“Huele a genocidio”. Así calificó Vladímir Putin el corte de suministro de gas por parte de Ucrania a las repúblicas prorrusas del Donbás en 2015. Ya en las semanas previas a esta última invasión, en Rusia comenzaron a publicarse investigaciones y acusaciones sobre el supuesto genocidio del Gobierno ucraniano contra la población rusoparlante del país. Las autoridades de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk hablaban de fosas comunes y cientos de civiles asesinados por el Ejército ucraniano.
La supuesta discriminación y abusos del Gobierno de Kiev contra la población rusa en Ucrania es una de las claves con las que el Kremlin está justificando la guerra. Sirve a nivel interno para conseguir el apoyo de los rusos al conflicto y a nivel internacional para argumentar que Rusia está aplicando el principio de responsabilidad de proteger (R2P), que la ONU acordó en 2005 para que se pueda actuar sobre terceros países frente a genocidios o crímenes de guerra. Putin, sin embargo, tiene un problema: numerosos organismos internacionales han verificado cómo trata Kiev a los ucranianos rusoparlantes y desmentido las acusaciones de Moscú.
¿Apartheid ucraniano y rusofobia?
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