En el mundo hay 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, según los datos de un informe de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) publicado el pasado mes de septiembre. Y lo que es peor, la cifra ha aumentado un 11% desde 2016. El trabajo forzoso es una forma de esclavitud moderna que afecta sobre todo a los migrantes, que tienen de media más del triple de probabilidades de vivir esta situación que las personas no migrantes.
Según la definición de la OIT, el término trabajo forzoso hace referencia «todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de cualquier pena y para el cual dicha persona no se ha ofrecido voluntariamente». Ninguna región, sea cual sea su nivel económico, escapa de esa lacra ―de hecho, los países de ingresos medianos altos y altos concentran más de la mitad de todo el trabajo forzoso―.
A nivel absoluto Asia-Pacífico es la que más sufre esta forma de explotación, con 15,1 millones de trabajadores, pero al ser también la zona más poblada y por tanto con mayor mano de obra las cifras están distorsionadas. Si atendemos al número de personas en situación de trabajo forzoso por cada mil habitantes, Arabia es la que sale peor parada, con una tasa de 5,3 personas en situación de trabajo forzoso por cada 1.000 habitantes, seguida de Europa y Asia Central con 4,4.
Precisamente Arabia es la región que cuenta con una mayor proporción de inmigrantes entre su población ―suponen el en 88% de Emiratos Árabes Unidos, el 76% de Kuwait o el 65% de Catar― a consecuencia del boom petrolero de los setenta. En apenas un puñado de años el golfo Pérsico descubrió bolsas de hidrocarburos inabarcables para las que la demanda no paraba de aumentar, y se vio obligado a acudir a la mano de obra extranjera ―del sudeste asiático y África, principalmente― para suplir su constante escasez de trabajadores y poder extraer todos esos recursos. Desde entonces la población migrante es una pieza esencial de sus economías, como también demuestra el Mundial de Catar, en cuyas obras han participado cerca de dos millones de trabajadores provenientes de países como India, Bangladesh, Nepal, Kenia o Filipinas.
El problema es que esa presencia mayoritaria de empleados extranjeros coincide con el criticado sistema kafala, el patrocinio de ciudadanos o empresas locales a personas migrantes para que trabajen y residan de forma legal en los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo —Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos—, además de Jordania y Líbano. Este método tiene como objetivo proveer de mano de obra barata y temporal a las petromonarquías de la región, pero en la práctica funciona como un sistema de explotación en el que los extranjeros tienen restricciones de movilidad y no pueden cambiar de trabajo sin el permiso de su patrocinador.
Tampoco hay que pasar por alto las cifras de Europa y Asia Central, una región que incluye algunas de las democracias más desarrolladas del mundo pero que explota a 4,4 personas de cada mil. El Reino Unido, por ejemplo, sigue teniendo graves problemas con las condiciones laborales del trabajo doméstico y la industria pesquera, mientras que la Unión Europea aún no ha sido capaz de poner coto a la trata de personas y la explotación sexual.
En el plano internacional, el 87% del trabajo forzoso privado se concentra en apenas cinco sectores —sector servicios, la manufacturación, la construcción, la agricultura y el trabajo doméstico— y el 65% es llevado a cabo principalmente por hombres. Las mujeres, por su parte, sufren en mayor medida la explotación sexual: suponen el 78% de los más de seis millones de personas que aún son forzadas a trabajar en empleos sexuales en el mundo.
