La controvertida reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que afectaba a las pensiones y aumentaba los impuestos al sector privado, desató una ola de protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La reacción popular fue tan fuerte que, después de cuatro días de movilizaciones, disturbios y choques violentos, el Gobierno retrocedió y retiró su reforma. Sin embargo, la desproporcionada represión que vino seguida de las protestas hizo que el descontento popular aumentara y sus exigencias cambiaran: ahora reclamaban la expulsión de Ortega del poder. Diversos grupos de la sociedad civil, los movimientos estudiantil y campesino, la oposición liberal, los sectores críticos del sandinismo, el sector privado y la Iglesia se han unido en este empeño y desde abril continúan organizado la resistencia en las calles. Los choques con las Juventudes Sandinistas, los cuerpos paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado han convertido las ciudades de Nicaragua en verdaderos focos de violencia.
Para ampliar: “Vientos caprichosos en Centroamérica”, María Canora en El Orden Mundial, 2018
Bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el 16 de mayo se inició un diálogo nacional con los principales grupos representativos para intentar negociar una salida pacífica al conflicto. Desde su comienzo, el diálogo ha atravesado enormes dificultades y en la actualidad se encuentra suspendido. Las partes no hablan en los mismos términos ni intentan acercar posiciones. Los estudiantes, campesinos y empresarios piden que se adelanten las elecciones y que se prohíba la reelección presidencial, lo que garantizaría la salida de Ortega del poder. El presidente, lejos de contemplar esta posibilidad, se ha aferrado aún más al poder y reclama la lealtad de los allegados al régimen.
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