Tratar de influir en la toma de decisiones de instituciones públicas es un recurso legítimo de toda organización que se pueda ver afectada por sus medidas. Podría decirse, incluso, que es una actividad necesaria, ya que es inevitable que los lobbies o grupos de presión expresen sus intereses y participen en el proceso legislativo para que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la sociedad. El problema viene cuando esta influencia escapa del escrutinio público, lo que puede dar lugar a abusos y casos de corrupción, como ha demostrado la polémica del Qatargate que afecta al Parlamento Europeo.
Y todo ello a pesar de que Bruselas cuenta con una de las regulaciones del lobby más exigentes de Europa. El registro de transparencia es su herramienta clave: creado en 2008 y consolidado en 2011 a través de un acuerdo entre la Comisión y el Parlamento, se trata de un portal público en el que figuran aquellos representantes de intereses, ya sean organizaciones, asociaciones, grupos o individuos, que trabajan para influir en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. «Su finalidad es mostrar qué intereses están representados a escala de la UE, por quién y en nombre de quién, así como los recursos dedicados a estas actividades de representación de intereses», tal y como se explica en la propia página web de la plataforma. España, por poner un ejemplo, no cuenta con ningún registro parecido a nivel nacional y aún se encuentra en vías de diseñar un marco legislativo para controlar la actividad de los grupos de presión.
El portal europeo fue inaugurado, curiosamente, con la inscripción de la empresa española Telefónica, y en la actualidad cuenta con 12.434 ‘lobbies’ anotados. La mayoría de ellos representan los intereses de empresas y asociaciones comerciales —el 53%—, por delante de las organizaciones no gubernamentales —28%—, los ‘think tanks’ e instituciones académicas —7%— , las consultorías —6%—, los organismos públicos y autoridades subestatales —5%— y las iglesias y comunidades religiosas —0,4%—.
El Consejo Europeo de la Industria Química, el cual se juega mucho en Bruselas en tanto en cuanto esta puede detener la comercialización de ciertos productos a nivel europeo si los considera peligrosos para el interés público, es el grupo que más gasta, con nueve millones de euros de presupuesto anual. En la lista de los que más invierten figuran además varias empresas tecnológicas estadounidenses, como Apple, Google, Meta o Microsoft.
Hasta hace año y medio la inscripción en el registro de transparencia era voluntaria, y los grupos que accedían a registrarse —los propios lobbistas son los encargados de introducir sus datos— eran recompensados con beneficios tales como prioridad para participar en los intergrupos del Europarlamento o un permiso de larga duración para acceder a las dependencias de la Unión Europea.
Sin embargo, el expresidente de la Comisión Jean-Claude Juncker se propuso potenciar el registro de transparencia y garantizar «un balance apropiado” en la categoría de lobbies con los que sus comisarios se reunirían. Con tal fin, la Comisión comenzó a publicar la agenda de sus altos cargos, en la que solo debían figurar reuniones con grupos inscritos en la base de datos. El nuevo enfoque obligó a muchos grupos de presión a aumentar su rendición de cuentas, aunque los comisarios siguieron atendiendo a representantes de empresas con mucha más frecuencia que el resto de organizaciones —siete de cada diez veces, concretamente, entre 2014 y 2019—.
El gran reto, sin embargo, fue hacer del registro un paso ineludible para todos los lobbies que actúan en la Unión Europea, es decir, convertirlo en obligatorio. La Eurocámara exigió a la Comisión Juncker que implementara la medida como muy tarde en 2016, pero las negociaciones se alargaron hasta mayo de 2021, cuando Parlamento, Comisión y Consejo se pusieron por fin de acuerdo para blindar el registro de transparencia y hacerlo obligatorio. Sin embargo, todavía existe un pequeño detalle que permitirá a los lobbies seguir actuando en la sombra: las llamadas reuniones «espontáneas», que seguirán fuera del radar del registro comunitario.
