Los servicios de inteligencia son imprescindibles para prevenir y luchar contra el terrorismo, los ciberataques o el crimen organizado. Para lidiar mejor contra estos desafíos transnacionales, los países han tomado conciencia de que necesitan intercambiar inteligencia para detectar tendencias de radicalización, desarticular redes delictivas o monitorizar a potenciales terroristas.
Sin embargo, los Estados aún son reticentes a colaborar, pues revelar fuentes, bases de datos o información sensible puede poner en riesgo la seguridad nacional y, para la Unión Europea, la estabilidad del bloque. Además, los casos de espionaje de Estados Unidos a líderes de la Unión con apoyo de ciertos Estados miembros está dañando la confianza entre aliados.
La UE no tiene servicio de inteligencia propio ni una organización que integre a las agencias nacionales, como sí hace en otros ámbitos políticos y económicos en los que los países delegan competencias a Bruselas. Los tratados europeos establecen que la seguridad nacional es tarea de los Estados, lo cual, sumado a los recientes escándalos de espionaje estadounidense, hace que la creación de una agencia de inteligencia europea parezca una quimera.
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