Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por las fuerzas kurdas y aliadas de Estadados Unidos, capturaron en marzo de 2019 el último feudo de Dáesh, Baguz, en la frontera con Irak. Este momento supuso el final territorial de la organización yihadista y, ahora que parece estar más debilitada que nunca, Estados Unidos y los países europeos de los que salieron terroristas para unirse a Dáesh se enfrentan en un nuevo problema: qué hacer con los combatientes, y sus familiares, que están encarcelados en centros controlados por las FDS y que desean volver a casa. Se estima que estas cárceles contienen alrededor de ochocientos terroristas de origen europeo, más unas setecientas mujeres y mil quinientos menores de edad que se encuentran en campos de refugiados. Aunque no hay datos disponibles del número de detenidos de origen estadounidense, se estima que este es muy bajo.
En este contexto, octubre de 2019 ha sido un punto de inflexión: Estados Unidos anunció entonces la retirada de sus tropas del noroeste de Siria, zona controlada por sus aliados kurdos. Esta retirada ha dado luz verde al Ejército turco, enemigo de las FDS, para intervenir y combatir a los kurdos en territorio sirio. Los kurdos han declarado que, ante el avance de las fuerzas turcas, no podrán hacerse responsables de los yihadistas europeos y estadounidenses durante más tiempo. Es en este momento cuando la cuestión de qué solución adoptar con respecto a los yihadistas occidentales que desean regresar a casa gana más urgencia.
Para ampliar: “Quién gana y quién pierde con el abandono de Estados Unidos a los kurdos”, Carlos Palomino en El Orden Mundial, 2019
Estados Unidos y Europa: estrategias divergentes
Con motivo de la retirada de tropas estadounidenses de suelo sirio, Donald Trump ha alertado a los países europeos de que deben repatriar a sus prisioneros para que sean juzgados en sus países de origen. Así, Estados Unidos argumenta que es más seguro tener a los terroristas bajo control de la justicia nacional de cada país antes que arriesgar un posible colapso de las cárceles kurdas con motivo del conflicto con Turquía y, a consecuencia de ello, la dispersión de dichos prisioneros y el fortalecimiento de Dáesh.
Sin embargo, esta estrategia ha recibido muy mala acogida en Europa. Los yihadistas retornados están considerados un riesgo para la seguridad de dichos países, pues han recibido instrucción militar y están profundamente adoctrinados en el proyecto yihadista. El miedo principal es que puedan atentar en suelo europeo. Por este motivo, el enfoque inicial de la mayor parte de los países europeos ha sido dejar que los terroristas fueran encarcelados o juzgados en Siria y, en menor medida, en Irak. Sin embargo, cada uno de los países supone diferentes consecuencias, por lo que es necesario distinguir entre ambos territorios.
Por una parte, debido a que la Administración kurdosiria no es un Estado, los países europeos no pueden negociar con ella el traspaso y juicio de sus nacionales. Esto significa que las FDS no tienen jurisdicción sobre los prisioneros y, por lo tanto, Europa no se puede desentender de ellos en su territorio. Por otra parte, existe la opción de juzgar a los prisioneros en Irak, tanto a los capturados por haber participado en actos de Dáesh allí como a los que las FDS puedan trasladar desde el noroeste de Siria. La principal ventaja de esta medida es que los países europeos no tendrían que hacerse responsables de sus ciudadanos, pero esto, desde luego, tiene un precio moral y económico. El primero tiene que ver con que, tratándose de terrorismo, la justicia iraquí solo condena a cadena perpetua o a pena de muerte. Además, la tortura es comúnmente empleada como método para conseguir confesiones, lo que supone una violación de los derechos humanos. Por otro lado, Irak se haría responsable de juzgar a los prisioneros a cambio de que cada país se hiciera cargo de los gastos de manutención de sus nacionales. Sin embargo, esta opción también supone un limbo jurisdiccional, pues los tribunales iraquíes solo pueden ejercer jurisdicción universal después de tipificar los crímenes de guerra, lo cual todavía no está recogido en el código penal del país.
Debido a estas dificultades y, principalmente, a la retirada de tropas estadounidenses del terreno, los países europeos no tienen más opción que contemplar la repatriación. Los defensores de dicha propuesta argumentan que, en términos de seguridad, es más deseable para Europa tener a los yihadistas retornados de vuelta en territorio nacional, pues así será más fácil tenerlos bajo control. Sin embargo, optar por esta opción también supone ciertas complicaciones.
La más elemental de ellas es puramente política: la opinión pública europea está en contra de la repatriación, lo que la hace una medida muy poco atractiva para la clase política. En Francia, por ejemplo, el 82% están en contra de dicha medida. No obstante, este reto palidece frente a la crisis procesal que supondría la llegada de cientos de casos de terrorismo a los tribunales europeos. La carencia de pruebas sustanciales, muy difíciles de conseguir debido a las circunstancias y a la lejanía geográfica, entorpece la instrucción; los jueces terminan viéndose obligados a sentenciar penas mínimas de prisión, aunque consideren que el acusado pueda estar radicalizado y sea de gran peligro para la sociedad. En Bélgica, por ejemplo, la pena media en casos de yihadistas retornados es de cinco años de prisión.
Para contribuir en este proceso y garantizar unas penas más justas, Estados Unidos lidera la operación internacional Gallant Phoenix, que recoge pruebas sobre el terreno como documentos, fotografías, datos informáticos y testimonios de civiles, para documentar los crímenes de Dáesh A pesar de iniciativas como esta, que sin duda suponen una ayuda, la oposición a la estrategia de la repatriación es fuerte. Otro de los argumentos comúnmente empleados es que las cárceles actúan como focos de radicalización, donde los yihadistas retornados ejercen la labor de adoctrinadores y reclutadores. Así, en encarcelamiento pueden suponer igualmente un problema futuro.
Dadas las circunstancias, no sorprende que Europa se oponga a la repatriación. Como vía de escape, Reino Unido ha revocado la nacionalidad a varios combatientes, aquellos que tenían doble nacionalidad o gozan del derecho a adquirir la nacionalidad en otro país. En cambio, esta opción no es viable con aquellas personas que solo disponen de la nacional británica, ya que el estado de apatridia va en contra del derecho internacional. España, que cuenta con entre cuarenta y cincuenta —cifra notablemente inferior a la de otros países vecinos— ha firmado acuerdos con Marruecos para que los detenidos cumplan condena en sus cárceles. Los países europeos están buscando distintas maneras de resistirse a la repatriación de yihadistas mientras Estados Unidos busca convencerles para que cambien su estrategia.
Para ampliar: “Bélgica, corazón del yihadismo europeo”, Blas Moreno en El Orden Mundial, 2017
¿Qué pasa con las mujeres y niños?
Los yihadistas occidentales que buscan volver a casa lo hacen en muchas ocasiones acompañados de sus familias. En otras ocasiones, el hombre cae en el campo de batalla y los menores de edad quedan únicamente acompañados por sus madres, o huérfanos, si estas han fallecido también. Acnur estima que hay unas 11.000 mujeres y niños retenidos en el Kurdistán sirio, dos tercios de los cuales son niños. Así, las mujeres y los menores de edad juegan un papel fundamental en el debate en torno a la repatriación, y suponen también un reto para los Estados europeos.
En lo que concierne a las mujeres, en la mayoría de países europeos el dilema es el mismo que con los hombres. Los servicios de inteligencia insisten en no subestimar el papel de las mujeres, pues argumentan que tienen una gran capacidad adoctrinadora y en algunos casos han recibido entrenamiento militar. Si regresan a territorio europeo serán arrestadas y llevadas ante la justicia, aunque no haya pruebas de que hayan participado en atentados terroristas en Siria o Irak. Esto se debe a que en la mayoría de países se han llevado a cabo reformas de los códigos penales por las cuales la mera intención de querer desplazarse a una zona de conflicto ya supone delito: no es necesario que alguien se capacite ni que cometa un acto terrorista para que sea acusado de terrorismo. Una excepción es Alemania, donde los jueces han dictaminado que aquellas mujeres que hayan viajado a territorio contorlado por Dáesh para acompañar a sus maridos pero hayan permanecido en las casas cuidando de sus hijos no han cometido acto criminal alguno.
Con respecto a los menores de edad, la mayoría de Gobiernos europeos coinciden en que estos deben ser tratados ante todo como víctimas. Esta postura se ve reflejada en el hecho de que, hasta ahora, los hijos de combatientes de Dáesh son el único grupo para el cual los Estados europeos han organizado repatriaciones. A pesar de todo, estas han sido escasas si se comparan con el número total de niños provenientes de la experiencia terrorista que se encuentran retenidos de Siria. Debido a que las FDS no permiten la separación de menores de sus madres si esta va en contra de los deseos de la madre, la mayoría de repatriados hasta el momento han sido huérfanos. Algunos de los países que han llevado a cabo operaciones de este tipo han sido Francia, Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia y Alemania. En el caso de Francia, el más destacable por ser el país europeo con más combatientes en Siria e Irak, se estima que el 75% de los franceses retenidos en campos de refugiados controlados por los kurdos son niños menores de siete años. Una vez en territorio europeo, los menores reciben una atención especializada: los recién nacidos sufren desnutrición o falta de vacunación, y los adolescentes trastornos psicológicos relacionados con el uso desmedido de la violencia. El objetivo es reinsertar a estos niños con traumas en una vida normal y proporcionarles un hogar ya sea con abuelos u otros familiares, o en familias de acogida. Además, los niños retornados son monitorizados durante años.
En conclusión, a día de hoy Europa todavía no tiene una estrategia clara y común para afrontar el problema de los terroristas retornados. Aunque la repatriación sea una medida poco popular, la retirada de las tropas estadounidenses del noroeste de Siria y el conflicto entre turcos y kurdos han reavivado el debate. En un futuro cercano, estos dos factores pueden acabar forzando a los países europeos a comenzar a repatriar combatientes, aunque sea siguiendo una estrategia de caso por caso y en pequeñas cantidades. Europa está entre la espada y la pared: deberá elegir entre hacerse responsables de sus nacionales o asumir que puedan escapar de las cárceles kurdas y vuelvan a reintegrarse en Dáesh. La vía iraquí, que ofrecía una alternativa, parece poco viable a corto plazo.
Para ampliar: “Las guerras también tienen rostro de mujer”, Gemma Roquet en El Orden Mundial, 2019
