Cerca de 60 millones de personas dependen para comer, comerciar y desplazarse del río Mekong, la segunda vía fluvial con más biodiversidad y el mayor caladero interior del mundo. El arroz que se cultiva en su ribera alimenta directamente a otros 300 millones, cinco veces más que la población que habita su cuenca. Y a pesar de ello, el río que vertebra el sudeste asiático está siendo cercenado por presas hidroeléctricas que ponen en peligro su ecosistema y su agricultura.
China es el principal culpable: Pekín ya ha construido once embalses sobre el tramo del Lancang ―nombre que recibe el río en el gigante asiático― que discurre a lo largo de su territorio y planea construir otros ocho. Y en Laos sus empresas están financiando al menos cuatro presas más, según los datos de Mekong Dam Monitor.
La generación de energía limpia es aparentemente la motivación principal, pero no la única. Detrás de la hidropolítica del noveno río más largo del mundo también se esconde un intento de China por ganar influencia en la región. Al fin y al cabo su nacimiento y por tanto la llave de paso para que el agua fluya río abajo se encuentran dentro de sus fronteras, una herramienta de presión que podría desatar crisis alimentarias de gran calado en caso de conflicto. Es un caso similar al de la presa del Gran Renacimiento etíope en el Nilo.
En 2016, por ejemplo, los países ribereños del Mekong tuvieron que pedir a China que liberara más agua de sus presas para aliviar una gran sequía que estaba provocando incendios en torno al lago camboyano de Tonlé Sap e interrupciones generalizadas en la producción de alimentos. Más tarde, en 2019, la presa de Jinghong abrió sus compuertas por razones de mantenimiento y arrasó cultivos y caladeros, mientras que al cerrarlas causó el efecto contrario y provocó que el caudal del Mekong cayera a su nivel más bajo del último siglo. En ambos casos Pekín accedió a las súplicas de sus vecinos y abrió el grifo, pero puede no hacerlo en un futuro.
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