El 95% de los iPhones, AirPods, Macs y iPads de Apple se fabrican en China, cuyo mercado representa además una quinta parte de los beneficios que obtuvo el año pasado la empresa tecnológica estadounidense. La apuesta por la producción china y la deslocalización de sus factorías fue precisamente lo que permitió que la creación de Steve Jobs pasara de ser una desconocida en Silicon Valley a pulverizar los números de su competidora Nokia y convertirse en la compañía más valiosa del mundo en la década de 2010.
En los últimos años, sin embargo, esa ventaja competitiva —hardware y costes laborales a precios muy beneficiosos— se ha convertido en una losa para Apple, incapaz de diversificar la procedencia de sus dispositivos y a merced de las políticas de una China cada vez más autoritaria y en plena guerra comercial con Occidente. Washington, por su parte, cada vez ejerce una mayor presión para que la empresa reduzca su dependencia del gigante asiático a la vez que supervisa de cerca sus relaciones con Pekín. A pesar de ello, el caso de Apple no es si no el ejemplo más flagrante de la inocencia y el error de cálculo de la Administración estadounidense en su política comercial con China de los últimos años. La lectura de la Unión Europea tampoco ha sido mucho mejor.
Desde que Pekín ingresó en la Organización Mundial del Comercio en 2001, ambas potencias han visto cómo multitud de empresas mudaban su producción a Asia y desindustrializaban su territorio en busca de mayores márgenes de beneficio. Al mismo tiempo, han convertido a China en su proveedor particular de bienes manufacturados de escaso valor añadido pero claves para la economía global, como el equipamiento de telecomunicaciones o las mascarillas, que eran imbatibles en precio gracias a la explotación laboral y los subsidios estatales que apoyaban su producción. Como consecuencia, Estados Unidos ha perdido cinco millones de empleos de manufactura cualificados y casi 70.000 fábricas en el siglo XXI. En la UE, el porc...
