La estrategia contra la desinformación de Bruselas no gusta a todos
Avalados por la Unión Europea, cada vez más países europeos adoptan políticas contra la desinformación. Sin embargo, en algunos de ellos su implementación está resultando problemática. Por un lado, su encaje jurídico no siempre es sencillo. Por otro, suelen generar el rechazo de la oposición y de los medios de comunicación y una intensa contestación social, todo ello agravado por la polarización.
Al clásico debate sobre los límites de la libertad de expresión le ha surgido un apéndice en los últimos años: el de cómo abordar la desinformación. Este fenómeno ni es reciente ni está vinculado solo a las injerencia de actores extranjeros. Pero las operaciones de injerencia rusa en Occidente o la infodemia de la covid-19 han vuelto a probar que la manipulación informativa puede constituir una amenaza tanto para la democracia como para la salud de sus ciudadanos.
Por ello, organismos especializados, think tanks y organizaciones internacionales como la Unesco, Naciones Unidas, la OSCE o la OEA avalan que los Gobiernos implementen políticas específicas contra la desinformación. No obstante, estas no solo deben ir en consonancia con los derechos humanos y la integridad democrática, sino que han de contribuir a preservarlos. Este es también el enfoque que la Unión Europea lleva adoptando desde hace cinco años, aunque el camino está siendo muy espinoso.
La estrategia de la Unión Europea contra la desinformación
La UE se está mostrando resuelta a combatir la desinformación, haciendo hincapié en la injerencia extranjera y los discursos de odio. Desde 2015, espoleada por las campañas de propaganda y desinformación euroescéptica en el este europeo, Bruselas comenzó su cruzada contra las amenazas híbridas, actividades hostiles no convencionales, incluidos los ciberataques y la desinformación. Ese año, además, se creó una unidad específica dependiente del Servicio de Acción Exterior de la UE, la East StratCom Task Force, para contrarrestar la desinformación rusa. Varios países miembros recogieron el testigo. España, por ejemplo, incluyó en 2017 las amenazas híbridas en su Estrategia de Seguridad Nacional y poco después creó el puesto de embajador especial para las amenazas híbridas y la ciberseguridad.
