Dos palabras han copado las portadas de la prensa británica en las últimas semanas: corrupción y sleaze. La expresión se traduce como ‘corrupción’, ‘sordidez’ o ‘sinvergonzonería’, y persigue a los tories desde los años noventa. Esta vez, el sleaze hace referencia al penúltimo escándalo del Gobierno de Boris Johnson. Ante el riesgo de que la Cámara de los Comunes suspendiera al diputado Owen Paterson, buen amigo suyo, por un episodio “indignante” de lobbying, Johnson no solo obligó a sus diputados a oponerse a la suspensión que la comisión parlamentaria de Ética había recomendado. También promulgó un cambio en el régimen disciplinario de la propia Cámara, que llevaba en pie desde 1695.
El caso Paterson ha costado caro al Gobierno: ha supuesto una fuerte caída en las encuestas, ha reavivado el debate público sobre la corrupción tory y ha generado una crítica unánime en la prensa conservadora, tradicionalmente partidaria del Ejecutivo. Este episodio, sin embargo, es la punta del iceberg. Desde que Boris Johnson accedió a Downing Street a finales de 2019, el Gobierno ha emprendido una cruzada para debilitar las principales instituciones del país: los altos funcionarios de la Administración, la BBC, la Justicia o el Parlamento. Pero esta aparente regresión democrática no se explica solo por el comportamiento del primer ministro.
La “dictadura electiva” de la democracia británica
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