Todo empezó donde otras tantas cosas en este siglo XXI: en internet. El pasado mes de mayo una ciudadana francesa llamada Priscillia Ludosky lanzaba en la web Change.org una petición de firmas —que ya lleva más de 1,12 millones de respaldos— en la que exigía soluciones a las continuas subidas de los carburantes en Francia. Varios meses después, este asunto comenzó a hacerse viral en Facebook y dio el salto a los grandes medios de comunicación. A través de esta red social y de forma bastante autónoma, el 17 de noviembre casi 300.000 franceses se manifiestan por todo el país portando los ya icónicos chalecos amarillos, obligatorios en los vehículos en caso de incidente.
Pero no es en París o las grandes ciudades donde se dan las protestas y los bloqueos de carreteras, sino en la Francia rural y semiurbana. La subida al combustible que plantea Macron, en un intento por combatir la contaminación y el cambio climático, es un gasto añadido importante para muchas familias en cuyas vidas el coche es un instrumento crucial. Fuera de las grandes urbes del país, la escasa densidad de los pueblos y vecindarios en los que vive la mayoría de los manifestantes dificulta tener servicios cerca: para trabajar, ir al colegio o hacer compras, deben desplazarse en coche.
Sin embargo, esta protesta ha abierto la puerta a que otras desafecciones afloren junto con las del carburante. Las manifestaciones, que ocurren cada sábado desde aquel 17 de noviembre, tienen un carácter transversal, aunque en su mayoría afecten a clases trabajadoras, desempleados o pensionistas, unos perfiles ya de por sí molestos con las políticas fiscales y sociales de Macron. A medida que se han sucedido las semanas, se han empezado a escuchar, además, demandas variopintas que van desde la subida de las pensiones a la dimisión del presidente. Y, aunque el Gobierno ha acabado retirando provisionalmente la propuesta de subir el precio del carburante, esto no ha hecho que los manifestantes regresen a sus casas; todaví...
