“Huele a genocidio”. Así calificó Vladímir Putin el corte de suministro de gas por parte de Ucrania a las repúblicas prorrusas del Donbás en 2015. Ya en las semanas previas a esta última invasión, en Rusia comenzaron a publicarse investigaciones y acusaciones sobre el supuesto genocidio del Gobierno ucraniano contra la población rusoparlante del país. Las autoridades de las repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk hablaban de fosas comunes y cientos de civiles asesinados por el Ejército ucraniano.
La supuesta discriminación y abusos del Gobierno de Kiev contra la población rusa en Ucrania es una de las claves con las que el Kremlin está justificando la guerra. Sirve a nivel interno para conseguir el apoyo de los rusos al conflicto y a nivel internacional para argumentar que Rusia está aplicando el principio de responsabilidad de proteger (R2P), que la ONU acordó en 2005 para que se pueda actuar sobre terceros países frente a genocidios o crímenes de guerra. Putin, sin embargo, tiene un problema: numerosos organismos internacionales han verificado cómo trata Kiev a los ucranianos rusoparlantes y desmentido las acusaciones de Moscú.
¿Apartheid ucraniano y rusofobia?
Una de las acusaciones más repetidas por Rusia es la de los ataques al idioma ruso en Ucrania. El tema es problemático en el país, con peleas a puñetazos entre parlamentarios incluidas. Tras el Euromaidán en 2014 se abolió una ley que el Partido de las Regiones, prorruso, había impulsado para igualar el estatus legal del ruso y el ucraniano. La decisión llevó a Moscú a afirmar que había una persecución contra la lengua rusa y con ello justificó la anexión de Crimea, de mayoría rusoparlante.
Sin embargo, informes del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU o la OSCE afirmaban que no había pruebas de persecución. En 2013, antes del Maidán y la crisis con Rusia, una encuesta en Crimea mostró que el estatus del idioma ruso estaba entre las últimas preocupaciones para la población. En otra encuesta de 2016 hecha en los territorios del Donbás controlados por Ucrania, también de mayoría rusoparlante, un 86% no se consideraba discriminado de ninguna forma.
No obstante, la Comisión de Venecia, que depende de la Comisión Europea y supervisa que las leyes ucranianas se ajusten a los estándares europeos de respeto a las minorías, ha tratado de moderar la legislación. En 2017, por ejemplo, se aprobó una nueva ley educativa para favorecer el estudio en lengua ucraniana. La Comisión de Venecia hizo siete recomendaciones, de las cuales se han aplicado seis. Ucrania comenzó a aplicar otra ley en 2019 para cimentar el ucraniano como lengua estatal, pero organizaciones humanitarias y la propia Comisión han criticado algunos puntos. Aun así, las afirmaciones de que en Ucrania está prohibido hablar ruso están lejos de la realidad.
La polémica de la identidad nacional
Los rusos no son una minoría diferenciada en Ucrania, como los tártaros. Las diferencias entre rusos y ucranianos tienen más bien un carácter subétnico. Tras la disolución soviética, la separación entre ambas naciones fue mucho más limitada que las de repúblicas con carácter nacional más diferenciado, como las bálticas. Entre otros factores, ello fue debido a la cercanía entre ambos idiomas y las pocas diferencias entre ambas identidades nacionales. Tampoco existían conflictos internos entre ucranianos y rusos, lo que facilitó la independencia pacífica de Ucrania.
Ucrania creó entonces el concepto de “biétnico” para explicar la identidad del 20% de su población que se identificaban como ucranianos y rusos. Esas identidades, sin embargo, se polarizaron desde el inicio del conflicto en 2014: algunos ciudadanos se sentían ucranianos, pero querían permanecer bajo la influencia rusa, mientras que otros prefirieron acercarse más a Europa.
Además de la promoción del idioma ucraniano, Kiev ha revisado su pasado nacional para desvincularse de Rusia y asentarse como un país con historia propia, en contra de las afirmaciones de Putin. Para ello ha revitalizado mitos y personajes con los que ha revitalizado la identidad nacional ucraniana. Sin embargo, ha ignorado la cara negativa de ese legado, pues no admite la colaboración de las milicias nacionalistas ucranianas con los nazis o la persecución de minorías como los polacos. Con todo, ese revisionismo histórico forma parte del mismo esfuerzo para dotar al país de una identidad propia y no necesariamente busca perseguir a los rusoparlantes.
14.000 muertos en el Donbás
Otra acusación de Rusia sobre Ucrania es que su ejército lleva ocho años bombardeando las repúblicas prorrusas del Donbás creadas en 2014. Rusia ha lanzado estas acusaciones durante años y las ha incrementado desde febrero de 2022. Según esta postura, la invasión rusa se habría lanzado para frenar los ataques ucranianos contra la región.
Los medios prorrusos, por ejemplo, repiten la cifra de 14.000 muertos a manos del Ejército ucraniano. Sin embargo, de las 14.000 muertes en el Donbás en estos ocho años, 4.400 eran miembros del Ejército ucraniano, 6.500 de las milicias de la zona y 3.400 civiles, repartidos entre la zona ucraniana y la zona prorrusa. El propio Comité Ruso de Investigación ha concluido que en ocho años han muerto 2.600 civiles. Además, hasta el estallido de la guerra actual, las muertes anuales habían caído a mínimos.
Pese a ello, Rusia presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por los “crímenes de guerra del Ejército ucraniano y los batallones nacionalistas en el Donbás”. En las semanas previas al inicio de la guerra, empezó a acusar a Ucrania de haber creado fosas comunes para 295 civiles muertos en bombardeos de 2014. El presidente de la República Popular de Donetsk aseguraba que habían descubierto 130 lugares donde se habían enterrado de forma irregular a víctimas de los ataques ucranianos, mientras que el informe ruso habla de cinco fosas comunes encontradas entre agosto y octubre de 2021.
La ONG ucraniana Truth Hounds, por su parte, ha realizado una investigación sobre esas acusaciones, pero le ha sido difícil verificar la información ya que el personal de la ONU no ha tenido acceso a las áreas donde las autoridades prorrusas aseguran que hay fosas comunes. Tampoco lo han confirmado la población local, ni en redes sociales ni en medios de comunicación. Como pruebas, las autoridades prorrusas solo han presentado a un testigo que aseguraba que su hermano estaba enterrado ahí.Ambos bandos han cometido abusos en la guerra de Ucrania. Kiev, por su lado, hace años que trabaja para reducir la influencia rusa en el país e impulsar la lengua e identidad ucranianas. Sin embargo, varios organismos internacionales que monitorean al Gobierno ucrainano y las acusaciones sobre genocidio o discriminación contra los rusoparlantes han desmentido estas últimas. Confirman, por el contrario, que se trata de una narrativa rusa para justificar la invasión: Moscú busca hacer ver, sin pruebas, que lucha contra un supuesto régimen nazi en Kiev y para proteger a los rusos en la región.