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Hace mes y medio que Francia está en pie de guerra. Las ocho jornadas de huelga general y una asistencia récord a las manifestaciones muestran el rechazo que suscita la reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno. Pero la oposición de más del 65% de los franceses no ha bastado para impedir que el 16 de marzo la primera ministra, Élisabeth Borne, impusiera la reforma sin someterla al voto de la Asamblea Nacional.
Pocas horas después de la aprobación de la norma se convocó una concentración espontánea en la Place de la Concorde parisina, ante el edificio de la Asamblea. Subido a un camión del sindicato Sud-Rail, uno de sus dirigentes tomaba el micrófono con una alegría poco disimulada: “¡Por fin nos han metido el 49.3, por fin podemos ir a la pelea!”.
El artículo 49.3 de la Constitución francesa permite al Ejecutivo imponer una reforma sin una mayoría parlamentaria. Borne ha recurrido al 49.3 once veces. De hecho, su Gobierno es el segundo que más ha usado este mecanismo desde la fundación de la V República en 1958. Se extiende la idea de que el presidente, Emmanuel Macron, dirige una “monarquía presidencial”. Ante esta deriva, los franceses se han plantado.
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