En el foco Economía y Desarrollo América Latina y el Caribe

En Centroamérica primero llega el huracán, luego la corrupción

En Centroamérica primero llega el huracán, luego la corrupción
Los huracanes Katia, Irma y José en septiembre de 2017. Fuente: Wikimedia

Dos poderosos huracanes, Eta e Iota, impactaron en Centroamérica el pasado noviembre causando una catástrofe humanitaria. Estos desastres naturales son inevitables, pero su impacto puede y debe ser mitigado por los Gobiernos. Sin embargo, décadas de corrupción y mal uso de los fondos internacionales han frenado el desarrollo de esta región, una de las más pobres y vulnerables a los fenómenos climáticos del mundo.

En apenas dos semanas en noviembre de 2020, Centroamérica fue azotada por los huracanes Eta e Iota, ambos de categoría 4. Los vientos huracanados vinieron acompañados de lluvias torrenciales que causaron inundaciones, hundimientos y deslizamientos de tierra. Los dos ciclones siguieron una trayectoria similar: tocaron tierra en la costa noreste de Nicaragua, siguieron su recorrido atravesando Honduras por la parte oeste del país y bordearon Guatemala y El Salvador antes de salir del istmo centroamericano cruzando Belice en dirección a Cuba y Florida. 

Las cuentas no salen 

Eta e Iota causaron 235 muertes, afectaron aproximadamente a seis millones de personas y desplazaron a más de medio millón. También provocaron graves daños en la infraestructura, destruyendo viviendas, carreteras y puentes, y arrasando grandes extensiones de tierras de cultivo y ganadería. El impacto más grave se produjo en la ciudad de San Pedro Sula, corazón industrial de Honduras, y en las zonas indígenas misquita y garífuna, especialmente castigadas por la pobreza. Se estima que en Honduras y Nicaragua, dos de los países más afectados, los daños ascienden hasta los 2.000 millones y más de 700 millones de dólares, el equivalente a un 8% y un 5,5% de su PIB anual respectivamente.

Los huracanes han sido el golpe de gracia a un año especialmente difícil a nivel económico para la región. La crisis provocada por la pandemia ha mermado las precarias fuentes de ingreso de los hogares centroamericanos, muy dependientes del trabajo informal y las remesas. La Cepal pronostica una caída de hasta el 6% del PIB regional en 2021, y varios medios internacionales hablan de que la pobreza  aumentará un 10%, alcanzando a más del 70% de la población.

Trayectoria del huracán Eta. Fuente: National Hurricane Center

Desbordados por la situación, los mandatarios centroamericanos se han lanzado a la arena internacional a solicitar ayuda financiera. Pero los donantes tradicionales de la región, Estados Unidos y la Unión Europea —en especial España—, inmersos en sus propias crisis, han concedido pocas ayudas. España ha destinado 500.000 dólares en asistencia humanitaria y ofrecido un fondo de crédito de 85 millones. Estados Unidos ha donado tan solo diecisiete millones de dólares. Han sido organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo los que han tomado un rol más protagónico, respaldando un Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente con 2.500 millones de dólares y ofreciendo un préstamo de 150 millones.

Pese a todo, las cuentas no cuadran. Según sus cálculos, el Gobierno de Honduras necesita 10.000 millones de dólares para la reconstrucción. Frente a este panorama Honduras y Guatemala han exigido acceso al Fondo Verde del Clima, un mecanismo de financiación de la ONU para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en países en vías de desarrollo. Secundados por los Gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y el guatemalteco, Alejandro Giammattei, han exigido responsabilidades a los países industrializados, alegando que Centroamérica paga las consecuencias de sus excesos climáticos. 

Una gestión corrupta de los fondos

Los reclamos de estos Gobiernos contrastan con su gestión a nivel nacional. Históricamente la economía de Centroamérica ha estado sostenida por la concesión de territorio a empresas extranjeras, primero en forma de enclaves comerciales y después de enclaves mineros y bananeros. En las últimas décadas los países centroamericanos, con la salvedad de Costa Rica, han intensificado  la concesión de territorio para proyectos mineros, monocultivo de palma y proyectos urbanísticos que obligan a deforestar grandes extensiones de bosque. 

Además de impulsar políticas extractivistas que dañan el medio ambiente, los Gobiernos centroamericanos han cerrado la puerta a propuestas políticas que avancen hacia la justicia climática. En septiembre de 2020 expiró el plazo de adhesión al Acuerdo de Escazú, un convenio sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe auspiciado por la ONU. Este acuerdo, que incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, no ha sido firmado por Honduras ni El Salvador, y tampoco ratificado por Guatemala. En estos países los defensores del medioambiente son sistemáticamente agredidos, criminalizados y asesinados por las fuerzas militares en colusión con las multinacionales.

La exigencia por el Fondo Verde del Clima por parte de estos Gobiernos choca también con la crisis reputacional en la que se encuentran sus instituciones de gestión de desastres. Tanto la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala como la Comisión Permanente de Contingencias de Honduras (Copeco) están salpicadas por numerosas acusaciones de corrupción por el manejo de fondos durante la emergencia sanitaria del coronavirus. 

Desde agosto de 2020 en Honduras se realizan protestas bajo el lema “¿Dónde está el dinero?” exigiendo rendición de cuentas sobre la compra de material médico y humanitario que debía adquirirse con crédito internacional. Las protestas se extendieron rápidamente a Guatemala, ampliando la denuncia al señalar no solo la corrupción, sino también la represión y el autoritarismo con la que el Gobierno de ese país estaba gestionado la situación. La tensión en Guatemala alcanzó su punto máximo el pasado noviembre cuando, tras la aprobación opaca y sin garantías del presupuesto estatal para 2021, los disturbios derivaron en la quema del Congreso

Acto de protesta contra la corrupción en Guatemala. La pintada se replicó en decenas de ciudades en Guatemala y Honduras y se viralizó en las redes sociales. Fuente: Diana Anariba (Twitter)

Tanto el Ejecutivo guatemalteco como el hondureño han tratando inútilmente de mitigar la crisis de legitimidad, el primero abriendo una mesa diálogo sobre los presupuestos con la sociedad civil y el segundo sustituyendo a algunos los cargos públicos más polémicos. El Gobierno hondureño nombró al comisionado de la Copeco, Carlos Cordero, como nuevo embajador en El Vaticano. En su lugar fue designado Max González Bonilla, más conocido como Killa, un cantante de reggaetón sin experiencia en la gestión de desastres. 

Todos estos sucesos no han hecho sino aumentar el profundo malestar de la población en un año electoral clave. El Salvador celebra elecciones legislativas el 3 de febrero, y Honduras y Nicaragua renuevan sus parlamentos y presidencias a finales de año. La deficiente gestión de la crisis provocada por los huracanes ha alimentado aún más la desafección popular, pero no parece que esto vaya a afectar a las elecciones. Los pronósticos apuntan a que los presidentes de El Salvador y Nicaragua, Nayib Bukele y Daniel Ortega, reafirmarán su poder. La única duda es Honduras, inmersa en una lucha por renovar el censo electoral y garantizar elecciones limpias. Con el partido oficialista más denostado que nunca y el cambio de presidencia en Estados Unidos quizás se produzca un cambio en el poder por primera vez desde el golpe de Estado de 2008.

Lo que el viento del Mitch se llevó…, y dejó

Fifí, Mitch, Stan, Matthew, Amanda…, nombres propios para desgracias colectivas. No es la primera vez que Centroamérica es devastada por los huracanes, terremotos, erupciones o tsunamis. Tampoco será la última. Su ubicación la convierte en la segunda región del mundo más vulnerable a los fenómenos climatológicos tras el sudeste asiático. Por un lado, estar cerca del ecuador y entre dos océanos facilita la formación de huracanes y la hace muy sensible al fenómeno climático de El Niño, que provoca sequías cíclicas —y por tanto, hambrunas— en la región del Corredor Seco Centroamericano. Por otro lado, el istmo se asienta sobre tres placas tectónicas del Cinturón del Fuego del Pacífico, caracterizado por una intensa actividad sísmica y volcánica. 

De entre todos los desastres ocurridos en Centroamérica, uno en particular marcó un antes y un después: el huracán Mitch en 1998. Este huracán provocó la muerte de más de 9.000 personas y causó daños equivalentes al 13% del PIB regional. La magnitud del desastre activó a la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias, que se volcaron en la reconstrucción de Centroamérica, y en especial de Honduras, la más afectada por la catástrofe. 

Para gestionar el proceso se creó el Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central, formado por los Gobiernos donantes y receptores, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil. Con la intención de consolidar una estrategia a largo plazo, en 1999 el Grupo firmó la Declaración de Estocolmo. Los donantes expresaron su voluntad financiadora aprobando 9.000 millones de dólares en ayuda humanitaria, donaciones y préstamos blandos. A cambio, los Gobiernos centroamericanos se comprometieron con lo que se denominó “reconstrucción con transformación”: vincular la reconstrucción con el fortalecimiento democrático, la mejora de la gobernabilidad y la transparencia y el respeto de los derechos humanos para reducir la vulnerabilidad ecológica y social de la región.

Honduras y Nicaragua están entre los países con más muertes por catástrofes climáticas al año.

La “reconstrucción con transformación” implicaba adoptar reformas estructurales en el terreno económico y social encaminadas a erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad y el desempleo, mejorar el acceso a servicios básicos y vivienda y detener la destrucción del medio ambiente. El Mitch desnudó el sistema, demostrando que el crecimiento económico de la década anterior se había hecho a expensas de generar altos niveles de pobreza y desigualdad, dejando a la población en situación vulnerable y sin capacidad de resiliencia. 

Ese crecimiento económico se basó en un modelo de desarrollo neoliberal impuesto diez años atrás siguiendo las pautas del Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos. Conocido como el Consenso de Washington, este programa se basó en la privatización de sectores clave y en la reducción del Estado. Pero estas políticas desreguladoras chocaron con los compromisos de la Declaración de Estocolmo, una contradicción que condenó al fracaso la reconstrucción de América Central tras el Mitch.

Peor ahora que hace veinte años

Las altas expectativas puestas en el plan de reconstrucción de 1999 decepcionaron antes de comenzar. Apenas un año después del huracán, se interpuso una denuncia al Gobierno de Honduras por más de una decena de casos de corrupción en el manejo de la ayuda internacional a los damnificados del Mitch. Además de las irregularidades en el uso de fondos, en los años siguientes a la catástrofe se aprobaron en la región leyes muy ventajosas para las empresas privadas extranjeras dedicadas a la energía, la minería o el turismo, que acudieron en masa a Guatemala y Honduras y provocaron graves daños ambientales. 

Más de veinte años después los indicadores socioeconómicos han visto cierta mejora: la desigualdad y la mortalidad infantil han disminuido y el acceso a servicios públicos ha aumentado. Sin embargo, los niveles de pobreza continúan siendo los más altos de Latinoamérica y los indicadores relativos a la protección social presentan las peores cifras de la región. La hiperurbanización de la región ha generado grandes zonas en torno a las ciudades donde la población sobrevive en  infraviviendas, mayoritariamente en las orillas de ríos que se desbordan cada año. 

Los países centroamericanos están entre los más pobres de la región, con Honduras y Guatemala a la cabeza.

Desde el punto de vista institucional, si bien se ha avanzado en la creación de mecanismos regionales de gestión del desastre, aún predomina una cultura de reacción a la emergencia y no de previsión, priorizando las respuestas inmediatas y cortoplacistas que no reducen el riesgo a futuro. Pese a ser una región muy vulnerable al cambio climático, todavía no existe una visión regional para enfrentarse a ello.

La situación actual no es la misma que hace veinte años con el huracán Mitch. La pandemia, la falta de fondos para ayuda humanitaria y la pérdida de confianza internacional en la capacidad de los Gobiernos locales para manejar los recursos plantean un escenario aún más complejo. Las demandas de los presidentes de Honduras y Guatemala para acceder al Fondo Verde de la ONU son una estrategia desesperada de captación de fondos, un parche más para contener la olla a presión a punto de estallar en la que se han convertido sus países. Las continuas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y las protestas sociales masivas demuestran que la población está al límite, acostumbrada desde hace tiempo a salvarse a sí misma.