El pasado 14 de marzo el presidente español Pedro Sánchez envió una carta a Mohamed VI, rey de Marruecos, en la que afirmaba que la propuesta de Rabat de un Sáhara Occidental autónomo pero dentro de su control era «la más seria, creíble y realista». Esos tres adjetivos, los mismos que utilizó Donald Trump en 2020 para reconocer la soberanía Marroquí sobre el Sáhara, encierran un cambio de postura histórico en la posición de España acerca de la resolución de un conflicto que lleva enquistado casi cincuenta años y que ha convertido al Sáhara Occidental en el último territorio pendiente de descolonización de África.
La misiva también ha sido interpretada por muchos como la última traición del Gobierno de España al pueblo saharaui, abandonado a su suerte en 1976. Desde entonces, no ha dejado de sufrir la ocupación marroquí y no ha podido decidir sobre su existencia como país independiente a pesar de que su derecho a la autodeterminación haya sido reconocido por la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
El apoyo a la estrategia de Rabat de hace unas semanas, probablemente a cambio de una mayor cooperación en temas migratorios, es la confirmación de ese abandono y del fracaso de las negociaciones políticas. La propia España trató de organizar sin éxito un referéndum en 1974 y luego la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) recogió el testigo, pero los saharauis nunca han tenido la oportunidad de expresar su voluntad en las urnas.
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