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Del Ejército a asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse en julio de 2021. Esta fue la trayectoria reciente de una veintena exmilitares colombianos que la empresa CTU Security, del venezolano Antonio Intriago en Miami, contrató para realizar “tareas de seguridad” en República Dominicana. La investigación policial apunta al doctor y pastor evangélico haitiano Emmanuel Sanon, que habría buscado sus servicios para un golpe de Estado. Pero el plan terminó con el presidente asesinado, tres mercenarios abatidos, cinco huidos y los demás encarcelados. Además, la Policía haitiana detuvo a Sanon y a exfuncionarios, empresarios y ciudadanos de varios países presuntamente relacionados con un crimen todavía irresuelto.
Los excombatientes habían recibido la oferta inicial por internet. Un encargo por 2.700 dólares al mes, lejos de los 350-400 que perciben como pensión de retiro, volvió a mostrar un negocio made in Colombia: la exportación de soldados, especializados en contrainsurgencia y mano de obra barata. Según el propio Pentágono, algunos habían sido entrenados en Estados Unidos, siguiendo la estela del Plan Colombia, un acuerdo bilateral multimillonario impulsado en 1999 para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Aún después del acuerdo de paz con las FARC, el Estado colombiano destinó más de 9.000 millones de dólares para gastos militares en 2020. Y aunque está reduciendo el segundo mayor Ejército de América Latina, no ofrece ayudas solventes al personal recién retirado, que en muchos casos se decanta por la seguridad privada o el paramilitarismo dentro del país, o por el mercenariado en el exterior.
Un retiro incierto
Colombia retira cada año entre 10.000 y 15.000 militares para adelgazar un Ejército que estuvo muy nutrido durante la guerra contra las FARC. El país llegó a importar mercenarios en los años ochenta y noventa a través de empresas para fortalecer y desarrollar grupos de autodefensa. El israelí Yair Klein, por ejemplo, fue acusado de entrenar grupos pa...
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