El pasado 15 de noviembre los bomberos y sanitarios de la francesa isla caribeña de Guadalupe llamaban a movilizarse contra la obligación de vacunarse para ejercer. La huelga pronto degeneró en la mayor crisis social de la década. Coches y edificios incendiados; supermercados, tiendas de telefonía, joyerías y una armería saqueados; policías apedreados, y tiroteos con manifestantes son solo algunos hitos.
Una semana después, el desorden se había contagiado en la isla hermana de Martinica, donde sesenta personas asaltaron una gendarmería con artefactos incendiarios. Las barricadas paralizaron el tráfico y bloquearon hospitales y colegios. Los autores de los piquetes —hombres en su mayoría— pedían de cinco a veinticinco euros como peaje y chantajeaban a las mujeres con que pagasen en favores sexuales. El bloqueo del puerto vació farmacias, supermercados y gasolineras de una isla que depende de las importaciones francesas.
París reaccionó con la estrategia de la zanahoria y el garrote. Por un lado, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, desplazó a Guadalupe doscientos policías y gendarmes, incluyendo efectivos de élite que históricamente han actuado para aplastar rebeliones en ultramar. Además, el toque de queda sanitario —aplicado desde el 30 de julio en las islas, pero inexistente en la Francia europea—, dio paso a otros más restrictivos, desde las 18:00 horas. El 1 de diciembre, Darmanin se jactaba de que, con más de 150 detenciones, “el orden republicano [había] sido afirmado”. Por otro lado, el ministro de Ultramar, Sébastien Lecornu, mencionaba la autonomía de Guadalupe en una visita relámpago y el Gobierno aplazó la vacunación obligatoria hasta el 31 de diciembre en ambas islas.
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