Son menos de un millón en un país de más de doscientos. Y aunque se les reconoce, de momento, cerca del 14% de la superficie nacional, los indígenas brasileños se están quedando sin aire en pleno pulmón amazónico. La degradación de los derechos sobre sus tierras viene en aumento desde principios de siglo, mientras que los sucesivos presidentes han ido reduciendo el número de demarcaciones, el instrumento legal imprescindible para su supervivencia. Desde la llegada de Jair Bolsonaro al Ejecutivo en enero de 2019, la situación ha adquirido un carácter aún más dramático.
Aparte de la deforestación descontrolada de la Amazonía, Bolsonaro ha defendido la explotación de las áreas protegidas y ha sido connivente con la minería ilegal, que han provocado numerosas víctimas mortales y desplazados entre los indígenas, y arriesgado su seguridad jurídica. Además, la covid-19, a la que el presidente ha restado importancia, deja ya más de mil nativos muertos por la penetración de otras personas en sus zonas de residencia, por lo que la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil ha denunciado a Bolsonaro por genocidio ante la Corte Penal Internacional.
Ahora un fallo judicial puede poner en jaque la lucha de los pueblos ancestrales. El Supremo Tribunal Federal decidirá en los próximos días si aplica la doctrina del marco temporal, que señala que solo se pueden reconocer a los indígenas aquellas tierras donde estuvieran asentados hasta el día de la promulgación de la Constitución, el 5 de octubre de 1988. La tesis, que Bolsonaro apoya, ha generado una oleada de rechazo entre ambientalistas, defensores de derechos humanos y los propios indígenas, que llevan varias semanas movilizados por todo el país. Las marchas, llamadas “Luta pela vida” (‘Lucha por la vida’), han congregado en Brasilia a más de 6.000 representantes de diferentes comunidades en lo que han bautizado como la “primavera indígena”.
El “marco temporal”, una decisión histórica
La decisión del Alto Tribunal será el...
