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Burkina Faso: un oasis de seguridad convertido en polvorín del Sahel

Burkina Faso: un oasis de seguridad convertido en polvorín del Sahel
Soldados burkineses. Fuente: Ejército de EE. UU. en África

Cuando el actual presidente, Roch Marc Christian Kaboré, subió al poder en diciembre de 2015 tras más de 30 años de Gobierno dictatorial, Burkina Faso no había sufrido ningún gran ataque yihadista. Dos semanas después ocurrió el primero, con 30 muertos. Tres años más tarde, el país sufre una emergencia humanitaria con una amalgama de grupos yihadistas que han dinamitado la estabilidad y la balanza religiosa.

Decenas de miles de personas han tenido que huir de sus hogares por los ataques yihadistas. Más de mil colegios han tenido que cerrar en el norte del país por el incremento de la violencia, lo que ha dejado en casa a más de 150.000 niños. Los atentados terroristas se quintuplicaron en 2018 con respecto al año anterior hasta llegar a los 137 y la ONU ya ha calificado la situación como una “emergencia humanitaria”. Burkina Faso se ha convertido en un lugar donde el terror campa a sus anchas. Hace tan solo cuatro años, este país no había sufrido ningún gran atentado terrorista. ¿Qué ha pasado para que en tan poco tiempo se haya convertido en un polvorín?

La diversidad religiosa siempre ha sido un tesoro en Burkina Faso. Situado entre el Sahel y la zona costera del África occidental, el 60% de sus ciudadanos son musulmanes, pero también hay importantes comunidades de cristianos y animistas. Todos ellos conviven e incluso se emparejan en un país donde la religión ocupa un segundo plano y donde la cultura occidental tiene cierta influencia, con gente que incluso viste con los colores de la bandera estadounidense.

Sin embargo, en los últimos años la comunidad musulmana había mostrado su desacuerdo con la poca representación que tiene en la Administración Pública y la imparcialidad de esta a favor de los cristianos. En una región azotada por la violencia religiosa, esto podía ser un síntoma de preocupación de propagarse por el país. Grupos terroristas que predican la sharía como Dáesh tenían un gran altavoz que llegaba a aquellos descontentos con el Gobierno de Burkina Faso. Ya por noviembre de 2015, un 8% de los encuestados tenían una opinión favorable del Dáesh y hasta un 28% aseguraban no tener clara su posición con respecto a este grupo.

Por aquel entonces, los grandes grupos yihadistas ya estaban presentes en los países vecinos de Mali y Níger. Entre los más fuertes se encuentran la rama saheliana de Al Qaeda, Al Qaeda en el Magreb Islámico; la filial de Dáesh en la región, el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS); Boko Haram, y otros grupos locales, como Ansarul Islam —’defensores del islam’—. No obstante, en mayo de 2015 los burkineses aún no consideraban la seguridad nacional como uno de los tres mayores problemas del país ni creían que el Gobierno necesitara dedicar más recursos a esta partida.

Para ampliar: “Boko Haram, de la predicación al terrorismo”, Pablo Moral en El Orden Mundial, 2014

El problema yihadista en el Sahel

En la segunda mitad de 2015 el país comenzó a sufrir pequeños incidentes. Varios ataques a estaciones de Policía y el secuestro de un ciudadano rumano eran el preludio de lo que estaba por venir. El 15 de enero de 2016 un grupo de terroristas atacó el lujoso hotel Splendid, un lugar comúnmente frecuentado por diplomáticos occidentales en la capital del país, Uagadugú. El ataque duró nueve horas y dejó 30 muertos de siete nacionalidades y 71 heridos. Burkina Faso ya empezaba a ser noticia internacional por el terrorismo.

Desde entonces, los ataques no han parado y se han producido 178 sucesos terroristas que han puesto al país en alerta. Ansarul Islam realiza su actividad en la zona de Yibo, en el norte del país, mientras que el EIGS y la rama de Al Qaeda —ahora unida a otros grupos bajo el nombre de Frente de Apoyo al Islam y los Musulmanes— atacan en la zona este del país. Tan solo entre mediados de 2018 hasta febrero de 2019 la ONG Human Rights Watch ha contabilizado 40 matanzas hechas por grupos islamistas y hasta 115 hombres ejecutados por el Ejército acusados de estar vinculados a grupos terroristas. Una de las últimas víctimas mortales fue el misionero español Antonio César Fernández, quien en su vuelta a Uagadugú en febrero de 2019 fue asesinado en la frontera con Togo. Su muerte despertó el interés internacional durante unos días, pero el apoyo real del exterior falta. El Pentágono estadounidense anunció en noviembre de 2018 que reduciría un 10% sus tropas en África occidental durante los próximos tres años, lo cual preocupa a las tropas locales y aliadas en el terreno y a los vecinos del sur. Gana, Togo y Benín están en máxima alerta terrorista: Burkina Faso podría ser un lugar de paso para los yihadistas con el objetivo de llegar a la costa y hacerse con los puertos, desde donde podrían controlar el comercio de armas.

Para ampliar: “El Sahel, un lugar en el olvido”, Pablo Moral en El Orden Mundial, 2018

Ataques de grupos yihadistas en el Sahel en 2018. Fuente: Africa Center for Strategic Studies

La falta de efectivos para luchar contra los terroristas en Burkina Faso es una lacra para el país y puede propiciar esta expansión territorial de los yihadistas hacia el sur. Con 9.100 soldados en total, Burkina Faso cuenta con el Ejército más pequeño de todo el G5 del Sahel —la organización regional que lucha contra el terrorismo islámico— y es el país que más efectivos envía a misiones de las Naciones Unidas —2.100—, además de 550 soldados y 100 gendarmes adicionales a la fuerza conjunta del G5. Tras una serie de ataques terroristas, en noviembre de 2016 el presidente Kaboré prometió traer de vuelta a los soldados burkineses de las misiones de la ONU en Sudán y Mali.

Por entonces ya comenzaban las llamadas al presidente a dimitir por el descontrol de los ataques yihadistas. A finales de septiembre de 2018, miles de burkineses marcharon por la capital contra la inseguridad junto con el jefe de la oposición, Zephyrin Diabre, quien dijo que el país “está en peligro”. Ya en enero de 2019, el primer ministro Paul Kaba Thieba y todo su Gobierno dimitieron ante las presiones populares, lo que también se ve como un movimiento para darle aire al presidente Kaboré. Este ganó con solvencia las elecciones de 2015 en primera vuelta ante Diabre, que no llegó al 30% de los votos.

Una complicada transición democrática

La deriva de la seguridad en Burkina Faso coincide con el periplo en el poder de Kaboré. El ataque al Splendid en enero de 2016 ocurrió tan solo dos semanas después de la toma de posesión. El país había tenido antes como gobernante al dictador Blais Compaoré, quien había establecido su autoridad con mano dura y convertido el país en uno de los más pobres del mundo. En la actualidad, Burkina Faso ocupa el puesto 183 de 189 en el índice de desarrollo humano de la ONU, que además indica que dos tercios de su población es pobre. Pero en 2014 Compaoré se vio obligado a dimitir y exiliarse en la vecina Costa de Marfil tras una revuelta popular contra su intención de eliminar los mandatos presidenciales y continuar en el poder.

Sin embargo, la amenaza yihadista está poniendo en jaque el proyecto de renovación democrática de Kaboré. El pasado 24 de marzo debió celebrarse un referéndum para aprobar una nueva Constitución que, entre otros cosas, permitiría la deposición presidencial por el Tribunal Constitucional y limitaría su poder a dos mandatos. Esta última medida, apoyada por la mayoría de la población, estaba destinada a avanzar hacia la renovación del presidente, pero la inestabilidad, junto con la necesidad de ahorrar costes, han retrasado el referéndum hasta, al menos, el próximo año, cuando el país debe celebrar unas nuevas elecciones generales. El retraso puede ser también una estrategia de Kaboré para no llevarse un inesperado revés antes de las elecciones que pueda darle alas a la oposición. Aun así, la no celebración del referéndum puede verse como una muestra de la debilidad de un presidente incapaz de gobernar efectivamente y que podría perder en las urnas un segundo mandato si no consigue revertir la situación de seguridad.

Bajo su mandato, la política del Gobierno de Burkina Faso era mantener líneas abiertas con grupos terroristas como Al Qaeda, con quienes negociaban los términos del rescate de ciudadanos occidentales. La buena sintonía con los grupos terroristas, que por aquel entonces no atacaban el país, se vio truncada con la llegada al poder de Kaboré. Ya en campaña, el actual presidente prometió que una de sus prioridades de gobierno sería acabar con el terrorismo yihadista en el Sahel. Tras la ola de ataques en 2016, pidió a los burkineses “solidaridad, coraje y vigilancia” y se reafirmó mostrándose “seguro de que se va a derrotar a la injusticia y el terrorismo”.

En 2017 y 2018 los ataques se recrudecieron y la situación se le ha ido de las manos al presidente. Los rumores indican incluso que miembros del servicio secreto de seguridad privada del expresidente Compaoré colaboran con las milicias yihadistas en sus ataques. Los desplazados aumentaron de 43.000 en diciembre de 2018 a 100.000 en enero de 2019 y tan solo tres de cada diez viven en campos de acogida. El resto sobreviven como pueden en zonas rurales demasiado peligrosas para que lleguen los trabajadores humanitarios. Los campamentos donde sí llega la ayuda están llenos y los que allí viven se ven obligados a compartir tienda de campaña con hasta 30 personas.

La violencia yihadista azota con crueldad uno de los países más pobres del mundo y con menos foco mediático. A ello se le une un Ejército incapaz de aguantar el tirón y que mata presuntos terroristas sin verificar. La situación es crítica y la ayuda internacional no llega a todos los ciudadanos, que sobreviven con miedo, especialmente en el norte y este del país, donde la violencia está presente. Sin niños en las clases, con 100.000 ciudadanos desplazados y sin la atención internacional necesaria, Burkina Faso se desangra.