En vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2012, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes definió las empresas tecnológicas chinas Huawei y ZTE como “amenazas a la seguridad nacional” por sus vínculos con el Gobierno chino. La táctica —que podría verse como exagerada a ojos no expertos— dejaba de manifiesto las prioridades estratégicas de Washington: mantenerse a la cabeza de la jerarquía tecnológica mundial.
Para la Casa Blanca, las tecnologías de la información y de la comunicación se han convertido en infraestructura crítica. En concreto, lo es cualquier cosa que los secretarios de Energía o Defensa "determinen que contribuye a las funciones críticas de la labor de la seguridad nacional”, según la definición del Acta de Autorización de Defensa Nacional de 2019. Esta competición parece haber cogido más forma con Trump como presidente, sobre todo a raíz de la prohibición poco después de comenzar su mandato de que los funcionarios del Gobierno tuviesen dispositivos de estas dos empresas.
La tecnología ha sido siempre el componente que los Estados han protegido con más celo. Ha marcado el avance de las sociedades en términos de desarrollo, así como la asimetría en las relaciones económicas. En consecuencia, ha perfilado las relaciones de poder que han definido, de una manera u otra, el orden mundial contemporáneo. Con el 5G a punto de llegar y la guerra comercial entre EE. UU. y China aún vigente, los antagonismos aparecen reforzados y el conflicto se presenta en su forma más desnuda.
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