Durante los primeros meses del verano de 2020 el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, apeló en numerosas ocasiones a la necesidad de “un nuevo Plan Marshall” para Europa. Era paradójico: España nunca se benefició de la versión original del plan, lanzado por Estados Unidos para ayudar a Europa a recuperarse tras la Segunda Guerra Mundial, por el apoyo del régimen de Franco a las derrotadas Alemania e Italia. Así, mientras Europa renacía en pocos años, España vivió en autarquía hasta 1959. Con la entrada en las Comunidades Europeas en 1986 esa brecha a ambos lados de los Pirineos comenzó a reducirse: en las últimas tres décadas España ha sido el país que más ayudas económicas ha recibido de la Unión. Quizá de eso se congratulaba Sánchez: de que el dinero de Europa pueda acercar una vez más a España a los estándares del continente.
Y eso fue lo que acordó el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, en julio: un fondo de 750.000 millones de euros llamado Next Generation EU (NG-EU). Dentro de este se encuentra el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con algo más de 672.000 millones, de los que 140.000 son para España, repartidos entre 60.000 millones a fondo perdido y 80.000 en préstamos. La inyección económica parece sencilla en la teoría, pero en la práctica está plagada de obstáculos.
El dinero y los plazos
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