El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, le declaró la guerra al estado federal de Tigray, una de las regiones del país, el 27 de noviembre de 2020. Estaba harto de los desafíos del Gobierno regional y buscaba una estabilidad que consideraba inalcanzable de otra manera. Esta guerra civil ha mostrado el fracaso del modelo etnofederal etíope, una organización estatal acordada tras la caída de la dictadura comunista en 1991 para intentar acomodar a las noventa etnias que conviven en el país.
Ahmed ha chocado con varias etnias en su intento de unificar Etiopía. Los oromo, la más grande y a la que él pertenece, critican su equidistancia; una facción de los ahmara, la segunda etnia más numerosa, intentó un golpe de Estado en su región en junio de 2019; y los tigray, que tradicionalmente habían gobernado el país, asaltaron una base militar en el otoño de 2020 encendiendo la mecha de este último conflicto. Además, la minoría wolaita protesta para pedir un Estado federal propio después de que Ahmed se lo concediera a otra, la sidama. Ninguna etnia comparte el proyecto de Ahmed de unir al país, sino que buscan más poder regional y un Gobierno central reducido.
El debate territorial no se limita a Etiopía: se replica en Camerún, envuelto en un conflicto con demandas secesionistas de las regiones anglófonas; o Kenia, que promulgó hace una década una nueva Constitución con descentralización política. También en Somalia, que no termina de estabilizarse: había previstas elecciones generales para diciembre de 2020, pero el desacuerdo entre el Gobierno central y los estados federales en el reparto del poder ha impedido celebrarlas y ha devuelto al país a un punto muerto. La dicotomía entre centralizar o descentralizar la organización estatal afecta en especial a los países africanos, multiétnicos y con fronteras establecidas durante la ocupación colonial. Los casos recientes de Etiopía y Somalia han revivido ahora el debate sobre qué modelo adoptar.
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