La guerra de Estados Unidos contra las drogas

Más de cinco décadas después de que Richard Nixon declarara las drogas como el «enemigo público número uno», la guerra contra las drogas en Estados Unidos vive una nueva y preocupante fase. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, esta estrategia histórica ha tomado un giro radical: cárteles mexicanos, pandillas centroamericanas y grupos criminales venezolanos han sido designados como organizaciones terroristas, abriendo la puerta a operaciones militares fuera del territorio estadounidense. La guerra contra las drogas ya no es solo una política interna de seguridad, sino una herramienta de intervención exterior que mezcla el puritanismo histórico del país, el sesgo racial que siempre la ha caracterizado y la securitización extrema heredada de la guerra contra el terror.

Este episodio de «No es el fin del mundo» analiza cómo Estados Unidos ha enfrentado el narcotráfico desde sus orígenes, las consecuencias devastadoras de décadas de mano dura y hacia dónde puede conducir la militarización impulsada por Trump. Porque entender la guerra contra las drogas es comprender una parte fundamental de la política estadounidense, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

De la Ley Seca a Nixon: los orígenes de una guerra permanente

Aunque Richard Nixon formalizó la guerra contra las drogas en 1971, las raíces de esta estrategia se remontan mucho más atrás en la historia estadounidense. La Ley Seca de los años veinte sentó las bases de la retórica prohibicionista que perdura hoy: la visión de ciertas sustancias como amenazas morales que corrompen a la sociedad blanca protestante. Durante décadas, cada nueva droga se asoció sistemáticamente con minorías y grupos marginales: el opio con los inmigrantes chinos a finales del siglo XIX, la marihuana con mexicanos y nativos americanos en los años treinta, el crack con las comunidades negras en los ochenta.

Harry Anslinger, director de la Oficina Federal de Narcóticos durante más de tres décadas, fue quien perfeccionó esta aproximación punitivista, fomentando el pánico moral hacia los narcóticos y sentando las bases legislativas de lo que vendría después. Sin embargo, fue con Nixon cuando esta estrategia se transformó en una política de Estado integral. La crisis de heroína entre los soldados que regresaban de Vietnam y el temor de las familias blancas a que sus hijos cayeran en las drogas recreativas del movimiento hippie crearon el caldo de cultivo perfecto. Nixon no solo aumentó drásticamente el presupuesto antidrogas —de 81 millones de dólares en 1969 a cifras astronómicas en las décadas siguientes—, sino que convirtió la guerra contra las drogas en una herramienta política para atacar al movimiento antibelicista y a las minorías que reclamaban derechos civiles.

Las administraciones de Reagan y Bush padre llevaron esta guerra a otro nivel, internacionalizándola y mezclándola con la lucha anticomunista en América Latina. El Plan Colombia, las operaciones contra las Contras en Nicaragua financiadas paradójicamente con dinero del narcotráfico, y la invasión de Panamá para detener a Noriega demostraron que la guerra contra las drogas servía tanto como política de seguridad interior como de intervención exterior. Mientras tanto, las leyes que penalizaban el crack mucho más duramente que la cocaína en polvo evidenciaban el sesgo racial persistente: cinco gramos de crack (asociado a comunidades negras) recibían la misma condena que quinientos gramos de cocaína (asociada a consumidores blancos de clase media).

Trump y la nueva fase: cuando los narcos se convierten en terroristas

La actual administración Trump ha inaugurado una etapa sin precedentes en la guerra contra las drogas al designar formalmente como organizaciones terroristas a los principales cárteles mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo—, así como a grupos criminales venezolanos como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, y pandillas haitianas. Esta designación no es meramente simbólica: permite involucrar al ejército, la CIA y otras agencias de inteligencia en operaciones que antes estaban limitadas a la DEA y la Guardia Costera. En julio de 2025, Trump autorizó al Pentágono a llevar a cabo ataques letales contra objetivos del narcotráfico fuera del territorio estadounidense, cruzando una línea que ninguna administración anterior había traspasado de forma tan explícita.

El ataque contra una narcolancha con once pasajeros en el Caribe, publicitado orgullosamente por la Casa Blanca en lugar de mantenerse en secreto como habría ocurrido en el pasado, ilustra este cambio de paradigma. Trump ha fusionado la retórica de la guerra contra las drogas con su agenda antimigratoria, presentando a los cárteles no solo como traficantes sino como invasores extranjeros que atacan América desde dentro. El despliegue de barcos y submarinos en el Caribe, el aumento de recompensas por líderes como Nicolás Maduro (vinculado al Cártel de los Soles), y el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra señalan una militarización sin precedentes.

Como exploramos en profundidad en este episodio, esta estrategia replica errores históricos magnificados. La historia de México demuestra que los asesinatos selectivos de líderes no eliminan a los cárteles, sino que los fragmentan y generan más violencia territorial. La aproximación punitivista ignora que el problema fundamental es la demanda interna estadounidense: mientras exista un mercado de millones de consumidores, habrá quien satisfaga esa demanda. Las deportaciones masivas pueden repetir el error de los años noventa con El Salvador, cuando los pandilleros deportados sin arraigo en su país de origen acabaron creando redes transnacionales aún más peligrosas. Y la violación de la soberanía de México, Venezuela o Haití mediante ataques militares unilaterales podría romper décadas de cooperación regional y generar una espiral de inestabilidad con consecuencias impredecibles.