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Robert Mueller, la némesis de Trump

Robert Mueller, la némesis de Trump

La investigación del fiscal especial Robert Mueller puede determinar el rumbo de la Administración Trump. El presidente y su círculo más cercano se hallan en la lupa de la justicia por los presuntos vínculos con la campaña rusa de interferencia en las elecciones que le dieron la victoria.

El 9 de mayo de 2017, Trump sorprendía al mundo entero cesando con efecto inmediato al director del FBI James Comey. En una carta en la que el presidente acusaba al defenestrado director de haber dañado la credibilidad y la confianza de su departamento, Trump también dejaba claro que Comey le había informado en tres ocasiones distintas que no estaba bajo investigación. Sin embargo, la clase política estadounidense enfurecía ante su decisión, trazando similitudes con la conocida “masacre del sábado noche” de 1973, en la que el expresidente Richard Nixon cesó al fiscal especial que investigaba el escándalo del Watergate, Archibald Cox, llevándose por delante también a su equivalente a ministro de justicia.

Comey, nombrado director por Obama en 2013, se hallaba en el punto de mira tanto de republicanos como de demócratas. Suya fue la decisión de reabrir a dos semanas de las elecciones la investigación a Hillary Clinton por el uso indebido de un servidor de correo electrónico personal en su etapa como secretaria de Estado. En marzo de 2017, solo dos meses después de que Trump accediera a la presidencia, Comey desvelaba en el Senado que el FBI estaba investigando desde julio de 2016 la campaña de interferencia rusa en las elecciones y las posibles conexiones con el entorno de Trump. El cese de Comey, que venía precedido por la recusación del fiscal general, Jeff Sessions, por mentir acerca de sus reuniones con el embajador ruso, dejaban el futuro de la investigación en manos del vicefiscal general Rod Rosenstein, quien una semana después nombraba a Robert Mueller fiscal especial para investigar los lazos entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso.

Todo el peso de la ley

El nombramiento de Mueller calmó los ánimos surgidos tras el cese de Comey. Veterano de la Guerra de Vietnam, fue nombrado para dirigir el FBI por George W. Bush en 2001 y continuó ejerciendo la misma función durante los cuatro primeros años de Obama. Su mandato como fiscal especial es notablemente amplio, permitiéndole no sólo continuar investigando las conexiones del Gobierno ruso y la campaña de Trump, sino cualquier asunto que surja directamente de dicha investigación, pudiendo, en su caso, imputar delitos federales. Esta amplitud de poderes generó numerosas críticas entre juristas afines al Partido Republicano, denunciando su posible inconstitucionalidad al no contar con el visto bueno del Senado.

La figura del fiscal especial es compleja incluso en el entramado legal estadounidense, donde la línea que separa entre lo político y lo jurídico es más reducida que en otros sistemas jurídicos. En Estados Unidos, los fiscales son los encargados de investigar y de ejercer de acusación en delitos penales. A nivel local y estatal, esta labor recae en los fiscales de distrito —District Attorneys— que son elegidos en las urnas directamente por los ciudadanos de su distrito, mientras que en la jurisdicción federal, los fiscales —United States Attorneys— son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, y ejercen dicha función en uno de los 93 tribunales de distrito.

Sin embargo, la legislación federal también permite al fiscal general —equivalente al ministro de Justicia— nombrar un fiscal especial a su discreción en casos de conflicto de intereses o en circunstancias de interés público, dotándole de una jurisdicción propia en atención al caso que pretenda investigar. Se trata de una figura que ya ha estado presente en los mayores escándalos políticos de Estados Unidos: Lawrence Walsh investigó el caso Irán-Contra y Kenneth Starr el escándalo entre Bill Clinton y Monica Lewinsky. A pesar de ser un mecanismo destinado a investigar de forma independiente, en la práctica se halla subordinado bajo la autoridad de la persona que le nombró, Rod Rosenstein, que, a pesar de haber sido nombrado por Trump y confirmado por el Senado, ha sufrido un intento de destitución por parte del ala más trumpiana del Partido Republicano.

Estrategias paralelas

En virtud de su amplio mandato, Mueller tiene a su disposición una gran cantidad de hechos a los que imputar delitos federales. De momento, ya ha culminado un paso de su investigación en relación con las actividades del Gobierno ruso: en julio de 2018 imputaba a 12 oficiales de inteligencia rusos un delito de conspiración por su papel en la campaña de interferencia en las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la principal cuestión es la estrategia que están siguiendo tanto Trump como Mueller. El mandatario estadounidense ha contratado un equipo de asesores legales, liderados por el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, pero parece que seguirá la misma estrategia que en su día siguieron Nixon y Clinton: hacer creer al público que la investigación no es neutral y obedece a una campaña política de acoso y derribo. Trump se ha referido a la investigación de Mueller como una “caza de brujas” y una “farsa”. Los medios de comunicación más próximos como Fox News o Breitbart también se han hecho eco de esta estrategia, llegando a afirmar que Mueller supone un peligro para EE.UU., e incluso el Wall Street Journal llegó a pedir la dimisión de Mueller. Trump quiere desacreditar la investigación antes de que concluya para que, en el caso de que se pruebe que hubo colusión entre su campaña y Rusia o que él o su entorno incurrieron en algún delito, toda su base electoral y el espectro conservador estadounidense salgan en su defensa.

Por su parte, el fiscal especial, que no ha hecho ninguna declaración pública desde que accediera a su cargo, parece estar dirigiendo su investigación en varias líneas. Una de ellas es cercar a los colaboradores más directos de Trump con conexiones rusas. Michael Flynn, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, ya se ha declarado culpable por mentir al FBI, un delito federal. Paul Manafort está pendiente de juicio por varios delitos fiscales y bancarios, y no se ha mostrado colaborador con la investigación de Mueller, lo que ha alimentado los rumores de un posible indulto por parte de Trump. Sin embargo, lo que quizás preocupe más a Trump y a su equipo sea la reunión en la Torre Trump de julio de 2016, donde Donald Trump hijo aceptó recibir material comprometedor de Clinton de una fuente ligada al Gobierno ruso. Un encuentro al que asistieron también Jared Kushner, yerno y asesor del presidente, y Paul Manafort.

Una de las cuestiones fundamentales es si Trump conocía de la existencia de la reunión, algo que siempre ha negado, a pesar de que su antiguo abogado personal, Michael Cohen, ha llegado a afirmar que sí conocía la reunión y que la aprobó. Con estos hechos, Mueller podría imputarles un delito de conspiración contra los Estados Unidos, con la única excepción de Trump. En el caso de este, a quien no se le puede imputar ningún delito mientras sea presidente, parece que la estrategia de Mueller pasa por hacer que Trump se auto inculpe de un delito de obstrucción a la justicia, seguramente en relación con el cese de Comey, que Trump reconoció en más de una ocasión que venía motivado por la investigación rusa.

El futuro de la investigación, que se halla iniciando su fase final, concluirá con tres ejes distintos. En primer lugar, deberá probar si hubo colusión entre el equipo de Trump y la campaña rusa de interferencia en las elecciones, siendo la reunión en la Torre Trump el aspecto más controvertido. Si la respuesta es positiva, colocaría al presidente en una situación muy complicada. En segundo lugar, puede arrojar a la luz otras ilegalidades que haya podido averiguar a lo largo de la investigación, como un hipotético delito electoral por el pago a la actriz Stormy Daniels. Y, finalmente, Mueller puede dar el paso y concluir que Trump intentó obstruir la acción de la justicia, lo que, con toda probabilidad, sería la antesala de un proceso de impeachment.