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Turquía no estaba preparada para el terremoto y eso va a pasar factura al Gobierno. Erdoğan lo sabe, pues llegó al poder en 2003 gracias al descrédito de sus antecesores, incapaces de gestionar el seísmo de İzmit de 1999. Entonces Erdoğan era un joven islamista, demócrata y reformador. Dos de sus promesas estrella eran transparencia y leyes de protección frente a terremotos, imprescindibles en un país de gran riesgo sísmico donde solo en 2022 se registraron más de 22.000 temblores. Sin embargo, durante su mandato no ha habido grandes cambios.
Veinte años después otro terremoto ha dejado decenas de miles de muertos y edificios destruidos, y un Gobierno cuestionado por su lenta respuesta y la falta de medidas de prevención. Llega en el peor momento para Erdoğan: tres meses antes de las elecciones del 14 de mayo, con la inflación disparada en el 64% y unas encuestas ajustadas que le dan ventaja a la oposición. Hasta el seísmo el debate se centraba en la economía, el recorte de libertades o los refugiados. Pero esta catástrofe se ha convertido en el asunto que determinará el futuro político de una Turquía polarizada y sumergida en una grave crisis económica.
Construcción descontrolada y fondos desaparecidos
Si preguntas a cualquier votante del AKP, el partido del presidente, te dirá dos cosas sobre Erdoğan: que es un buen musulmán y que construye carreteras y hospitales. Y no les falta razón: gran parte del éxito del AKP se debe a sus políticas urbanísticas. En sus veinte años de gobierno, la construcción masiva de 1.170.000 viviendas, escuelas, hospitales y carreteras ha sido clave para su triunfo electoral, estimulando la economía, y dando empleo e infraestructuras a los turcos.
La amnistía de viviendas ilegales ha sido fundamental en esta estrategia. Desde los años cincuenta, debido al éxodo rural, en todas las ciudades del país han surgido barriadas de viviendas precarias en las que se asientan familias con pocos recursos. A pesar de que estas construcciones no cumplen la normativa antiterremotos, el AKP las ha legalizado para captar votos entre las clases bajas. Según un informe de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de Turquía publicado en 2017, más de un tercio de los edificios del país no están preparados frente a seísmos.
Ahora el terremoto ha demostrado que muchos de estos edificios, incluidos algunos públicos, no tienen la calidad necesaria. Se han derrumbado hospitales y escuelas estatales construidos en la última década, así como viviendas que no respetaban la normativa. Tampoco está claro a qué se ha dedicado el impuesto de prevención de seísmos, una de las medidas más promocionadas por el AKP. En los terremotos de Esmirna y de Elaziğ de 2020 la ayuda no se correspondió con lo recaudado y la pregunta ha vuelto a surgir, pero el Gobierno aún no ha dado una explicación.
Lecciones no aprendidas del terremoto de 1999
Todo ello ha puesto en evidencia uno de los pilares de la legitimidad de Erdoğan y trae ecos del terremoto de 1999, el que le aupó al poder. Aquel seísmo dejó más de 17.000 muertos y casi 300.000 edificios derrumbados a causa de la construcción descontrolada, y se recuerda por la incompetencia del Gobierno de entonces en la gestión de la catástrofe.
Durante los primeros días de aquella crisis, el Gobierno dio el monopolio de la ayuda humanitaria a la Media Luna Roja, obligando a otras ONG y equipos de rescate internacionales a pasar trámites burocráticos antes de actuar, lo que retrasó gravemente su llegada. A pesar de ello, gran parte de los esfuerzos de rescate y protección de las víctimas vino de organizaciones civiles y del apoyo internacional, no del Estado.
Además, el Gobierno protagonizó varios escándalos. El presidente, Süleyman Demirel, provocó un gran atasco en la zona afectada por querer hacer un tour con su convoy de seguridad, bloqueando el tráfico a los equipos de rescate. El ministro de Sanidad, ultranacionalista, rechazó las donaciones de sangre de Grecia y Armenia, históricos enemigos de Turquía. El terremoto acabó costando al país un 5% del PIB, y el consiguiente programa de ajuste económico llevó a una subida de los intereses bancarios por encima del 5.000%.
De ahí que los turcos castigaran al Gobierno en las siguientes elecciones, dando el poder al AKP. Las promesas de transparencia y normativas para la prevención de terremotos de Erdoğan fueron clave frente a lo que se percibía como un régimen corrupto y decadente que había permitido la construcción de edificios de mala calidad. La paradoja es que hoy esa misma lógica puede destronar al AKP.
Como en 1999, la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente. Al día siguiente del temblor Erdoğan afirmó que se había enviado a 53.000 rescatistas, pero muchos afectados denuncian que no recibieron ayuda gubernamental durante las primeras veinticuatro horas. Pese a que el Ejército turco tiene unos 500.000 efectivos, se movilizaron solo 3.500, un despliegue insuficiente para una extensa área con más de 13,5 millones de habitantes y diez ciudades. El prestigioso periodista Can Dündar se pregunta incluso si el presidente no saca a más militares de sus cuarteles por temor a un nuevo golpe de Estado como el de 2016.
Una respuesta cuestionada
Por si fuera poco, Erdoğan ha politizado la respuesta. Durante las primeras horas ofreció su ayuda y condolencias solo a las ciudades gobernadas por su partido. En un aparente intento de dividir a sus rivales, se ha reunido con la líder del partido IYI, Meral Akşener, pero no con la principal formación opositora, el CHP. Todo ello es señal de la crispación en la que está sumido el país. Además, el presidente ha impuesto el estado de emergencia hasta una semana antes de las elecciones, previstas para el 14 de mayo.
Erdoğan ha respondido a los reproches de forma agresiva. Un día después del temblor afirmó estar tomando nota de quienes “promueven la desinformación”. Varios periodistas han sido detenidos y liberados poco después. El Gobierno también bloqueó Twitter durante varias horas el día 8 para silenciar las críticas. Suele hacerlo en caso de atentados y otros desastres para, supuestamente, contrarrestar la desinformación. Pero la red social se había convertido en el principal medio de organización ciudadana ante este desastre y sirvió para encontrar a personas atrapadas, por lo que su caída dificultó las labores de rescate.
Tras estos tropiezos, el presidente ha anunciado otras medidas positivas, aunque quizá insuficientes. Ha prometido a los afectados ayudas de 10.000 liras turcas —unos 530 euros—, que luego amplió a 15.000 liras, y vuelos gratuitos para sus familiares. Al mismo tiempo, ha tratado de quitarse responsabilidad, asegurando que el seísmo no se podía evitar puesto que está en “los planes del destino”. Y como su antecesor Demirel en 1999, también Erdoğan ha protagonizado un atasco causado por su gira por las zonas afectadas.
Todavía se buscan supervivientes, pero el recuento de víctimas va dando paso a las reflexiones sobre la gestión en las portadas de los medios. La profunda crisis que vive el país se agravará con el impacto económico del seísmo, aún difícil de estimar. La oposición todavía no ha escogido un candidato para las elecciones, que de hecho podrían aplazarse a verano. Pero como hicieron tras 1999, los turcos pronto tendrán la oportunidad de castigar a un Gobierno incapaz de responder al desastre, y hay serias opciones de que pongan fin a dos décadas del AKP en el poder.
