Perú afronta este 6 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales después de un fin de lustro convulso. Además de la pandemia, la destitución del presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020 derivó en unas fuertes protestas y en que hubiera tres presidentes en una semana. Los candidatos más votados en la primera vuelta, el pasado 11 de abril, fueron el maestro de escuela y sindicalista marxista Pedro Castillo, con un discurso izquierdista pero conservador en lo social, y la derechista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, y que propone volver a la política de “mano dura”.
La campaña ha estado marcada por la polarización, el hartazgo y la indecisión de un electorado que en la primera vuelta tuvo que escoger entre dieciocho candidatos, muchos de ellos desconocidos. Las últimas encuestas dan a Castillo algo de ventaja o apuntan a un empate técnico, con lo que los indecisos serán clave en esta segunda vuelta.
La complejidad del escenario político no es nueva. Perú, que este 28 de julio cumplirá su bicentenario, ha vivido más tiempo bajo dictaduras que en democracia, y ha convivido con la inestabilidad institucional durante décadas. Ya se lo preguntó el nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa: “¿En qué momento se jodió el Perú?”. El régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) desmanteló la estructura de partidos, lo que desde entonces ha condicionado la política peruana junto a la corrupción y la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El país también ha sido muy castigado por las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, cuya gestión será central para quien llegue al poder.
La corrupción, en el centro del sistema
“¡Que se vayan todos!” es una de las proclamas más repetidas en las movilizaciones recientes en Perú. El grito contra la clase política trasciende ideologías y exige un cambio de caras que no estén asociadas a la corrupción endémica. Castillo, firme en sus planteamientos contra este problema, se ha erigido como portavoz del hastío. El expresidente Vizcarra había hecho lo propio, pero acabó investigado por supuestamente haber recibido sobornos del “Club de la construcción”, un cártel de empresas dedicado a obtener licitaciones de obra pública. Además, su nombre apareció en febrero en el Vacunagate, un escándalo en el que más de cien funcionarios se saltaron el turno de vacunación contra la covid-19.
Con todo, Vizcarra aún no ha sido vinculado al caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente del continente y la cruz política de varios presidentes anteriores. Odebrecht, una constructora brasileña, reconoció en 2016 haber pagado sobornos por veintinueve millones de dólares entre 2005 y 2014 para hacerse con las licitaciones de las mayores obras públicas en Perú. Ese megaescándalo ilustra, por ejemplo, por qué el país se ha estancado en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional.
Salvo el transitorio Valentín Paniagua, que gobernó brevemente tras la caída del fujimorismo, todos los presidentes desde Fujimori hasta Vizcarra han sido salpicados por esta trama e investigados por lavado de dinero, tráfico de influencias o malversación de fondos relacionados con Odebrecht. Alejandro Toledo (2001-2006) está prófugo en Estados Unidos y tiene una orden de extradición aún no resuelta. Alan García (2006-2011) se suicidó en abril de 2019 cuando la policía iba a detenerle. Ollanta Humala (2011-2016) se enfrenta a una petición de veinte años de cárcel por presunta financiación ilícita de su campaña electoral, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), antecesor de Vizcarra, cumple tres años de prisión preventiva bajo arresto domiciliario.
Keiko Fujimori tampoco escapa a Odebrecht. La candidata está en libertad bajo fianza mientras se la investiga por presuntamente haber recibido 1,2 millones de dólares de la constructora para su campaña de 2011 contra Humala, acusado de lo mismo. Fujimori salió de prisión provisional en mayo de 2020, pero la Fiscalía pide para ella más de treinta años por presunto lavado de activos, una petición condicionada al resultado electoral. Para luchar contra la corrupción, el Gobierno en funciones que ha sucedido a Vizcarra aprobó una reforma que elimina la inmunidad parlamentaria, de forma que los diputados investigados por corrupción no puedan ampararse en su aforamiento.
Pero la corrupción en Perú va más allá de la política: por ejemplo, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos advirtió en 2020 que más de trescientos magistrados estaban involucrados en casos de corrupción. De hecho, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística de mayo de 2020 destaca que el 60% de los peruanos considera la corrupción como uno de los problemas principales del país. Por si fuera poco, algunas facciones de las Fuerzas Armadas también forman parte de este entramado, lo que demuestra que el Estado peruano no ha llegado a democratizarse del todo tras la dictadura de Fujimori.
La polémica de las destituciones por “incapacidad moral”
Cuando el vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Kuczynski, sabía que tendría una relación difícil con un Legislativo unicameral y poderoso. El fujimorismo controlaba el Congreso con mayoría absoluta desde 2016 y había frenado cualquier intento de reforma profunda. En septiembre de 2019, Vizcarra lo disolvió y el Tribunal Constitucional avaló la medida, pero el Congreso respondió inhabilitando al mandatario y nombrando presidenta en funciones a su segunda, Mercedes Aráoz, quien renunció a las pocas horas. Vizcarra siguió entonces al mando del Ejecutivo.
El Congreso nacido de las elecciones legislativas de enero de 2020, ya sin mayoría fujimorista, tampoco supuso un revulsivo para un presidente que no era afín a ninguno de los nueve partidos del hemiciclo. Vizcarra sí contaba con el apoyo de la calle, pero cuando el fantasma de la corrupción empezó a perseguirlo, el Congreso se apresuró a iniciar un juicio político en su contra en septiembre. Ese primer intento fracasó, pero poco después se inició otro y el 10 de noviembre Vizcarra fue cesado por “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional polémica por su arbitrariedad.
Desde que entró en vigor en 1839, la fórmula de la incapacidad moral ha servido para destituir a cuatro presidentes peruanos. El último antes de Vizcarra fue precisamente Alberto Fujimori. Mediante trámites laxos y mayorías muy flexibles, esta fórmula deja el futuro de la jefatura del Estado en manos del Legislativo. Según el artículo 113 de la Constitución, un presidente puede ser destituido por su “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, pero no hay consenso en si esta debe entenderse en sentido médico o de gestión. El Gobierno de Vizcarra trató de que el Tribunal Constitucional invalidara su destitución, pero no tuvo éxito. Así, la falta de jurisprudencia siembra dudas sobre esta figura legal, que el Congreso podría aplicar por interés político a cualquier presidente.
¿Seguirá la ingobernabilidad?
Más de veinticinco millones de peruanos están obligados a decidir este 6 de junio si el país vuelve al conservadurismo de Fujimori o si escoge el izquierdismo de Castillo. La campaña se hace en clave de antifujimorismo contra antiizquierdismo y los sondeos están muy ajustados, como en 2016, cuando Kuczynski se impuso a Keiko por solo 40.000 votos. Fujimori ha recortado distancias en las últimas semanas y ha sumado apoyos entre los liberales y moderados que quieren evitar que la izquierda radical llegue a la presidencia. Si gana, se convertiría en la primera presidenta de Perú y sus investigaciones judiciales se aplazarían hasta el fin de su mandato, aunque nada impediría que fuera destituida por la fórmula de la incapacidad moral.
El nuevo presidente, ya sea Castillo o Fujimori, se encontrará con un Congreso todavía más fragmentado: diez partidos distintos en solo 130 escaños, lo que podría tensar aún más la relación institucional. Aunque este escenario favorece la ingobernabilidad, ambos candidatos firmaron la Proclama Ciudadana, un juramento impulsado por organizaciones religiosas y de derechos humanos con el que se comprometen en la defensa urgente del Estado de derecho y la democracia. Con todo, quien llegue al poder el 28 de julio, bicentenario de Perú, tendrá que enfrentar no solo la fragilidad institucional y la corrupción, sino también los efectos devastadores de la pandemia, que ha dejado 70.000 peruanos fallecidos y al 30% de la población en situación de vulnerabilidad financiera.
