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“La conquista de la plaza. Crimen organizado en México”, por Jéssica Cohen y José María Blanco

MADRID – El crimen organizado en México afecta a la estabilidad estatal, potenciando la fragilidad de sus instituciones, en una continua espiral de causas y efectos. En el momento actual resulta limitativo condicionar el análisis de este fenómeno a la mera acción de los cárteles o al lucrativo negocio del narcotráfico, pese a que el término narco permanezca imbatible en el día a día del país azteca.

El poder de la criminalidad organizada mexicana obedece a su penetración en cinco dimensiones clave: el territorio, las instituciones –políticas, policiales, judiciales, penitenciarias-, la economía, la sociedad y la cultura.

Dicho esto, hay que destacar que México está muy lejos de ser un estado fallido, ni siquiera un estado frágil, siendo la decimoquinta mayor economía del mundo según datos del Fondo Monetario Internacional actualizados a finales de 2015. Pero sí presenta múltiples debilidades que condicionan su contexto de seguridad: como la pobreza (50% de la población vive bajo el umbral internacional de pobreza según el Banco Mundial, 2015); la desigualdad (según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 2013 México ocupó el puesto 105 sobre 137 países, con un coeficiente de Gini de 0.472); la corrupción sistémica (puesto 95 sobre 168 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015) y la grave impunidad (en el puesto 58 sobre los 59 países analizados –aquellos que disponen de estadísticas de seguridad– por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, en 2015).

Como aliciente a esta situación, México está siendo testigo de una mutación de la criminalidad organizada que opera en su territorio, con el creciente nacimiento de múltiples organizaciones, de menor tamaño y heterogénea criminalidad, en detrimento de la tradicional hegemonía de los grandes cárteles de la droga. Un informe emitido a finales de 2015 por la Procuraduría General de la República mexicana (PGR) señalaba que en sus 32 estados operan cerca de 88 organizaciones delictivas identificadas.

Causas de la fragmentación del crimen organizado

 Si bien hay autores que se inclinan por la utilización del término balcanización, su uso, generalmente encuadrado en el ámbito geoestratégico, obedece a una fragmentación del territorio en partes independientes y opuestas entre sí, cualidad que, atribuida al crimen organizado mexicano, sería demasiado pretenciosa. Tras este inciso, hablar de la actual fragmentación requiere hacer uso de un nutrido abanico de variables y factores que pueden ser tratadas en tres grandes bloques, aún a expensas de resultar una simplificación excesiva:

  • El descabezamiento

Líderes históricos de los cárteles han sido abatidos o detenidos desde mediados de los años 90, en lo que se puede entender como una acción de éxito policial, militar y de inteligencia, pues la detención de criminales es una de las obligaciones principales de un estado de derecho. Muchos de ellos fueron herederos directos o indirectos, en sagas familiares, del famoso reparto del negocio criminal que tuvo lugar en reunión en Acapulco en 1989, dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de Jefes”, y que llevó a una cruenta guerra entre las diferentes facciones.

El ya citado informe de la PGR señalaba que en la actualidad son nueve los cárteles  operativos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Golfo, Tijuana, Beltrán Leyva, Juárez, Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Según analistas como Guillermo Valdez Castellanos, que fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sólo los de Sinaloa y Jalisco mantienen cierta hegemonía, en un mapa actual de liderazgos más locales y menos regionales o globales.

  • La rivalidad

Desde 1989 se vienen librando intensas guerras entre los cárteles por el control de plazas, entendidas estás como el territorio de los estados o subregiones en su conjunto, ocasionando un elevadísimo número de víctimas, desapariciones y desplazamientos, así como vulneraciones de derechos humanos en su persecución. Esta situación se acrecentó en el 2001, cuando Vicente Fox acabó con la hegemonía política del PRI al frente de la nación. Una democratización de la esfera política, que introdujo nuevos actores en el sistema, acabando con la función de árbitro del PRI, y relanzando la guerra por el control del tráfico. La aparición de Los Zetas llevó a lo que se denominó cárteles de tercera generación, con proliferación de acciones paramilitares, con material bélico y con acceso a sistemas de comunicaciones avanzadas.

  • Ausencia de alternativas en el entorno local

Mientras la acción gubernamental se ha centrado en una dimensión eminentemente policial y militar dirigida a combatir las caras visibles de los grandes cárteles, sus estructuras, las fuentes de financiación, la droga procedente del sur, la entrada de armas por la frontera norte y las raíces de fondo de la delincuencia mexicana han resultado ilesas.

Es, en este escenario, en el que fenómenos como la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades cobran fuerza y hacen más vulnerables los entornos urbanos y locales, en los que, ante la búsqueda de respuestas, se encuentra a instituciones municipales corruptas. Ante esta precariedad y ausencia real de un estado de derecho eficaz, las organizaciones criminales no encuentran dificultades para captar a nuevos miembros.

El ejemplo de Colombia

Tras la muerte de Pablo Escobar, líder del cártel de Medellín, se produjo un cambio profundo en el narcotráfico del país, en un proceso de ruptura y diversificación de grupos.

Como consecuencia de dicho vacío en los espacios de control criminal, dominados tanto por los cárteles de Medellín y de Cali, surgieron multitud de células, conocidas como los “cárteles boutique”, con un ámbito de actuación mucho más local y actividades criminales más diversificadas. Proceso también conocido como “Bacrim”, o bandas criminales emergentes, término acuñado por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Estos grupos pueden tener alianzas con grupos mayores, de dimensión estatal, como sucedía en Colombia con las FARC, ELN o EPL. Algunas de estas bandas han evolucionado, logrando una gran expansión territorial, incluso internacional, como el Clan Úsuga, de carácter narcoparamilitar, que actúa a modo de de  franquicia o red de pequeños grupos independientes, pero muchas otras han ido debilitándose, caso de Los Paisas o Los Rastrojos. La debilidad de unos, y la anexión de varios de ellos a Los Urabeños, nombre por el cual también se conoce al Clan Úsuga, ha disminuido la violencia por el control territorial.

Siendo interesante la comparación entre la situación de México y Colombia es preciso no dejar de lado las condiciones particulares de cada uno de los países, geográficas e históricas, y la existencia de fenómenos de violencia política específicos en cada país, como las guerrillas y los paramilitares en el caso de Colombia.

Evidencias del proceso de fragmentación de la criminalidad organizada mexicana

Confluyen en el territorio, y en sus distintas dimensiones, estructuras clásicas junto a nuevos y crecientes formatos, como son:

  • Brazos armados autónomos

La creciente militarización interna de los cárteles, ya iniciada a mediados de los 90, ha derivado inicialmente en bandas paramilitares afines al grupo raíz, pero independientes en sus objetivos. Actualmente los grandes cárteles están dotando a sus bandas locales de arsenal suficiente, estrategia de control de rutas y distribución de drogas y dejan a su libre elección, como fuente de financiación extra, la realización de extorsiones, secuestros, asaltos u otras actividades como es el robo de hidrocarburos, tendencia al alza durante los últimos tres años en todo el país. Algunas de estas bandas siguen actuando a modo de brazos armados de los carteles, quienes, bien fruto de nuevas estrategia de control del territorio, como es el caso del Cártel del Pacífico en áreas de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Jalisco, o bien por incapacidad de mantener a sus miembros bajo las directrices centrales, tienden a ganar independencia en sus acciones, aún recibiendo de estas la dotación militar necesaria para sus acciones, como son cohetes antitanques, lanzacohetes, lanzamisiles, granadas de fragmentación y una lata variedad de fusiles y subfusiles de asalto, revólveres y otras armas.

Ejemplo de estos últimos son los Matazetas, actualmente conocidos bajo el nombre de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Con un largo historial de empleo de tácticas terroristas en contra de la población civil, políticos de todas las facciones y fuerzas de seguridad, es uno de esos brazos armados que acabó divergiendo del control de su creador, el Cártel del Pacífico. Como añadido ha dado lugar posteriormente, ayudados por la existencia de lazos familiares, a Los Cuinis, posiblemente la organización de narcotraficantes más acaudalada del mundo según datos del Tesoro de Estados Unidos y la DEA.

  • Las maras

Bandas compuestas por miembros de maras u organizaciones criminales de terceros países que se han asentado en el territorio. Como ejemplo destaca la creciente presencia de la Mara Salvatrucha (MS13). Ya a inicios de los 2000 miembros de la mara Salvatrucha y guerrilleros procedentes de los grupos insurgentes colombianos pasaron a formar parte del brazo armado del Cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de “El Chapo”.

Sin embargo, desde el año 2014 sus posiciones en el país azteca se han fortalecido, ayudadas por la crisis migratoria que entonces repuntaba. En la actualidad estas ostentan el control de las rutas migratorias en los estados del sur, ampliado sobremanera sus acciones en el estado de Chiapas donde, además de estas acciones, proliferan los asaltos y una amalgama de delitos violentos. Una situación no excepcional si se tiene en consideración que la actual llegada de cocaína a EEUU no se puede entender sin conocer el papel que en ella cumple, por ejemplo, la MS13. Una pandilla que, si en algo es experta, es en la infiltración en el tejido social local, desde el ejército, hasta las escuelas de derecho, así como en el llamamiento al reclutamiento de los más jóvenes, con vídeos atractivos y promesas de una vida mejor.

  • Delincuentes habituales

Pequeñas bandas de delincuentes comunes agrupados originalmente bajo criterios de oportunidad que, al entrar en pugnas directas por el control de ciertas rutas de droga y otros mercados ilícitos, como sucede en el área de Montaña y Baja Montaña de Tierra Caliente, pasan a ser consideradas bandas de crimen organizado, distorsionando la imagen tradicional de bandas dedicadas al narcotráfico, incrementando el número de actores en pugna por un mismo territorio y dirigiendo sus acciones, más limitadas a entornos más concretos, las pequeñas plazas.

Efectos de la atomización del crimen organizado en México

El fraccionamiento del crimen organizado en México puede considerarse como un efecto previsible, tal y como se señaló en el caso de Colombia. La pérdida de liderazgo de poderosos grupos es un llamamiento a ser el siguiente en ocupar el monopolio.

Un primer efecto, evidente, es la menor capacidad de estos grupos para amenazar a la estabilidad de un país, no afectando ni condicionando a los gobiernos centrales, al disponer de una mayor asimetría de poderes en pugna.

Las labores de inteligencia, la investigación criminal o la infiltración, son tareas que cobran mayor complejidad. Pese a la ingente cantidad de investigaciones de toda índole publicadas cada día, no se tiene constancia de un número fehaciente de miembros integrantes de cada una de las distintas bandas, al igual que tampoco existe a día de hoy un registro de este tipo de los grandes cárteles, padeciendo constantes escisiones en sus filas.

Por otra parte incentiva el enfrentamiento entre grupos, y el aumento de la violencia por el control de las plazas, como ya señalaba Stratfor a inicios del 2016 de una manera que puede ser menos visible, dada también la menor exposición al foco mediático de los líderes de estos grupos, pero más directa respecto a la población local y, por ende, más sanguinaria.

Las células delictivas pueden llegar a ejercer mayor control en los territorios, ya que disponen de un mayor conocimiento sobre la economía de la localidad, las expectativas y vulnerabilidades de sectores de la población o las redes logísticas y de protección local. Adicionalmente, puede aumentar el rango de actividades económicas y comerciales en las que penetre el crimen organizado, diversificando la oferta de drogas, exigiendo el pago del “piso” (extorsión tradicionalmente de enfoque empresarial que se está llegando a exigir por residir en zonas concretas), asaltando ductos a través de la conocida como “ordeña” y otras modalidades, traficando ilegalmente con minerales y energía o dirigiendo sus extorsiones a la producción agraria. Cabe asimismo destacar que, tanto efecto como causa,  se trata de satisfacer una demanda interna de droga creciente, propiciando un mayor interés sobre el menudeo, y con ello sobre el control de las localidades, por pequeñas que estas sean.

El tráfico hacia EE.UU. también se ve incrementado, al no ser necesarias grandes infraestructuras, ni contactos internacionales no accesibles para las organizaciones más pequeñas, para cumplir con este objetivo. Así, la demanda estadounidense se ve alimentada tanto por los cárteles como por las pequeñas bandas que operan, principalmente en áreas fronterizas de Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Baja California. Una de las organizaciones que se ha hecho fuerte en el mercado local han gracias a su posición geográfica han sido Los Mazatlecos, de actuación principalmente en Sinaloa, y cuyo creciente dominio le ha conllevado el honor de ser considerada Organización de Tráfico de Drogas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el año 2013.

La movilización ciudadana en aras de una mayor protección que no se percibe por parte de estado es otra respuesta habitual. El problema es cuanto estas autodefensas actúan a modo de grupos paramilitares, potenciando, no solo la actividad criminal, sino erosionando, incluso eliminando el estado de derecho del territorio donde actúan. La pugna por la limpieza de la plaza, es escenificada a través de narcomantas, de mensajes en abiertos en sus propias webs, de narcocorridos o sirviéndose de los medios de comunicación tradicionales. Tanto los cárteles como las bandas tienden a dirigir sus acciones, tanto a sus rivales, como aquellos ciudadanos locales que los apoyen de uno u otro modo, asegurando que su misión primera es la “limpia de criminalidad” del lugar. Como ha hecho La Nueva Familia, en Michoacán, en contra del CJNG, o Los Justicieros en Guerrero. Con las mismas intenciones de justicia nacieron Los Caballeros Templarios, un cártel en actual proceso de desmembramiento, o la muy reciente guerrilla Insurgencia por el Rescate Institucional y Social, de Michoacán, que divulga sus mensajes de anti-corrupción en redes sociales, encapuchados y armados.

Conclusiones

El fraccionamiento del negocio del crimen organizado, en pequeños grupos o “cárteles de boutique” obliga a rediseñar las políticas públicas de seguridad. Como se mostró en Colombia, a pesar de la caída de Pablo Escobar, estos grupos seguían socavando la política y economía de la nación.

De esta manera, en esta fase, se puede estar asistiendo a la transformación de un problema, con sus peculiaridades, en un fenómeno diferente, que al menos evita el control sistémico de las dimensiones estatales por parte de un número pequeño de grupos con grandes capacidades. Este fraccionamiento hace que la amenaza para el estado disminuya, aunque los efectos en cuanto a manifestación de la violencia están aún por ver. De hecho, en 2015 se ha invertido la tendencia de reducción en la tasa de homicidios de los últimos cuatro años, aumentando un 6,3% sobre el año anterior, llegando casi a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Índice de Paz de México, elaborado por el Institute for Economics and Peace, ofrece una ligera mejora sobre el año anterior debido a la reducción de secuestros, asaltos y robos, aunque el país se sitúa en el puesto 144, sobre 162, en dicho índice mundial.

Si se estuviera asistiendo a un proceso, la segunda fase del mismo debería ser la regeneración y fortalecimiento institucional, la recuperación de la confianza en los cuerpos policiales y el aumento de la tasa de esclarecimiento judicial y reducción de la impunidad. Para ello, la lucha contra la corrupción debe estar en el centro del sistema. El respeto a los derechos humanos es un elemento clave en la legitimidad del estado de derecho.

Las circunstancias anteriores llevan a que algunos analistas encuentren similitudes  entre el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, ambas de colaboración con Estados Unidos. Los críticos señalan que son políticas que institucionalizan la guerra contra el narcotráfico, la acción militar y policial, y las extradiciones, dejando a un lado las políticas sociales precisas, además de cuestiones como la enorme presencia de armas en México, con origen estadounidense.

Finalmente, se deben abordar políticas que incidan en las raíces de la delincuencia, que radican en el ámbito local. Desde la Procuraduría General de la República se admite la inexistencia de un plan integral que permita combatir una criminalidad organizada de estas características, así como la inexistencia de programas de enfoque transfronterizo aplicables a las idiosincrasias de los territorios fronterizos con EEUU o Guatemala. La negación del problema es otra más, si cabe, de las trabas a esta lucha. Esta situación se ha puesto de manifiesto recientemente, por ejemplo, en Ciudad de México, donde las esferas institucionales y policiales se esmeran en negar la presencia de crimen organizado en una ciudad que ha visto incrementados los efectos de su actuación, como son los homicidios, en los últimos meses.

De esta forma se da la paradoja de precisar una solución desde aquella dimensión (la municipal, la plaza o enclave), controlada por el narco. Son los municipios los responsables, en última instancia, de garantizar servicios a sus ciudadanos (educación, sanidad, seguridad) y de generar alternativas a la enorme atracción para los jóvenes de un futuro criminal, enaltecido por la cultura popular de una narcosociedad dependiente de estos grupos.


Jéssica Cohen. Analista de seguridad internacional y coordinadora de Unidad de Análisis en el sector privado. Licenciada en Criminología, Diplomada en Economía, Máster en Análisis de Inteligencia. Profesora en el Máster de Inteligencia Económica y en el Experto en Análisis de Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS-UAM). Investigadora en proyectos de seguridad de la UE.  Twitter: @JessicaCohenV

José María Blanco. Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. Consejero del Instituto de Seguridad Interior (IUISI), UAM. Codirector del Área de Estudios Estratégicos y de Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS), UNED. Redactor Jefe de la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil”. Investigador en proyectos de seguridad de la UE. Twitter: @BlancoJoseMaria

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