Vientos caprichosos en Centroamérica

Tras dos semanas de protestas en Managua duramente reprimidas, los nicaragüenses lloran la desoladora cifra de 42 fallecidos, pero siguen en pie de guerra manifestándose en las calles. El detonante que hizo estallar el descontento popular fue la aprobación de una controvertida reforma del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS). En 2017 el Fondo Monetario Internacional advirtió al Gobierno de Daniel Ortega de las grandes ineficiencias que padecía su sistema de seguridad social y alertaba de que sus reservas se agotarían para 2019 si no se acometían reformas. El 18 de abril de 2018 el Gobierno publicó oficialmente las reformas: un aumento del 0,75% sobre los sueldos de los empleados destinados a la seguridad social y un recorte del 5% a las pensiones. La mayor carga recaía sobre el sector privado: un incremento progresivo del 2% de su contribución hasta alcanzar más del 20% en 2020. La falta de transparencia y de consenso en la aprobación de esta medida exacerbó las tensiones. Los agentes más activos en las protestas han sido el sector privado, los estudiantes, la Iglesia católica y el movimiento campesino, especialmente movilizado en los últimos años contra la concesión del Gobierno orteguista al empresario chino Wang Jing que le permite expropiar tierras agrícolas para la construcción de un titánico canal interoceánico.
Los turbulentos sucesos ocurridos en Nicaragua las últimas semanas han indignado y dividido a la comunidad internacional. Los medios occidentales se posicionaron rápidamente junto al pueblo nicaragüense legitimando su lucha contra la dictadura. La reacción de EE. UU. y la UE no se hizo esperar: exigieron responsabilidades a Ortega ante organismos internacionales. Al otro lado, Rusia, Cuba y Venezuela destacaron la violencia de los grupos de choque del pueblo y acusaron a EE. UU. de financiar a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional y ONG de Open Society Foundations —propiedad del magnate George Soros— a los manifestantes ...