
Los presidentes demócratas también hicieron avances legislativos. Bill Clinton firmó en 1994 la Orden Ejecutiva 12898 para abordar la justicia ambiental en “poblaciones minoritarias y de bajos ingresos”. La orden encargó a las agencias federales recopilar información para identificar y abordar los peligros ambientales para la salud. Por su parte, Obama firmó en 2011 el Memorando de Entendimiento sobre Justicia Ambiental, con el que se comprometía a reforzar la aplicación de la orden ejecutiva de Clinton. Durante su legislatura, la EPA publicó el Plan de Acción para la Justicia Ambiental previsto hasta 2020, con medidas para proteger la calidad del agua y el aire, en especial en las comunidades con bajos ingresos. Sin embargo, la mala gestión que Obama hizo del caso de Flint le desacreditó como defensor de los afroamericanos.
Una tarea pendiente
El racismo ambiental también ha entrado en la agenda de las elecciones presidenciales de 2020, a nivel estatal y federal. Durante la campaña, el entonces candidato demócrata Joe Biden propuso un Plan para asegurar la justicia ambiental y la oportunidad económica equitativa. Este plan reconoce que, además de la desigualdad económica y social, el racismo en Estados Unidos favorece una mayor contaminación medioambiental en las comunidades negras, con el consecuente impacto sobre su salud. Biden promete financiar nuevas agencias de control más robustas. En esta línea, el Partido Demócrata ha propuesto numerosas iniciativas legislativas desde 2019, y en especial en abril de 2020, durante el mandato de Trump.
El senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker introdujo en 2019 la Ley de justicia ambiental, en la que recoge el propósito de exigir responsabilidades políticas ante casos como el de Flint. La propuesta recibió el apoyo de la entonces senadora por California y actual vicepresidenta, Kamala Harris, también demócrata. Asimismo, Harris impulsó en abril de 2020 la Ley de justicia ambiental para todos y la de Equidad climática, con las que busca reforzar las agencias federales para que implementen una política de justicia medioambiental y aumentar los controles sobre el agua y el aire. Otro proyecto de una Ley de alerta a las localidades sobre riesgos y amenazas ambientales de 2020 obligaría a las autoridades a informar a la ciudadanía de posibles escapes de sustancias peligrosas. Estas iniciativas están pendientes de aprobación, pero la mayoría demócrata en la Casa de Representantes y el Senado, ganada en las elecciones de 2020, hace suponer que se convertirán en leyes.
Donald Trump también se comprometió con la justicia ambiental durante la campaña de 2020, a pesar de los retrocesos legislativos que realizó al respecto durante su mandato, en especial durante los primeros meses de pandemia. Bajo su Gobierno, la EPA eliminó los estándares máximos de mercurio permitidos a las eléctricas porque “generaban más pérdidas que beneficios”. Ahora la Administración Biden debe restaurar esos estándares si quiere cumplir con la Ley de aire limpio y con su programa electoral.
El racismo ambiental y la covid-19: ¿una relación tóxica?
El racismo ambiental ha vuelto a adquirir protagonismo en el último año, agravado por la pandemia y recogido por el movimiento antirracista Black Lives Matter (BLM). Nacido en 2013, BLM lucha contra todo tipo de racismo, incluido el ambiental, sobre todo después de que se haya demostrado que esta lacra es responsable de una mayor tasa de mortalidad en los afroamericanos, quienes representan solo el 13% de la población y acumulan el 33% de los fallecimientos. Un estudio de la Universidad de Harvard rastreó la incidencia de la pandemia a nivel nacional hasta el 22 de abril de 2020 y demostró que una exposición prolongada al aire contaminado daña los pulmones y aumenta de forma considerable las tasas de mortalidad por covid-19. En otras palabras, las enfermedades asociadas a entornos contaminados, como el asma o la diabetes, empeoran la evolución de la enfermedad. El virus no distingue entre personas, pero, según afirmó la epidemióloga Camara Jones, «sí discrimina en qué medida esas personas se ven afectadas».
En el estado de Luisiana, hay 150 refinerías de petróleo en 86 millas a lo largo de la orilla del río Misisipi. La zona recibe el sobrenombre del “callejón del cáncer” por la grave polución del aire. Como consecuencia, los residentes, de mayoría negra, padecen todo tipo de enfermedades que explican su mayor mortalidad por covid-19. Lo mismo se ha registrado en Glades, Florida, cuya comunidad negra e hispana vive próxima a una refinería de azúcar, responsable de enfermedades, y ahora de más muertes a causa del virus.
En Míchigan, los afroamericanos registran un mayor porcentaje de fallecidos que los blancos. Detroit, la ciudad afroamericana e industrial por excelencia del país, es uno de los lugares con peor calidad de aire del estado. Solo en el barrio de Boyton, de mayoría negra e hispana, se cuentan 36 instalaciones contaminantes entre refinerías de petróleo, centrales eléctricas de carbón o plantas de tratamiento de aguas residuales. A causa de la alta polución, los habitantes de Detroit sufren en mayor medida asma y diabetes, enfermedades que agravan la enfermedad por covid-19, como demuestra el estudio de Harvard.
Estos casos han impulsado iniciativas para reducir la contaminación con el fin de proteger a sectores sociales específicos. El gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó en junio de 2019 la Ley de liderazgo climático y protección comunitaria, que obliga a reducir las emisiones de carbono a las industrias. Si el Gobierno de Biden implementara esta ley a escala nacional, en línea con su plan climático para la energía limpia, aumentaría el acceso a energía renovable y eficiente, transporte limpio y viviendas seguras en las comunidades más expuestas a la contaminación.
La covid-19 también puede catalizar cambios. Los estragos de la pandemia entre la comunidad negra, junto con el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020 a manos de la policía de Mineápolis, llevó al Black Lives Matter a impulsar la Ley BREATHE, que propone combatir el racismo desde los cimientos del sistema. Entre otras medidas, esta ley propone asegurar una justicia medioambiental real, con una estrategia que garantice agua potable y aire limpio a todas las comunidades, e instrumentos eficaces para enfrentar desastres provocados por el cambio climático, como incendios o inundaciones. El proyecto aún tiene que someterse a votación y cuenta con el apoyo de algunas congresistas demócratas, pero la propuesta, incluida en la ley, de reducir el presupuesto de la policía no convence a todos los parlamentarios del partido.
La pandemia ha sacado a la luz el problema
Aunque sea a golpe de tragedia, el sistema de bienestar estadounidense está avanzando durante la crisis del coronavirus, lo que puede ayudar a las comunidades minoritarias, más afectadas por la enfermedad. El Gobierno de Trump aumentó los fondos a hospitales y enfermos afectados por la covid-19 en marzo de 2020. También asumió la compra de las vacunas y su distribución: la vacunación es gratuita a través de los seguros de salud privados, que no podrán cobrar a sus asegurados por administrárselas.
Estos avances son insuficientes para igualar las condiciones de vida de los no blancos a las de los blancos en Estados Unidos, pero sí son un paso para inmunizarlos contra el virus. En manos de Biden está continuar estos avances en materia de justicia ambiental e igualdad y hacer sólidas las medidas políticas allí donde aún son un propósito.
