De media, los ciudadanos de la Unión Europea pagan de su bolsillo el 14,4% de los gastos derivados de proteger su salud, o lo que es lo mismo, 471 euros al año, según datos de Eurostat de 2020. Es lo que se conoce de forma genérica como copagos, los costes que debe asumir el paciente por recibir servicios sanitarios o comprar medicamentos cuyo precio no es sufragado totalmente por el sistema público o el seguro privado de salud.
Estimar su volumen ayuda a analizar la cobertura y la accesibilidad de la atención sanitaria en un país determinado, así como poner a prueba la universalidad de la que presumen muchos sistemas nacionales de salud. En España, por ejemplo, donde el 100% de la población debería estar cubierta por la sanidad pública desde 2018 pero en la práctica las personas sin papeles siguen desprotegidas, los ciudadanos pagan de su bolsillo el 19,6% de los gastos sanitarios. Ahí se incluyen, por ejemplo, los medicamentos o las prótesis ortopédicas.
Por lo general son los países del este y el sur de la Unión Europea los que afrontan más copagos, con Bulgaria ―35,5%―, Grecia ―33,4%― y Letonia ―31,9%― a la cabeza. Por el contrario, Luxemburgo ―8,4%―, Francia ―8,9%― y Países Bajos ―9,3%― son los Estados miembros de la Unión Europea donde los pacientes asumen menos copagos sanitarios directos. Eso no quiere decir claro que no paguen por el resto de servicios o que reciban una atención más barata. De hecho, estos tres países son los que presentan algunas de las tasas de cobertura de seguros privados más altas de la Unión, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La razón es que su sistema de salud público descansa sobre mutuas no gubernamentales de carácter obligatorio, financiadas a través de contribuciones de empleadores y empleados y con una cartera de servicios limitada, exigiendo en algunos casos que los pacientes paguen por adelantado, como en Francia. Es por eso que en los esquemas mutualistas ―conocidos también con el nombre de modelos Bismarck― más básicos muchos ciudadanos optan por la sanidad privada para evitar copagos y vacíos asistenciales. Precisamente por esta razón es importante tener en cuenta que algunas tasas de copago bajas a nivel nacional pueden esconder pagos directos desproporcionados por parte de grupos de población que no se pueden permitir un seguro privado.
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Del mismo modo, la alternativa a ese modelo, los servicios nacionales de salud o sistema Beveridge, financiados a través de los presupuestos generales del Estado, no tiene por qué acarrear mayores copagos, sino que depende de su grado de cobertura. Dinamarca y Suecia, por ejemplo, se rigen por este modelo, pero a diferencia de España han decidido entre otras cosas subvencionar parcialmente la asistencia dental, dando lugar a tasas de copago por debajo de la media europea.
Según cifras de la OCDE de 2016, más de dos tercios de los gastos que pagan los pacientes directamente de su bolsillo se destinan a sufragar productos farmacéuticos ―36%―, atención dental ―17%― y asistencia ambulatoria ―16%―. Lo que se desconoce es la cantidad de pacientes que abandonarán el proceso de diagnóstico o tratamiento de una enfermedad por culpa de esa barrera económica.
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