El gasto social en la OCDE - Mapas de El Orden Mundial - EOM
Gasto social en relación al PIB en países de la OCDE

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El gasto social en la OCDE

Descripción del gráfico

El gasto o inversión social hace referencia a todos los recursos económicos que el Estado destina a lograr una igualdad de oportunidades y una calidad de vida mínima entre todos sus ciudadanos, poniendo especial énfasis en los hogares de bajos ingresos, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados y jóvenes. Así, entre las necesidades básicas que trata de cubrir el gasto social figuran la alimentación, la salud básica, la educación, la justicia o la vivienda. Las ayudas, sin embargo, no tienen por qué llegar únicamente en forma de prestaciones en efectivo, sino que también puede tratarse de bienes y servicios en especie o exenciones fiscales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) expresa el gasto social como un porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB). Para su cálculo tiene en cuenta cualquier inversión con un fin social, pública o privada, incluyendo el impacto de los impuestos directos e indirectos y las exenciones tributarias. Según sus datos de 2018, Francia es el país miembro de la OCDE que más recursos destina al gasto social, con más de un 31% del PIB. La mayoría de los Estados que conforman la Unión Europea reflejan un gasto superior al 20%, con la excepción de Países Bajos, donde, al contrario que el resto de países, el gasto social no creció al mismo ritmo que el PIB. Estados Unidos, Corea del Sur, Chile y México también destinan menos de una quinta parte de su PIB a fines sociales.

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En las últimas décadas el gasto social ha ganado importancia en los presupuestos de los diferentes Gobiernos ―en España pasó de alrededor de un 4% en 1965 a un 24% a comienzos de siglo―, pero la crisis económica de 2008 frenó el aumento de la inversión social, sobre todo en el sur de Europa. Ahora, con la pandemia causando estragos entre las clases más humildes, este tipo de gastos se antojan extremadamente necesarios, aunque el debilitamiento de las arcas públicas compromete la inversión social.

La desigualdad antes y después de impuestos

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