A mediados del siglo XIX China empezaba a tener un serio problema con el opio. Los británicos llevaban años introduciéndolo en el país de contrabando, y el efecto estaba siendo devastador: los adictos se multiplicaban y China poco a poco se convertía en un país más débil. Si en el año 1830 se calculaba que un 1% de la población era adicta al opio, para finales de siglo este porcentaje se había triplicado. Tal era la magnitud del problema que el Gobierno imperial acabó prohibiendo la venta y el consumo de esta sustancia, una medida que no sentó demasiado bien al Reino Unido, cuyo equilibrio a nivel comercial dependía de la masiva venta de droga en el país asiático.
Aquel asunto derivó en las Guerras del Opio, y ellas, a su vez, en la debilidad que China ha mantenido a nivel internacional hasta tiempos recientes. Pero, paradojas de la historia, la situación es hoy la opuesta: desde el país asiático salen ingentes cantidades de opioides cuyo destino principal es Estados Unidos, que están causando estragos en el país norteamericano no solo en vidas humanas, sino también en términos económicos, poniendo en jaque en otro frente la ya debilitada hegemonía estadounidense.
El cantante Prince fue probablemente el nombre más conocido de las casi 20.000 personas que murieron en el año 2016 en Estados Unidos de sobredosis por opioides sintéticos. A estas se le sumaron casi 29.000 más en 2017 y 31.500 en 2018, lo que supone que en estos dos últimos años hayan fallecido tantos estadounidenses por excesos en el consumo de estas sustancias como durante la guerra de Vietnam.
El protagonista de esta epidemia es un opioide llamado fentanilo. Pensado originalmente como analgésico y anestésico, el fentanilo es entre cincuenta y cien veces más potente que la morfina. Si a este factor se le suma la enorme dependencia que genera en los pacientes —que en muchos casos deriva en adicción—, su precio reducido y el enorme poder de la industria farmacéutica en Estados Unidos, el resultado es un alza continuada en su consumo desde principios de los noventa, y con ella el aumento de las muertes relacionadas. La rentabilidad y niveles de adicción que alcanza el fentanilo han llevado incluso a que sea mezclado con otras drogas como la cocaína, el éxtasis o la heroína como una forma de abaratar estas dosis y de generar mayor adicción, dado que el fentanilo es mucho más barato y potente. El coste, en cambio, ha sido hacer mucho más probable una sobredosis, a menudo porque el propio consumidor no es consciente de que la dosis que está tomando contiene fentanilo.
Pero todo tiene un origen, y el del fentanilo es China. Al ser un opioide sintético, su elaboración no necesita de ningún tipo de producto natural, como puede ocurrir con la cocaína o la heroína, extraídas de la hoja de coca y la amapola adormidera respectivamente. Sus únicos ingredientes son los químicos apropiados y un laboratorio donde procesarlos, lo que hace bastante más sencillo en términos logísticos y económicos producir la sustancia respecto a otras drogas tradicionales. A esto hay que sumarle que China tiene actualmente cerca de 5.000 grandes productores farmacéuticos, haciendo del país el principal exportador de principios activos del mundo. Esto otorga a China una potencia considerable como productor de sustancias legales e ilegales y genera un sistema paralelo: al tiempo que se produce fentanilo que más tarde acabará siendo recetado de forma legal en Estados Unidos, se elabora también un fentanilo ilegal cuyos réditos económicos se darán en el mercado negro.
Este es el motivo principal por el que Trump ha insistido tanto a Xi Jinping en las distintas rondas negociadoras de la guerra comercial de que China debe controlar mejor la producción de estas sustancias y restringir de forma efectiva las que se crean de forma ilegal. Bajo la óptica estadounidense, el flujo de droga solo remitirá si China consigue ejercer un control eficiente sobre aquellas industrias que crean y distribuyen el fentanilo. Xi se comprometió a ello a principios de 2019, pero desde entonces los avances de la potencia asiática en este sentido han sido bastante limitados. Este hecho ha sido interpretado en algunos casos como que Pekín ha desarrollado una política activa de exportación de fentanilo a Estados Unidos para devastar socialmente al país y debilitar a su adversario a modo de revancha por las guerras del opio decimonónicas.
Por suerte o por desgracia, la realidad suele ser más sencilla. Y lo cierto es que China no tiene una capacidad controladora suficiente en el ámbito empresarial, ya sea con normativa o con inspecciones, como para poder garantizar que las farmacéuticas del país dejen de producir fentanilo de forma ilegal y tampoco para poder vigilar las redes de distribución por las que esta sustancia cruza el Pacífico.
Y es que los envíos de fentanilo desde China a la región norteamericana son tan poco sofisticados como eficaces. Buena parte de los paquetes con fentanilo son enviados mediante empresas de paquetería ordinaria directamente a los clientes en Estados Unidos o camuflados en otros productos. Este indetectable torrente de envíos de droga también ha provocado reacciones en la Casa Blanca. Una de las principales ha sido la amenaza estadounidense de salir de la Unión Postal Universal, la organización internacional encargada de los envíos postales a nivel mundial y la que establece las tarifas de los paquetes y cartas internacionales. Estas no se modifican desde 1969 —que se establecieron considerando las condiciones económicas de los países en aquel momento—, lo que ha llevado a Estados Unidos a quejarse de que China hoy se ve favorecida por la no revisión de esos precios, resultando en un dumping que no hace sino hacer más rentable el tráfico de fentanilo. Si los envíos se encareciesen, cabe pensar que la demanda de droga en Estados Unidos disminuiría.
Pero combatir este problema requiere taponar muchas vías de agua abiertas. La política antidrogas estadounidense ya se ha demostrado desde hace décadas como poco certera en los objetivos y muy ineficiente en los métodos. En primer lugar, la demanda de droga es el ejemplo habitual de demanda inelástica: por mucho que suba o baje el precio, la demanda de ese producto va a ser bastante similar, precisamente porque sus clientes son personas adictas y van a consumir cueste lo que cueste. Tampoco es garantía de éxito para Estados Unidos que China consiga ejercer un control eficiente sobre los productores de fármacos; estos simplemente buscarán un país cercano donde establecerse en condiciones similares a las que existían en China, y aquí Estados como Vietnam o India tendrían bastantes posibilidades de acabar acogiendo los laboratorios de producción de fentanilo. Por tanto, lejos de resolverse, el problema simplemente se habría trasladado a otro lugar. Incluso la variable de los envíos directos a Estados Unidos se puede eliminar, ya que no es determinante. Muchos cargamentos de fentanilo van a México, y son los carteles de la droga quienes se encargan de contrabandearlo a través de la frontera y distribuirlo dentro del mercado ilícito estadounidense.
Para ampliar: “La ‘guerra contra las drogas’ en Estados Unidos”, Alejandro Maroño en El Orden Mundial, 2018
La solución a esta situación viene, sobre todo, a través de cambios internos en los propios Estados Unidos. La misma Casa Blanca estimó que la epidemia de opiáceos costó al país más de 500.000 millones de dólares —un 2,8% del PIB— en el año 2015, lo que es una buena muestra del impacto económico de esta crisis. De nuevo aquí se entremezclan factores legales e ilegales: hace un par de décadas parte de la industria farmacéutica estadounidense comenzó a realizar amplias campañas de comunicación y marketing en favor de nuevos opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, como analgésico de gran potencia y con muy bajas probabilidades de adicción. Sin embargo, cuando estas premisas de la industria comenzaron a investigarse de forma independiente unos años después, aquella realidad se derrumbó, y no es que el fentanilo no fuese menos adictivo que la morfina o la heroína, sino que lo era igual o más. Lo peor es que esto se estaba produciendo de forma completamente legal.
Desde los años noventa, muchas personas que acaban siendo adictas se inician en el fentanilo mediante tratamientos permitidos y regulados para calmar distintas dolencias. Los médicos y los seguros privados proveen del fentanilo a los pacientes a precios asequibles, pero cuando estos finalizan su tratamiento, quienes se han enganchado recurren al mercado negro, a recetas falsas o a otros pacientes que están con un tratamiento legal y revenden sus recetas —lo que les reporta grandes beneficios—. Los medios para combatir esta situación son muy limitados: las farmacéuticas invierten muchos más fondos en influencia política —hasta 880 millones de dólares entre 2006 y 2015— que los grupos que intentan combatir esta crisis —casi 4,5 millones de dólares—. Otros factores, como la orientación punitiva del sistema penitenciario estadounidense, la escasez de ayudas sociales y un sistema sanitario privatizado, ineficiente e inasequible para muchas personas que padecen adicciones de opioides, tampoco ayudan para una intervención integral de este problema.
La legalización de esta sustancia —un debate que tímidamente también se ha planteado—, no necesariamente conlleva una mejora en los índices de adicción. Es más, en un mercado que no esté fuertemente regulado por el Estado —algo que en Estados Unidos es altamente improbable—, la fortaleza de los actores privados de ese mercado puede provocar que, como ocurre con el tabaco o el alcohol —drogas legales y a la vez las más dañinas—, el fentanilo acabe haciendo todavía más daño.
El enfoque de Trump de centrar esta cuestión en la guerra comercial es, por tanto, limitado. Puede acertar en tanto que China debería ejercer un control regulatorio más eficaz sobre sus empresas —lo que a su vez es un buen reflejo de algunas debilidades del Estado chino—, pero ejercer demasiada presión simplemente provocará la huida de los productores a otro lugar. La guerra contra las drogas siempre fue un asunto fundamentalmente interno de Estados Unidos, aunque las actuaciones muchas veces han ido de puertas para afuera, normalmente con intereses geopolíticos que trascendían los estupefacientes. El del fentanilo probablemente sea otro ejemplo más en esta larga lista.
Para ampliar:“Oro intravenoso: geopolítica del opio”, Daniel Rosselló en El Orden Mundial, 2016
