El cuerpo de Bee Love Slater, de veintitrés años, apareció calcinado en un coche el 4 de septiembre de 2019 en Clewiston, Florida, tan mutilado que solo pudo ser identificada gracias a sus piezas dentales. El caso probablemente habría pasado desapercibido para la prensa nacional si no fuera porque, con la muerte de Love Slater, el número de personas trans asesinadas en Estados Unidos en 2019 ascendía a 18. Lejos de ser un hecho aislado, la violencia contra la comunidad trans estadounidense ha ido en aumento en los últimos años: mientras que en 2015 hubo 22 asesinatos de personas trans, en 2018 el número ascendió a 26, y recientemente se ha denunciado el que podría ser al menos el vigesimoprimer asesinato en 2019. La organización sin ánimo de lucro Human Rights Campaign llegó a definir la violencia contra la comunidad trans como una “epidemia nacional” y, con una Administración abiertamente tránsfoba, los desafíos a los que se enfrenta esta comunidad son cada día mayores.
Para ampliar: Dismantling a culture of violence. Understanding Anti-Transgender Violence and Ending the Crisis, Human Rights Campaign
No hay sueño americano para la ciudadanía trans
Las elecciones presidenciales de 2016 tuvieron una especial repercusión en la comunidad trans. La victoria de Donald Trump evidenciaba las tendencias cada vez más reaccionarias de la política nacional, lo que suponía un especial riesgo para un colectivo como el trans. Pese a ello, la discriminación no comenzó con su toma de posesión, sino que lleva presente en la sociedad estadounidense desde hace muchos años. La introducción de las llamadas Bathroom bills —leyes que obligan a utilizar baños públicos en función del sexo y no del género— es un claro ejemplo de ello. Estas medidas, introducidas en estados como Carolina del Norte en 2016 generaron una gran polarización social y pese a que la Administración Obama se comprometió a llevar el caso a la Corte Suprema, la llegada de Donald Trump puso fin a dicha batalla legal.
Sin embargo, el mayor problema al que se enfrenta el colectivo es la falta de una verdadera legislación federal que prohíba la discriminación por motivos de identidad de género —tampoco existe por motivos de orientación sexual—. Debido a ello, las personas trans sufren discriminación laboral, sanitaria o educativa, entre muchas otras; una verdadera afrenta al principio constitucional de igualdad ciudadana. La falta de una salvaguarda legal que les ampare ante eventuales situaciones de discriminación empuja a parte de la comunidad trans a la exclusión social: según la U.S. Trans Survey de 2015, el 29% de los encuestados vivían en pobreza, en comparación con el 12% de la población general.
Esta difícil situación resulta aún más desfavorable para las comunidades trans afroestadounidenses. De acuerdo con el mismo informe, el 38% de la ciudadanía trans negra encuestada vivía en un estado de pobreza, y el 42% había estado sin hogar en algún momento de su vida. Asimismo, el 53% reconocía haber sido víctima de agresiones sexuales, lo que se traduce en una mayor violencia contra esta parte de la comunidad. De hecho la mayor parte de las personas trans asesinadas son mujeres trans negras, lo que demuestra la interrelación de las diferentes opresiones por motivos de género, etnia e identidad de género.
Los legisladores han tomado cartas en el asunto para solventar la discriminación endémica de este colectivo. Tras la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de 2018, la mayoría progresista de la Cámara de Representantes puso en marcha la Ley de Igualdad, cuyo objetivo es actualizar la Ley de Derechos Civiles de 1964 —que puso fin a la segregación racial— para incluir la orientación sexual y la identidad de género. Pese a su aprobación en la Cámara, el Senado todavía no la ha aprobado. Al contrario que la cámara baja, esta institución se encuentra bajo el control del Partido Republicano, lo que puede impedir su ratificación como ley.
Junto con el Congreso, existe otra institución que resultará fundamental en la lucha del colectivo trans por una igualdad de derechos: la Corte Suprema. El máximo órgano judicial del país comenzó a principios de octubre de 2019 el juicio sobre el caso de Aimee Stephens, una mujer trans que fue despedida después de revelarle a su jefe su identidad de género. En caso de fallar a favor del colectivo trans, la Corte Suprema reconocería que la Ley de Igualdad de 1964 ya abarca identidad de género y orientación sexual, lo que supondría un avance equiparable a la legalización del matrimonio igualitario en 2015. De lo contrario, el Tribunal podría maquillar como “libertad religiosa” la discriminación y el odio hacia la ciudadanía no normativa. Junto con el caso de Stephens, el Tribunal también tendrá que pronunciarse sobre diferentes temas centrales en la sociedad estadounidense, como el aborto o los derechos migratorios.
Pese a la progresista decisión de hace casi un lustro de legalizar el matrimonio homosexual, la composición de la Corte en la actualidad difiere enormemente de la de entonces. Tras su elección como presidente, Donald Trump ha designado a dos jueces para la Corte: Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Ambos nombramientos suponen una importante presencia conservadora en la Corte, lo que puede poner en peligro los avances en derechos sociales alcanzados en los últimos años. En la actualidad, solo cuatro magistrados de los nueve que componen la Corte son de la rama liberal, y una de sus miembros más famosas, Ruth Bader Ginsburg, es la letrada de mayor edad, lo que pone en mayores dificultades al campo liberal, ya que el cargo de juez de la Corte Suprema es vitalicio y, normalmente, solo se renueva si el magistrado fallece o se jubila voluntariamente. La bancada liberal podría sufrir más bajas si Trump resulta reelegido el año que viene debido al poder del presidente del Ejecutivo respecto a los nombramientos de la Corte.
Para ampliar: “Giro conservador en la curia estadounidense”, Trajan Shipley en El Orden Mundial, 2018
Las elecciones 2020 en clave trans
Lejos de desaparecer bajo las togas de la Corte Suprema, los derechos del colectivo trans han cobrado especial importancia de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En el primer debate entre los contendientes demócratas por la nominación, el senador Cory Booker denunció la violencia que sufría el colectivo trans afroestadounidense. Asimismo, el antiguo secretario de Vivienda Julián Castro enfatizó la inclusión del colectivo trans al hablar de derechos reproductivos —aunque habló de mujeres trans cuando en verdad se refería a hombres trans y personas no binarias—. Por su parte, el alcalde de South Bend, Pete Buttigieg —el único contendiente abiertamente gay—, se ha comprometido a derogar la directiva de Donald Trump que prohíbe a ciudadanos trans servir en el Ejército desde 2019.
Los demócratas tienen actitudes más conciliadoras con la identidad de género en comparación con los republicanos. Asimismo, los millennials son el único segmento poblacional mayoritariamente respetuoso con la identidad de género. Fuente: Pew Research Center
Los votantes demócratas apoyan una mayor legislación respecto a los derechos trans, con un 60% de los mismos defendiendo que no se ha hecho lo suficiente para aceptar a este colectivo. Sin embargo, el 57% de los votantes republicanos encuestados opinan que la sociedad ha ido demasiado lejos aceptando a las personas transgénero, una clara muestra de la polarización que genera el tema en la sociedad estadounidense actual. Pese a ello, el 50% de los millennials en su conjunto defiende que el género no viene determinado por el sexo, lo que pone de manifiesto el salto generacional respecto al respeto de los derechos trans. Teniendo en cuenta que este grupo de población superará en 2019 a los baby boomers, dicha tendencia tendrá un gran peso en las elecciones presidenciales de 2020.
En la actualidad, la comunidad trans estadounidense todavía se enfrenta a numerosas capas de discriminación que oprimen su desarrollo ciudadano. Sumado a la violencia física y psicológica, la falta de protecciones constitucionales o la exclusión social, la ciudadanía trans tendrá que enfrentarse a unas elecciones que determinarán si sus derechos humanos son dignos de amparo. El colectivo trans no resulta indispensable para que ningún candidato resulte elegido presidente ya que, al contrario que los trabajadores de cuello azul o las mujeres suburbanas, los ciudadanos trans no representan un colectivo tan numeroso como para inclinar la balanza en un estado clave. Sin embargo, en función de quien resulte elegido el próximo año, los derechos trans podrían verse fuertemente recortados, empujando a parte del colectivo a situaciones insoportables.
Todavía queda mucho camino por recorrer para que la situación del colectivo trans sea equiparable a la del resto de los estadounidenses. “He decidido convertirme en la persona que mi mente ya es”, escribió Aimee Stephens a su jefe en la carta que le costó el despido. Solo queda esperar que Estados Unidos se convierta pronto en la tierra prometida que asegura ser para todos sus ciudadanos.
Para ampliar: “La cruzada por restringir el aborto en Estados Unidos”, María Canora en El Orden Mundial, 2019
