El 23 de julio de 1999 falleció Hasán II y la corona pasó a su primogénito. Siete días más tarde se celebró la entronización del nuevo rey de Marruecos, Mohamed VI. A partir de ese momento el nuevo monarca desplegó una serie de gestos y decisiones que modificarían muchos aspectos del reinado de su padre y marcarían distancias con su sombrío estilo. Era consciente de que heredar el trono no equivalía a heredar automáticamente la legitimidad carismática que su progenitor había construido durante casi cuatro décadas. En ese sentido, diferenciarse del pasado era fundamental para garantizar su supervivencia política. Aunque también podría leerse como una motivación personal, una necesidad intrínseca producto de aquellas tensiones constantes con el viejo rey.
Uno de sus primeros movimientos fue golpear directo al corazón del aparato represivo heredado: la destitución de Driss Basri, todopoderoso ministro del Interior desde 1979. Basri había sido el administrador de los asuntos internos del régimen, lo que incluía supervisar las fuerzas de seguridad, el control territorial y la temida policía política de Hasán II. En otras palabras, era la mano derecha del fallecido monarca y una de las piezas claves de los años de plomo. Su caída enviaba una señal inequívoca de cambio.
Al mismo tiempo, Mohamed VI inició una serie de viajes a regiones históricamente castigadas por el régimen, entre ellas el Rif. Con ello trataba de restaurar la confianza y enviar un mensaje a sectores largamente marginados, incluidos los amaziges o bereberes, la población autóctona del norte de África anterior a la arabización y todavía muy relevante en Marruecos, aunque durante décadas relegada cultural y políticamente por el centralismo del Estado. Su lengua, su identidad y sus reivindicaciones habían sido con frecuencia tratadas como un problema antes que como una parte constitutiva del país. Esto fue el puntapié inicial de una narrativa que el propio Mohamed VI abrazó con entusiasmo: la llegada del rey de los pobres.
La operación era políticamente inteligente. Se trataba de su oportunidad para firmar un contrato simbólico con la sociedad marroquí basado en la imagen de un monarca joven, cercano, que era sensible a los problemas estructurales que habían potenciado la desigualdad. A diferencia de su padre, él se mostraba atento y comprometido con los problemas de la gente; estaba convencido de introducir reformas políticas, sociales y económicas para revertir la situación. Esa promesa empezó a tomar forma en proyectos de infraestructuras que incluían autopistas, modernización portuaria y obras públicas que ofrecían una imagen de dinamismo y de transformación material.
Pero la voluntad de ruptura tenía también una raigambre biográfica muy relevante. La necesidad de no parecerse a su padre se hacía visible incluso en gestos que pertenecían a la esfera privada. Su matrimonio con Salma Bennani, en 2002, fue ejemplo de ello. La presentación pública de su esposa contrastaba con el hermetismo que había rodeado la vida de su padre. Y eso fue solo el principio. Salma, ingeniera de formación, aparecía en los actos oficiales sin velo y representaba el desafío al tradicionalismo marroquí, al mismo tiempo que proyectaba una imagen de modernidad cuidadosamente construida. Marruecos quería mostrarse, al menos ante Europa y ante sus socios occidentales europeos, que Mohamed VI consideraba relevantes en aquel momento, como un país capaz de conciliar tradición y apertura.
Otra medida de gran impacto en aquella primera fase reformista fue la liberación o reducción de las condenas de más de 45.000 presos políticos, junto con el regreso de los exiliados de los años de plomo, como Abraham Serfaty o la familia del desaparecido Mehdi Ben Barka. Esta apertura incluía a líderes islamistas relevantes, como Abdeslam Yasín, quien llevaba once años de arresto domiciliario.
El corolario de esa etapa llegó en 2004 con dos decisiones de enorme carga histórica: la constitución de la comisión Instancia de Equidad y Reconciliación (IER) y la reforma de la Mudawana, es decir, el Código de Familia.
Ambas fueron trascendentales para el gran cambio que proponía Mohamed VI. La comisión IER fue una iniciativa pionera en el mundo árabe que se encargó de documentar oficialmente los crímenes del terrorismo de Estado ejercido por el gobierno de Hasán II, que incluyeron más de 17.000 violaciones graves de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999. Esto dio lugar al establecimiento de indemnizaciones económicas para las víctimas, pero sobre todo fue la piedra fundamental de una política de memoria histórica y reconocimiento sin precedentes.
Por su parte, la Mudawana representó el avance jurídico más significativo del reinado en términos de liberalización y promoción de la igualdad. La reforma eliminó, entre otros puntos, el matrimonio infantil, ya que elevó la edad mínima de quince a dieciocho años, restringió la poligamia y reconoció el derecho de las mujeres a divorciarse sin el consentimiento del esposo. Ahora bien, conviene matizar que no abolió por completo el matrimonio de menores, ya que dejó abierta la puerta a excepciones autorizadas por jueces. El impacto de las medidas generó controversia y una esperable resistencia entre los sectores conservadores religiosos.
El rey de los pobres había logrado en su primer lustro cambios impensables apenas unos años atrás. Eran reformas reales, con consecuencias tangibles en la vida de su gente. Sin embargo, no constituían una revolución. Y precisamente en esa distancia entre lo que cambiaba y lo que permanecía intacto empezaba a asomar la existencia de un germen autoritario latente, porque Marruecos podía reformarse siempre y cuando no se pusiera en cuestión el núcleo del poder monárquico.
El germen autoritario
Mohamed VI parecía decidido a liberar a Marruecos del oscurantismo de los años de plomo desde diversos aspectos, aunque todos con el objetivo de alimentar a la misma narrativa: el advenimiento del rey de los pobres, de los perseguidos, de los desoídos. Su reinado sería diferente. No obstante, en todos aquellos gestos y decisiones políticas yacían resquicios del viejo autoritarismo.
Bajo la superficie reformista se podían entrever continuidades importantes con el régimen anterior. Surgía así un autoritarismo latente, más contenido en las formas, que generaba inquietudes sobre el rumbo que tomaría esta nueva etapa. La Instancia de Equidad y Reconciliación, por ejemplo, tenía prohibido mencionar expresamente al rey Hasán II como responsable de los crímenes investigados. Tampoco estaba autorizada a investigar casos de violaciones de derechos humanos cometidas posteriormente a la coronación de Mohamed VI. Asimismo, los archivos permanecieron bajo un estricto control estatal y nadie fue llevado ante la justicia. La medida parecía, así, menos una verdadera rendición de cuentas contra las atrocidades del terrorismo de Estado que un mecanismo de relegitimación de la monarquía, que le permita limpiar sus antecedentes y con ello liberarse del pasado sin alterar el núcleo del poder. Esa limitación no era menor. Al no existir un proceso judicial completo ni una depuración real de responsabilidades, muchos de los factores de poder formados durante los años de plomo pudieron adaptarse a la nueva etapa sin sentirse verdaderamente amenazados. El sistema cambiaba de lenguaje, pero no necesariamente de lógica.
En términos de poder efectivo, además, el rey nunca se interesó por reducir el poder que le confería la Constitución, especialmente a través de su artículo 19, que lo consagraba como autoridad política y religiosa suprema. Su influencia sobre el poder judicial, su condición de árbitro último de la vida pública y la reducción práctica de las instituciones políticas a meros cuerpos administrativos que apenas se limitaban a obedecer los designios del monarca no se modificaron en absoluto. Era evidente que Mohamed VI había impulsado reformas importantes y había abierto espacios inéditos de liberalización social y simbólica.
El problema era que aquella liberalización no representaba una democratización. Había una nueva fachada, moderna, más empática, con gestos hacia sectores vulnerables, pero los cimientos se sostenían. Porque la estructura del poder seguía concentrada, blindada y apenas fiscalizable. Y en esa constelación de factores era esperable que el relato se agotara.
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