La energía nuclear vuelve a estar de moda. Por un lado, los desastres naturales de este último año han dado alas a sus defensores para presentarla como la única solución para alcanzar los compromisos de reducción de emisiones. Por otro, la crisis energética ha evidenciado la gran dependencia europea de las importaciones de gas y muchos creen que construir reactores nucleares expandiría la soberanía energética de la UE. Además, la sombra de los desastres de Chernóbil y Fukushima ha quedado atrás, llevándose consigo parte del estigma que pesaba sobre esta fuente de energía.
Pero si la nuclear se encuentra en un momento clave es sobre todo gracias a la propuesta de la Comisión Europea para incluirla, junto al gas natural, en sus normas de inversión sostenible. El borrador, presentado el pasado 1 de enero, atañe a la taxonomía verde, una clasificación que define qué actividades económicas pueden ser consideradas sostenibles y, por lo tanto, deben contar con más facilidades para la inversión pública y privada. Sin embargo, lejos de ser fruto del consenso, detrás de esta propuesta se esconde una historia de acusaciones, discrepancias e intercambio de favores que parece lejos de terminar.
La biblia de la inversión sostenible que divide a la Unión
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