Grecia vuelve a respirar. Ocho años y tres rescates —2010, 2011 y 2015— más tarde, Ítaca comienza a perfilarse en el horizonte heleno. El pasado 22 de junio los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo decidieron poner finalmente un punto y aparte al estricto control que hasta ahora se venía ejerciendo sobre el Gobierno de Syriza, liderado por Alexis Tsipras. “La crisis griega se acaba aquí, esta noche, en Luxemburgo”, sentenciaba Pierre Moscovici, comisario de Finanzas de la Unión Europea. Su optimismo, aunque para algunos un tanto grandilocuente, estaba justificado: el acuerdo alcanzado en el Consejo permitirá que Grecia abandone a partir del próximo 20 de agosto su tercer rescate financiero y comience a disfrutar de una mejora en los plazos y condiciones de financiación de su deuda. Ello hará que su devolución resulte más sostenible, con un mayor margen de maniobra económica para el Gobierno griego tras años de austeridad implacable.
Sin embargo, no conviene echar las campanas al vuelo. El férreo tutelaje económico dará paso a partir de ahora a una “vigilancia reforzada” con controles trimestrales en la que la troika formada por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional seguirá supervisando las reformas del Ejecutivo durante, al menos, una década. A Grecia le queda mucho camino por andar y, sobre todo, muchos estragos que reparar. Con una tasa de desempleo ligeramente superior al 20%, un crecimiento económico que no termina de despegar —inferior al 2% anual— y una deuda pública cercana al 180% del PIB nacional, la situación financiera griega se encuentra lejos aún de normalizarse. No en vano, el país ha perdido una cuarta parte de su PIB, las pensiones públicas de sus ciudadanos han caído un 45%, los ingresos de las familias se han desplomado en casi un 40% y las tasas de desempleo entre los jóvenes han llegado al 50% en los últimos años. Ello ha provocado la emigración de decenas de miles de jóvenes Ulises en busca d...
