Política de golpes
La primera gran acometida contra la izquierda brasileña en los últimos tiempos fue la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en ausencia de fundamentos sólidos para el uso de tal herramienta política. El debilitamiento del Gobierno de Dilma comenzó con las protestas de 2013 que pedían una higienización del sistema en su conjunto. En ellas se realizaron una serie de demandas desde la izquierda que el Partido de los Trabajadores (PT) no supo recoger. Otros movimientos sociales y políticos de oposición se sumaron a estas para engrosar las filas del “Fora Dilma” —‘Fuera Dilma’—. Como un sueño premonitorio de Casandra, los efectos de la crisis económica internacional terminaron por atizar la economía del país, que en un principio creyó haber podido esquivar sus golpes. Pero el tsunami no vendría solo: al famoso caso Odebrecht se le sumó la Operación Autolavado —Lava Jato—, que destapó una corrupción endémica que salpicaba a casi todas las fuerzas; no quedó títere con cabeza, y el PT no fue una excepción. Las fuerzas contrarias al PT e incluso las aliadas se sirvieron de la coyuntura para sacar rédito y expulsar del Gobierno a un partido que llevaba más de una década en el poder. Esta ventana de oportunidad la aprovecharon sobre todo las fuerzas conservadoras evangélicas y simpatizantes de la dictadura, pero no vino respaldada por un proyecto político consistente, sólido y con apoyo en las urnas. El impeachment a Rousseff transcurrió entre aullidos de apoyo a la dictadura militar y nostalgia por un orden perdido, un espectáculo tildado de grotesco, pero que sobre todo pecaba de ser antidemocrático e irrespetuoso. Este despliegue encontraría una figura política en la que personificarse: Jair Bolsonaro, el Rodrigo Duterte brasileño. La llamada al orden frente a la inseguridad y la militarización de las favelas no solo son medidas que reflejan la simplificación de un problema complejo, sino que suponen un verdadero peligro para el país. La medida de seguritizar una ciudad es más barata que apostar por una mayor redistribución de la renta; además de no tener que enfrentarse al poder económico, sale más barato. También es rentable electoralmente: aunque en Río de Janeiro y en Brasil se ve la corrupción de las fuerzas de seguridad y la impunidad con la que actúan como una causa central del problema, se da una paradoja por la que aumenta la percepción de seguridad tras estas medidas. Brasil se encuentra en un brete. Se ha roto el consenso en torno al modelo desarrollista agroexportador y la crisis institucional y económica parece haber sacado al país de sus sueños de actor mundial; los problemas internos han terminado por rebosar. Las próximas elecciones presentan unos números difíciles de cuadrar con una atomizada cámara de los diputados y sin líderes claros. Ni duda cabe de que el encarcelamiento del presidente Lula da Silva aumenta la incertidumbre del futuro político del país. Pero quizá uno de los grandes desafíos de Brasil es el de huir de una lectura simple de corrupción, narcos y seguridad que termine por despolitizar a la sociedad y hacer retroceder al país en derechos democráticos. La trayectoria de Brasil desde la transición puede estar en peligro si se gobierna a golpes. El país figura entre los diez más desiguales del mundo, y en el difícil equilibrio de palos y zanahorias que deben mantener los Estados cabe preguntarse dónde guarda sus zanahorias el actual Gobierno de Temer. Sin Marielle Franco y con una Administración eminentemente blanca y masculina, la “mujer negra” con la que Rousseff identificaba a Brasil está aún más lejos de ser parte del futuro político del país.Suscríbete a EOM para seguir leyendo este artículo
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