La ubicación geográfica es a la vez la condena y la gran oportunidad del sistema energético español. Por una parte, la peninsularidad convierte a España en una isla eléctrica dentro de Europa, solo unida al resto del continente mediante Francia y con un nivel de interconexión eléctrica con el resto de socios comunitarios que apenas abarca un 6,5% de su producción, lejos del 15% que plantea la Comisión Europea. Por otro lado, su cercanía con el norte de África y su privilegiado enclave marítimo, en la conjunción del mar Mediterráneo con el océano Atlántico, abren nuevas rutas de abastecimiento para una Unión Europea que no cuentan con grandes yacimientos de combustibles fósiles y que arrastra una fuerte dependencia del gas ruso.
De hecho, la idea de hacer de España el hub gasístico de Europa sonó con fuerza durante varios años —el Oxford Institute for Energy Studies llegó a publicar un informe en 2019 titulado Un hub para Europa: ¿la promesa ibérica?—. Y es que, en la práctica, la Península Ibérica ha funcionado siempre como un mercado de gas al margen del europeo, con un sistema de fijación de precios distinto. ¿La razón? A diferencia del resto de socios comunitarios, en Portugal y en España la mayor parte del gas no llega a través de gasoductos, sino de barcos.
Es lo que se conoce como gas natural licuado (GNL), combustible que ha sido procesado para ser transportado en forma líquida y que tiene un volumen hasta 600 veces inferior que el gas normal. Este tipo de combustible, que en España supone el 60% del suministro total de gas, necesita ser regasificado para poder ser inyectado en la red de transporte. Y ahí España también guarda una gran baza: seis de las 24 regasificadoras o terminales de importación que existen en la UE están en España, que además tiene otra en estado de hibernación pero cuya reactivación se producirá muy probablemente a lo largo de 2022.
España también cuenta con una potente red de almacenamiento, tanto en las propias regasificadoras como e...
