El pistoletazo de salida en la carrera por la vacunación mundial se dio en diciembre de 2020. Desde entonces, hay países más ricos que han comenzado su campaña de inmunización y han acordado grandes lotes de vacunas con las farmacéuticas, y países pobres que tendrán que esperar hasta 2022 e incluso 2023 para empezar a vacunar. Estos últimos son también el destino de un gran número de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes irregulares.
La escasez de vacunas pone contra las cuerdas a los Gobiernos, que deben priorizar a unos grupos de población sobre otros mientras esperan el resto de viales. Primero diferenciaron entre personas mayores, de salud delicada o trabajadores de primera línea. Sin embargo, las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la ONU han saltado cuando algunos países han trazado una raya entre nacionales y extranjeros a la hora de vacunar.
Ante esta diferenciación, los medios de comunicación han acuñado los términos “apartheid de las vacunas” o “nacionalismo de las vacunas” para definir el acceso desigual a las dosis entre países o la política de solo vacunar a los nacionales. No se trata solo de un debate moral: controlar la pandemia exige alcanzar la inmunidad global, para lo cual hay que inmunizar al 60 o 70% de la población. Por lo tanto, que existan grupos de población sin inocular supone una amenaza para la salud internacional.
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