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¿Impunidad para los crímenes internacionales?

¿Impunidad para los crímenes internacionales?
Fuente: Cultura Genial

La situación en Myanmar, Siria y Yemen forma parte de una de las peores crisis humanitarias de la década. Ahora que parece que estos conflictos pueden llegar a su fin, toca sumar fuerzas para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos durante estas contiendas.

Asesinatos, torturas, desapariciones forzosas, secuestros, detenciones arbitrarias, trato degradante, ejecuciones sumarias, violaciones en grupo y otras formas de violencia sexual forman parte de la extensa y estremecedora lista de delitos cometidos en el contexto de los conflictos en Siria, Yemen y Myanmar. Las escalofriantes cifras de las consecuencias de estas guerras proporcionan un cuadro sobre la magnitud de la crisis a la se enfrenta ya no solo la ONU, sino toda la humanidad. En Siria hay alrededor de medio millón de muertos y más del 65% de la población ha tenido que desplazarse, la persecución de los rohinyás en Myanmar ha provocado más de 10.000 muertes y la huida en masa de 725.000 personas a Bangladés y en Yemen la guerra ha resultado en al menos 70.000 muertos y tres millones de desplazados.

Hasta la fecha, la rendición de cuentas ha permanecido esquiva por la politización de la justicia en estos países, a lo que tratan de responder diversas herramientas que ofrecen los Estados y la comunidad internacional para enjuiciar a los responsables de estos crímenes. Ciertamente, la ausencia de justicia en estos países en los últimos años ha favorecido las violaciones reiteradas de los derechos humanos y la comisión de otros delitos. Por este motivo, es indispensable el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes, no solo para aliviar el dolor de las víctimas y castigar a los culpables, sino para evitar que estos crímenes se vuelvan a repetir en el futuro.

Cómo se pueden procesar es quizá la primera pregunta que resolver. El Derecho penal internacional distingue cuatro tipos de crímenes internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión —juzgado únicamente en los juicios de Núremberg y Tokio como “crimen contra la paz” y activado por la Corte Penal Internacional (CPI) en julio de 2018—. Aunque desde el punto de vista jurídico no existe una escala que dicte qué crimen es más grave, el genocidio está considerado el crimen más atroz por su propia naturaleza: “la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Para ampliar: “Cuando el genocidio acaba con la cultura”, Eduardo Saldaña en El Orden Mundial, 2015

Según los indicios recabados por la ONU, los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil en Siria, Myanmar y Yemen mediante el asesinato, la deportación o la violación indican que estos delitos podrían ser enjuiciados como crímenes de lesa humanidad. Además, muchos de estos delitos —y otros, como la toma de rehenes, el saqueo o el ataque a civiles u otros objetos protegidos por el Derecho internacional humanitario— podrían equivaler también a crímenes de guerra, ya que todo parece indicar que tuvieron —y tienen— lugar como parte de un plan a gran escala. Será más difícil demostrar, sin embargo, que la deportación de los rohinyás pueda equivaler al crimen de genocidio. Aunque la ONU lo ha calificado como tal, la tarea de probar la intención de destruir —total o parcialmente— a los rohinyás será complicada. En cambio, existe cierto consenso respecto a que las actuaciones del Dáesh contra los yazidíes en el norte de Irak y Siria en el verano de 2014 suponen un genocidio.

El hecho de que la gran mayoría de estos crímenes estén siendo perpetrados por las autoridades de estos países indica que los tribunales nacionales serán reacios a llevar a cabo una investigación imparcial y fidedigna para castigar a los responsables. Los esfuerzos de la comunidad internacional para condenar la impunidad proporcionan, no obstante, una vía alternativa para el procesamiento de estos crímenes, como son la CPI o la creación de tribunales ad hoc —al modo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia— y el procesamiento en tribunales extranjeros mediante la aplicación del principio de la jurisdicción universal.

La primera de estas alternativas se mantiene bloqueada para Siria y Yemen hasta la fecha, ya que ninguno de estos Estados forma parte del Estatuto de Roma de la CPI, hecho imprescindible para iniciar una investigación ante ella. La ventana de oportunidad que podría ofrecer la remisión del caso a la CPI a través del Consejo de Seguridad de la ONU tampoco es viable de momento: Rusia y China ya vetaron un intento de resolución para Siria iniciado por Francia en mayo de 2014 y volverían a repetirlo si se plantease otra resolución. En el caso de Yemen, aunque no se ha producido ningún intento de resolución, es más que probable que Rusia o Estados Unidos ejerzan su poder de veto y bloqueen cualquier resolución. Por otro lado, la creación de tribunales ad hoc afrontaría el mismo obstáculo, ya que su creación debería surgir de una resolución del Consejo de Seguridad.

Para ampliar: “Pulso de fuerzas sobre Siria”, Andrea Moreno en El Orden Mundial, 2018

La deportación de los rohingyás a Bangladés, en cambio, se encuentra en la fase preliminar de la CPI, pese a que Myanmar no es un Estado firmante del Estatuto de Roma. La jurisdicción de la CPI en este caso se debe a la naturaleza del crimen de la deportación, que no se completa hasta que la víctima no ha cruzado la frontera de un país. El hecho de que las deportaciones tuvieran lugar hacia Bangladés, un Estado signatario del Estatuto de Roma, explica la jurisdicción de la CPI para este caso.

La obstrucción a la justicia por la vía nacional e internacional ha provocado que las víctimas de estos crímenes busquen rendición de cuentas en tribunales extranjeros siguiendo el principio de la jurisdicción universal. En Alemania, Suecia y Francia se han abierto procedimientos judiciales contra miembros de las autoridades sirias y facciones de la oposición. Sin embargo, muchos de los procesados hasta ahora son de bajo rango, mientras que los altos cargos permanecen a la fuga o en refugios seguros en sus países. Es necesario, como dicta el Derecho penal internacional, que la responsabilidad penal se extienda más allá de los que aprietan el gatillo y llegue hasta los líderes, incluida la cúspide política de los Estados que participan en los conflictos en Siria, Myanmar y Yemen.

Un buen ejemplo de esto es la denuncia presentada en un juzgado de Buenos Aires hace escasas semanas contra el príncipe heredero y ministro de Defensa saudí, Mohamed bin Salmán, como responsable de presuntos crímenes de guerra en Yemen y torturas en el caso Khashoggi. Aunque sería atrevido vaticinar su entrada en prisión, de prosperar esta demanda, sus viajes internacionales podrían verse afectados, como ya lo fueron para el presidente de Sudán, Omar al Bashir, que se encuentra en busca y captura por presunto genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, Arabia Saudí no tiene el mismo peso político que Sudán en el tablero geopolítico mundial.

El caso más susceptible de prosperar es el de Myanmar —aunque habrá que esperar al a veces engorroso y lento procedimiento de la CPI—, siempre y cuando el principal socio de Myanmar, Pekín, no se entrometa en los intereses de la justicia. El caso sirio es el más difícil de pronosticar; todo parece indicar que la rendición de cuentas seguirá desarrollándose en tribunales extranjeros hasta que no se llegue a un acuerdo para poner fin a la guerra en el país.

Para ampliar: “La utopía de una Corte Penal Internacional”, Blas Moreno en El Orden Mundial, 2018