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La lucha contra la corrupción en Guatemala: ¿un peligro para la paz?

La lucha contra la corrupción en Guatemala: ¿un peligro para la paz?
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Fuente: Presidencia de El Salvador

La crisis política se desencadenó el pasado agosto en Guatemala. El Gobierno de Jimmy Morales se tambalea en su guerra abierta contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad.

La inestabilidad política no es nada nuevo en Guatemala: golpes de Estado, regímenes militares y un conflicto interno desgarrador han dejado marcada su Historia. El legado de años de brutalidad y militarización del Estado dieron como resultado instituciones débiles, con gran peso del Ejército y un voluble Congreso compuesto por multitud de partidos que se hacían y deshacían, incapaces de articular una ideología fuerte.

En 2006, fruto de un acuerdo internacional entre la ONU y el Gobierno, nació la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Este órgano independiente y de carácter internacional, único en su género, tenía como misión apoyar al Ministerio Público y a la Policía Nacional en la investigación de delitos cometidos por cuerpos clandestinos con el objetivo de fortalecer el sistema de justicia y acabar con la impunidad. La comisión no tuvo una actividad significativa hasta 2014, año en el que Iván Velásquez asumió el comisionado. Bajo su dirección, la comisión actuó como amoniaco en agua caliente: los casos de corrupción se desprendieron como suciedad encostrada en el sistema público y salieron a flote uno por uno. En 2015 se destaparon numerosos casos que involucraron al sector público, el estamento militar, redes delictivas, bancos, petroleras y constructoras.

No se trataba de casos aislados de corrupción. El Gobierno se había convertido en una gigantesca maquinaria de corrupción y sus engranajes mafiosos llegaban hasta la presidencia. Con la ayuda de la implacable fiscal general Thelma Aldana y la presión en las calles, el Congreso aprobó anular la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina —general retirado del Ejército y acusado de crímenes de genocidio y tortura—. El presidente renunció al día siguiente de ser desaforado por el Congreso e ingresó en prisión preventiva.

“Ni corrupto ni ladrón”

Bajo este lema se presentó el que habría de ser el siguiente presidente de Guatemala, Jimmy Morales. El pueblo, harto de la corrupción, buscaba un candidato ajeno a la clase política tradicional. Procedente de una familia humilde, Morales había conseguido montar su propia productora y dar el salto a la fama como comediante. El apoyo de las iglesias evangélicas consiguió poner de su lado a los sectores indígenas más humildes. Su candidatura fue respaldada por la derecha radical guatemalteca, agrupada en la Asociación de Veteranos Militares y fundadora en 2008 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN). Morales supuso un lavado de cara para los militares y permitió mitigar la desconfianza y el rechazo general.

Para ampliar: “La gran marcha de la Iglesia evangélica en América Latina”, Inés Lucía en El Orden Mundial, 2017

Sin embargo, otra amarga decepción le aguardaba al pueblo chapín. En una sinfonía orquestada en dos partes, Morales, viendo amenazada su posición tras ser acusado de financiamiento electoral ilícito, inició una guerra contra la CICIG en 2017. El Ejecutivo anunció que no renovaría la CICIG para el siguiente periodo —el actual mandato terminará en septiembre de 2019— y declaraba persona non grata a Velásquez. El movimiento le salió muy caro: los ministros de Salud, Gobernación, Finanzas y Trabajo presentaron su dimisión y el movimiento social, adormecido desde los escándalos de su anterior presidente, volvió a la vida con una desagradable sensación de déjà vu. La Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en el que anulaba la decisión de Morales de expulsar al comisionado.

En un contexto caótico, las élites políticas no dudaron en protegerse ante las acusaciones de corrupción. Tras votar a favor de la inmunidad de Morales, el 17 de septiembre de 2017 107 diputados aprobaron una batería de reformas proimpunidad. El clamor de las calles y la presión del Ministerio Público contra el llamado “pacto de corruptos” hicieron que los diputados se retractaran una semana después y anularan las reformas. Pero el daño ya estaba hecho y los índices de popularidad de Morales cayeron en picado. La corrupción había acaparado todo el debate nacional, pero, en un segundo plano, la violencia, la pobreza y la desigualdad social seguían sin resolverse.

El contraataque de Morales no se hizo esperar: tras anunciar de forma definitiva que el Gobierno no suscribiría otra renovación de la CICIG, emitió la orden de no dejar entrar al país a Velásquez y no renovó la visa de trabajo de 50 integrantes de la comisión. Se desencadenó una crisis política inmediata, réplica del año anterior. El desasosiego y la inquietud se extendieron entre ministros y diputados y provocaron dimisiones y una mayor división del Congreso. Las manifestaciones y los bloqueos aumentaron en frecuencia e intensidad mientras reclamaban la marcha atrás del presidente y la prórroga para la CICIG. La Corte de Constitucionalidad volvió a actuar como contrapeso del presidente: emitió un recurso de amparo para Velásquez y lo conminó a volver al país.

Apoyos desde fuera

Morales y los sectores conservadores apelan a la soberanía y al nacionalismo antiforáneo y se defienden del descontento popular alegando que la CICIG está alineada con la agenda de Washington. Denuncian que la comisión manipula y politiza la justicia y atenta contra la seguridad y la institucionalidad de Guatemala. Estas acusaciones han topado con el silencio de Estados Unidos. Tradicionalmente, EE. UU. ha sido aliado de los sectores conservadores de Guatemala; ante la inminente explosión, ha preferido tomar distancia. A pesar de que el exvicepresidente Joe Biden y algunos congresistas han defendido ligar la ayuda económica a Guatemala a la permanencia de la CICIG, oficialmente EE. UU. se mantiene al margen; de hecho, fue el único país del G13 —grupo de donantes mayoritarios de Guatemala— que no se sumó al comunicado conjunto que emitió para condenar los hechos. Washington no dará su apoyo explícito al Gobierno guatemalteco, pero tampoco lo condenará.

El presidente hondureño se reunió la semana pasada con Morales para reiterar su apoyo frente a las acusaciones de la fiscalía y la CICIG. Honduras es su principal aliado regional; mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad, migración y lucha contra el crimen organizado en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte —fondo financiado por EE. UU.—. Este apoyo estratégico responde a la necesidad de cubrirse las espaldas. En 2016 se creó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente análogo a la CICIG. La MACCIH también se ha enfrentado al Gobierno hondureño en numerosas ocasiones y lo ha acusado de entorpecer las investigaciones. Armando un frente común, ambos mandatarios salpicados de corrupción pretenden mantener a raya a estas organizaciones.

Un posible golpe de Estado en el horizonte

La sombra del golpe —y del autogolpe— de Estado amenaza con definirse ante la posible ruptura del orden constitucional. Al verse acorralado, el presidente podría decidir disolver el Congreso y la Corte Constitucionalista y tomar todos los poderes. En las últimas semanas, Morales se ha negado a acatar los amparos de la corte, con lo que ha ahondado la grave crisis entre el Ejecutivo y la Justicia. Por su parte, el Ministerio de Defensa sí ha reconocido la resolución de la corte y permitirá el ingreso de Velásquez al país. El Gobierno se fractura más y más mientras se mantiene la crisis. La derecha militar está acostumbrada a permanecer en el poder y, como ha demostrado históricamente, no tiene escrúpulos si ve peligrar su supervivencia.

El descontento general de todos los sectores está sobre el tablero. La pugna entre los sectores tradicionales y progresistas por capitalizarlo se dará en los próximos meses, previos a las elecciones generales de junio de 2019. Los partidos están trabajando duramente para el proceso electoral que iniciará el próximo enero. Aldana, exfiscal del Ministerio Público y azote de los corruptos, goza de gran popularidad y se perfila como próxima candidata presidencial. El proceso electoral se augura convulso: el FCN, partido que llevó al poder a Morales, se enfrenta a un proceso de cancelación abierto por el Tribunal Supremo Electoral, y el resto de los partidos han arrancado tarde sus precampañas. La batalla en los tribunales determinará el futuro próximo de Guatemala: perpetuar la impunidad de las élites o dar un golpe decidido contra la corrupción.