La inestabilidad política no es nada nuevo en Guatemala: golpes de Estado, regímenes militares y un conflicto interno desgarrador han dejado marcada su Historia. El legado de años de brutalidad y militarización del Estado dieron como resultado instituciones débiles, con gran peso del Ejército y un voluble Congreso compuesto por multitud de partidos que se hacían y deshacían, incapaces de articular una ideología fuerte.
En 2006, fruto de un acuerdo internacional entre la ONU y el Gobierno, nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este órgano independiente y de carácter internacional, único en su género, tenía como misión apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional en la investigación de delitos cometidos por cuerpos clandestinos con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y acabar con la impunidad. La comisión no tuvo una actividad significativa hasta 2014, año en el que Iván Velásquez asumió el comisionado. Bajo su dirección, la comisión actuó como amoniaco en agua caliente: los casos de corrupción se desprendieron como suciedad encostrada en el sistema público y salieron a flote uno por uno. En 2015 se destaparon numerosos casos que involucraron al sector público, el estamento militar, redes delictivas, bancos, petroleras y constructoras.
No se trataba de casos aislados de corrupción. El Gobierno se había convertido en una gigantesca maquinaria de corrupción y sus engranajes mafiosos llegaban hasta la presidencia. Con la ayuda de la implacable fiscal general Thelma Aldana y la presión en las calles, el Congreso aprobó anular la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina —general retirado del Ejército y acusado de crímenes de genocidio y tortura—. El presidente renunció al día siguiente de ser desaforado por el Congreso e ingresó en prisión preventiva.
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