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Guerra y Ley: el Derecho Internacional Humanitario

La protección de los Derechos Humanos es uno de los grandes pilares de las reglas internacionales, sin embargo, cuando estalla un conflicto armado, el caos se adueña de los sistemas jurídicos y la protección de los actores más vulnerables en estas situaciones se convierte en un asunto prioritario para minimizar el sufrimiento de la población civil. Para ello, el Derecho Internacional Humanitario está avalado por una larga tradición histórica, asentada a través de la práctica entre los Estados a través de los tratados y Convenciones adoptadas desde el siglo XIX. No obstante, su aplicación está puesta en duda debido a la tardanza de los procesos y a la sensación de impunidad que se trasmite a la ciudadanía, siendo estos los principales desafíos para la comunidad internacional en este ámbito.

En plena era de la globalización, iniciar una guerra supone un duro golpe para gran parte de los estados debido a las consecuencias que ésta genera en multitud de factores, siendo los económicos y los relacionados con la estabilidad política los más relevantes. Sin embargo, aún hoy se sigue debatiendo sobre las situaciones que deben darse para que una guerra sea justa y se siguen perfilando los límites en los medios a la hora de hacer a la guerra. Todo ello se encuentra bajo el paraguas del Derecho Internacional Humanitario, que trata de poner un poco de orden en el descontrol de las guerras.

El orden jurídico en el caos de la guerra

De acuerdo con el Derecho Internacional, se debe hacer una distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. El primero se refiere al enfrentamiento entre dos o más estados. El segundo hace referencia a un conflicto entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. Estos últimos conflictos pueden evolucionar de un tipo a otro a medida que avancen los acontecimientos. La palabra ‘guerra’ fue reemplazada por ‘conflicto armado’ tras la adopción de las cuatro Convenciones de Ginebra para ampliar la protección humanitaria a las situaciones que no se definiesen estrictamente como ‘guerra’. De esta manera se consigue que los Estados no puedan negarse a aplicar el DIH cuando cometan algún tipo de hostilidad, sin importar que lo presenten como un acto de legítima defensa o como una situación diferente a la de una guerra. Así, el concepto de “conflicto armado” abarca el uso de la fuerza en cualquier disputa y hace que la aplicación del DIH vaya implícita al término, sin importar que cualquiera de las partes sostenga que su conflicto no es una guerra. El Derecho Internacional Humanitario, de manera amplia, es el conjunto de reglas y principios que limitan el uso de la violencia durante los conflictos armados con el objetivo de proteger a las personas que no forman parte de las hostilidades –o que han dejado de hacerlo–. Es decir, son las normas que protegen a los civiles, náufragos, heridos y prisioneros de guerra. Al mismo tiempo, trata de limitar los efectos de la violencia de la contienda de acuerdo con los objetivos de la misma.

Existe un conjunto de normas que regulan el comienzo de las hostilidades y que de alguna manera justifican una guerra justa. Este el conocido como derecho para hacer la guerra o ius ad bellum. Una vez las hostilidades han empezado se aplica el ‘derecho de la guerra’ o ius in bellum. No es hasta la década de 1930 cuando se comienza a diferenciar entre estos dos términos, por influencia de la Escuela de Viena. A lo largo de la historia se han formulado numerosas concepciones de la guerra, con fundamentaciones de lo más diversas, hasta elevarla al nivel del ‘arte’ por personajes como Sun Tzu (El arte de la guerra) o Nicolás Maquiavelo (Del arte de la guerra). Las causas de los combates también cubren un amplio espectro de motivos que generalmente se resumen en hacerse con el poder o mantenerse en él. Es por lo tanto un instrumento más de la política que, con cuerpos normativos como el ius ad bellum, trata de encontrar una justificación legal a las contiendas, huyendo así de los dilemas éticos y morales que los conflictos bélicos generan. Resulta llamativo que, a pesar de su larga tradición histórica, no fuese hasta el año 1928, con el Pacto de Briand-Kellog, cuando se prohibió por primera vez la guerra.

Existen una series de circunstancias concretas que permiten calificar de “justa” una guerra y son las siguientes: que sea una causa justa; que la lidere una autoridad legítima; que tenga un objetivo correcto; que se hayan agotado todas las vías pacíficas para resolver el conflicto; que el uso de la violencia sea proporcionado y que la probabilidad de éxito sea alta para lograr el fin de la contienda.

INTERESANTE: “No hay guerras buenas, pero sí hay guerras justas” (Lluís Bassets, El País)

Una vez se cumplan estos requisitos, aunque no siempre sea así, pasa a aplicarse un tipo de ley especial para proteger a las partes que no toman parte en la contienda y ese es el ius in bellum, ‘derecho de la guerra’ o Derecho Internacional Humanitario. Su objetivo es regular las hostilidades y proteger a las víctimas en conflictos armados internacionales y no-internacionales. El ius in bellum radica en el derecho consuetudinario, que empezó a codificarse a partir del siglo XIX de manera destacable. Más allá de la costumbre, las Convenciones de Ginebra y de La Haya son la base jurídica de esta rama del Derecho Internacional, a las que se suman la jurisprudencia y los tratados internacionales que completan el DIH. Definen las responsabilidades de las naciones beligerantes y de las personas que toman parte en la contienda así como la de los Estados neutrales, en las relaciones entre estos actores y con las personas a las que el Derecho Internacional protege durante los conflictos. El Derecho Internacional Humanitario no prohíbe la guerra sino que establece unos requisitos mínimos de protección durante los conflictos armados basados en principios de humanidad, distinción entre categorías de personas, la necesidad militar y la proporcionalidad.

El ius in bellum y el ius ad bellum conforman las ramas del Derecho Internacional que regulan todos los aspectos de los conflictos armados. En los últimos años, ha venido cobrando fuerza una tendencia a establecer una tercera extensión a las dos existentes: el ius post bellum, una suerte de cuerpo normativo que regule la protección humanitaria después de los conflictos pero que carece de respaldo legislativo.

De Solferino al Tratado sobre el Comercio de Armas

Captura de pantalla 2015-09-02 a la(s) 15.29.02La batalla de Solferino tuvo lugar en Italia en el año 1859. Un joven suizo llamado Henri Dunant, que años más tarde se convertiría en Premio Nobel de la Paz, quedó impactado ante las consecuencias de la contienda: más de 35.000 heridos, muchos de ellos agonizando, sin posibilidad de recibir asistencia sanitaria. Fue él mismo quien comenzó a coordinar un cuerpo de atención médica para estas personas y a construir los primeros hospitales de campaña en los que se trataban a los heridos sin tener en cuenta el bando del que habían formado parte en la batalla. De esta manera comenzó una cruzada personal por proteger a los colectivos vulnerables en las guerras y decidió limitar los efectos de los conflictos armados y establecer condiciones como la distinción especial para el personal sanitario que le permitiese acceder al campo de batalla para atender a todos los heridos. Fundó así el Comité Internacional de la Cruz Roja y dio los primeros pasos en materia de Derecho Internacional Humanitario.

El DIH tiene tres fuentes que han contribuido a su establecimiento: el Derecho de Ginebra, el Derecho de La Haya y las resoluciones de Naciones Unidas. Es importante remarcar que las fuentes del Derecho Humanitario no nacen con las convenciones, sino que estas recogen las reglas del derecho consuetudinario, es decir, estas normas se encuentran recopiladas en las convenciones pero son parte de la costumbre internacional; por lo tanto, se aplican a todos los Estados, sin importar que hayan ratificado o no la convención.

En 1864 se ratificó la primera Convención de Ginebra para la protección de los heridos en el campo de batalla. Este fue el primer paso hacia la regularización del DIH y que tiene como principal objetivo la protección de las víctimas durante los conflictos, bajo el auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja. En total, las Convenciones de Ginebra suman un total de cuatro y cuentan con tres protocolos adicionales. Las cuatro convenciones y el Protocolo Adicional I tienen como ámbito de aplicación los conflictos internacionales. El Protocolo Adicional II se ejecuta en los conflictos no-internacionales “intensivos”, mientras que el Protocolo Adicional III recoge la adopción de un emblema distintivo adicional para el personal de asistencia humanitaria.

Las cuatro Convenciones de Ginebra tienen en común el artículo 3, que puede ser considerado un tratado en sí mismo. Se aplica a los conflictos armados no-internacionales y es considerado como derecho consuetudinario porque todos los Estados se encuentran bajo los efectos de su jurisdicción. Este artículo 3, común a las cuatro Convenciones, protege a todos los individuos que no forman parte de las hostilidades o que han dejado de hacerlo y prohíbe el uso de la violencia contra estas personas, incluyendo la tortura o el trato vejatorio, las ejecuciones arbitrarias y sin juicio previo, y la toma de prisioneros. Se aplica en todo momento y en todo lugar durante un conflicto armado, sin excepción.

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Las Convenciones de La Haya permitieron desarrollar la base ya existente de DIH, especialmente en lo relativo a los medios y los métodos empleados durante los conflictos armados. Fue en 1899 cuando tuvo lugar la primera Conferencia de Paz de La Haya. En ella se adoptaron tres convenciones: la primera, relativa a la solución pacífica de los conflictos internacionales, que dio lugar al Tribunal Permanente de Arbitraje o de La Haya; las otras dos, sobre las costumbres y normas de la guerra terrestre y la adaptación a la guerra marítima, respectivamente. En 1907 se celebró la segunda Conferencia de Paz de La Haya que nació con el objetivo de alcanzar la paz internacional mediante la adopción de más tratados. El resultado fue la adopción de una nueva convención y de trece tratados más. Una tercera conferencia estaba prevista para 1915-16 pero el estallido de la Primera Guerra Mundial lo impidió.

Desde su creación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomó el relevo a la Sociedad de Naciones, que había venido desempeñando el papel de las Conferencias desde 1920. Su principal cometido es el de realizar esfuerzos para asegurar la protección de los derechos humanos durante los conflictos armados, haciendo especial énfasis en limitar el uso de ciertas armas durante los mismos. La última resolución adoptada a este respecto por la ONU es el Tratado sobre el Comercio de Armas, firmado en 2013.

Uno de los principales puntos fuertes del Derecho Internacional Humanitario es que no prohíbe la guerra per se, ya que este sería un fin muy loable pero difícilmente alcanzable desde una perspectiva realista. Por lo tanto, su objetivo primordial es el de fijar unos límites muy concretos a la guerra. Mediante el establecimiento de normas que protejan a los civiles y a aquellos que han dejado de tomar parte en las hostilidades, se permite que incluso durante los conflictos armados haya una presencia de los Derechos Humanos y una doctrina asentada y aceptada por la comunidad internacional que los proteja. En cierto modo, los objetivos del DIH son: hacer visible la parte humana durante los conflictos, intentado reducir el daño infligido a los civiles durante las guerras a la mínima expresión; introducir el factor humanitario en la ecuación de la guerra que haga de contrapeso a las necesidades militares, tratando de encontrar un equilibrio entre ambos; concentrarse en la protección y en la reducción del daño a los civiles, prisioneros de guerra y heridos; ofrecer una garantía de protección al personal militar que se encuentra fuera del campo de batalla y a las personas que han dejado de ser partes activas en el conflicto; y proteger ciertos objetos como lugares de interés cultural o religioso, edificios civiles, el medio ambiente, el equipo médico –incluidos medios de transporte–, y objetivos indispensables para la supervivencia como los que garantizan el acceso a agua potable.

La protección de los Derechos Humanos dentro y fuera del campo de batalla

La protección de la dignidad humana es la base de los Derechos Humanos. En la ausencia de conflictos armados, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos la rama jurídica encargada de esta misión, es decir, es la ley que se aplica de manera ordinaria. Sin embargo, en el momento en el que estalla una guerra, el Derecho Internacional Humanitario es el encargado de velar por la dignidad de las personas en el espacio territorial que es objeto de batalla y durante el tiempo concreto que dure el conflicto. Es la lex specialis. Estas dos modalidades son ramas del Derecho Internacional que tienen ciertas especificidades que es importante identificar y diferenciar para no referirse a alguna de ellas de manera errónea.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se basa en acuerdos entre dos o más Estados en los que regulan las relaciones entre los mismos y los individuos sobre los que tienen jurisdicción. En este contexto, tienen como objetivo proteger a las personas y trabajar en favor del desarrollo de los pueblos, estableciendo límites al poder de los Estados. Es aplicable tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, pero algunos derechos pueden verse “suspendidos” de manera temporal en situaciones de emergencia. Las tareas de control y supervisión del cumplimiento, por parte de los Estados, de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos las ejercen diversos mecanismos como pueden ser tratados internacionales o tribunales. Los principales rasgos distintivos de esta rama jurídica es que las obligaciones son exclusivamente de los Estados mientras que son los individuos los que poseen los derechos en cuestión y existen tribunales específicos que velan por su salvaguardia. Así, existen las cortes internacionales especializadas en materia de Derecho Humanos, como la del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La protección que brinda este Derecho es aplicable exclusivamente a las personas que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se considera una rama jurídica relativamente joven que está compuesta por principios de carácter generalista y que no hace diferenciación entre las personas en su aplicación. Es por lo tanto la lex generalis ya que son sus reglas las que influencian el contenido de la lex specialis o DIH.

Captura de pantalla 2015-09-02 a la(s) 15.29.45Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario es una ley excepcional que se basa en los acuerdos alcanzados entre los Estados sobre cómo desarrollar las guerras y cómo proteger a los civiles y a los combatientes, además del papel destacable del derecho consuetudinario. Se aplica exclusivamente mientras haya un conflicto armado con el objetivo de limitar el sufrimiento que una guerra puede causar, haciendo hincapié en la cooperación entre las partes involucradas en el conflicto. En este caso, los derechos no pueden ser suspendidos o derogados y el organismo encargado del correcto cumplimiento de los mismos es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Por su parte, las obligaciones recaen tanto en los Estados como en los individuos, que son también los titulares de derechos. Para controlar su aplicación y respeto, el órgano encargado de hacerlo es la Corte Internacional de Justicia aunque también puede haber otros mecanismos que hayan establecido los tratados. Es posible encontrar tribunales nacionales con competencias en esta materia así como tribunales ad hoc para casos específicos: los tribunales de Nüremberg, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda o el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. El DIH se aplica en cualquier lugar en el que un Estado parte (o cualquier otro actor parte) del conflicto esté desarrollando acciones que puedan ser calificadas como conflicto armado. Es una rama jurídica más antigua que la de los Derechos Humanos y contiene tanto principios generales como normas muy específicas. Tiene como foco de aplicación solamente a las partes beligerantes y sí que realiza diferenciaciones entre las personas a la hora de definir el nivel de protección o los derechos de los que gozan.

En ambos casos, el objetivo es proteger a las personas, ya sea de los abusos de los Estados o de las partes beligerantes. También comparten el principio de no-reciprocidad, es decir, que el cumplimiento de los derechos no dependa de la actitud mostrada por la otra parte y que el no cumplimiento por una de las partes no exime a la otra de hacerlo. Por otro lado, el Derecho Internacional contempla casos excepcionales en los que la protección de ciertos derechos fundamentales puede verse suspendida o limitada temporalmente. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo número cuatro la posibilidad de permitir a los Estados firmantes suspender algunos de los artículos recogidos en el mismo por una emergencia pública que ponga en riesgo la supervivencia del Estado. Entre esos artículos no pueden encontrarse los referentes al derecho a la vida, a la prohibición de la tortura y del trato inhumano y degradante, a la prohibición de la esclavitud o al encarcelamiento por deuda o impago, entre otros. Otros tratados o convenciones internacionales de Derechos Humanos también recogen algún artículo en el que contemplan esta posibilidad de derogación o limitación y en algunas ocasiones se ha hecho uso del mismo, como en el golpe de Estado militar de 1967 en Grecia o en los ataques del 11-S.

La práctica del DIH

La protección que establece el Derecho Internacional Humanitario en el marco teórico resulta muy diferente cuando tiene que convertirse en una cuestión práctica. El respeto a la vida y a la integridad física y moral de las personas protegidas por el DIH no siempre se cumple. Podemos encontrar numerosos casos en los que se producen violaciones del ius in bellum, que en algunas ocasiones son de tal gravedad que adquieren el status de ‘crímenes de guerra’. La mayoría de las víctimas de estas violaciones son parte de la población civil. La situación en la que estas reglas deben aplicarse es de una enorme complejidad, lo que dificulta una protección efectiva. Para evitar las conculcaciones, los gobiernos deben tomar medidas para fomentar el conocimiento y el respeto del DIH. Entre los principales objetivos de estas acciones, deben estar sus Fuerzas Armadas, que en caso de conflicto armado se convierten en los actores más relevantes y con mayor responsabilidad a la hora de respetar las normas internacionales para proteger a los civiles y a los heridos.

En caso de violaciones de infracciones del DIH, los Estados deben tener desarrollado un cuerpo normativo sólido y preciso que castigue las violaciones de las Convenciones de Ginebra y de La Haya, a fin de penar los crímenes de guerra con severidad y las violaciones de la protección de los emblemas de los cuerpos humanitarios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Cabe destacar, también, la importancia de las labores de prevención por parte de los gobiernos para fomentar la información entre el público general del DIH y la concienciación entre toda la población de la importancia vital de que éste se respete, incluso en las situaciones más extremas.

A nivel internacional, existen diferentes tribunales encargados de castigar a aquellos individuos o Estados que no cumplan con las normas del Derecho Internacional Humanitario, destacando la Corte Penal Internacional, la cual nació con el Estatuto de Roma de 1998, o los tribunales para juzgar conflictos ad hoc como los mencionados anteriormente de Rwanda o Yugoslavia.

Sin embargo, a la hora de perseguir a los responsables de violaciones del DIH, aparecen numerosos obstáculos: la falta de voluntad política por parte de los Estados para juzgarlos o ponerlos a disposición de la justicia internacional, una aplicación inadecuada de la ley a nivel internacional, leyes nacionales que establecen límites para juzgar a estos criminales, la concesión de amnistías, procesos con una duración demasiado larga o los altos costes que suponen. Precisamente, debido a la ausencia de resultados tempranos de la aplicación de la justicia, se transmite una sensación de impunidad y falta de castigo a los sospechosos de haber cometido estas infracciones, lo que lleva a muchas personas a perder la fe y la confianza en estos sistemas de castigo y control.

Desde que Henri Dunant diese los primeros pasos en la protección de las partes no beligerantes en los conflictos armados, se ha avanzado de manera más que significativa en este campo y actualmente existe un marco legal sólido y muy preciso que permite establecer una seguridad jurídica de gran relevancia. Su aplicación práctica sigue constituyendo a día de hoy un desafío, especialmente debido a las constantes amenazas que surgen en el panorama internacional, como es el terrorismo internacional que se presenta como polimorfo y de una gran diversidad, haciendo aún más compleja la aplicación de estas normas. La comunidad internacional debe continuar ampliando el marco normativo para adaptarse a los desafíos actuales, huyendo de tratados generalistas, dando lugar así a un Derecho Internacional Humanitario actualizado y preparado para dar respuestas específicas a los nuevos actores que forman parte de los conflictos armados y que lleva a cabo acciones que ponen en riesgo a la población civil, los objetos básicos para la supervivencia de las personas y los bienes culturales de gran valor para toda la humanidad.

Para ello, el papel que ha venido desempeñando desde el siglo XIX el Comité Internacional de la Cruz Roja debe ser reconocido y fomentado para que dé respuesta a los nuevos retos a los que la comunidad internacional debe hacer frente en este momento histórico y en el que la reducción del sufrimiento de la población civil debe ser el principal foco de actuación una vez se ha iniciado un conflicto armado. Que esta organización disponga de todos los medios necesarios para llevar a cabo su labor de información, prevención, divulgación y actuación sobre el terreno, es una cuestión que puede afectar a la vida de miles de personas que se ven envueltas en las atrocidades que supone vivir una guerra en primera persona y que debe ser protegida y atendida de manera efectiva y rápida para mitigar un daño que se incrementa cada día. El Derecho Internacional Humanitario requiere de actualizaciones constantes para adaptarse a una sociedad cambiante y globalizada, para ello el compromiso de los Estados es fundamental y por ello deben mostrarse dispuestos a colaborar en estas tareas para que los procesos sean lo más rápidos posible y la ciudadanía perciba que la comunidad internacional es capaz de reaccionar y solucionar ante el sufrimiento de cientos de miles de ciudadanos en todos los rincones del planeta.

Acerca de Borja Lucas Dominguez 6 Articles

Madrid, 1992. Estudiante del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos. Interesado en la Unión Europea, Mediterráneo, Organizaciones Internacionales y Derechos Humanos. Apasionado de la cultura, los viajes y los idiomas.

2 comentarios en Guerra y Ley: el Derecho Internacional Humanitario

  1. Es muy util y necesario su reportaje que me aventuré a tomar informacion de él para anexar a un legajo de informe y recomendación para la ONU, agradézcole su interés en matenernos legalmente informados mediante medios electrónicos como el presente, es una persona muy util a la sociedad, esperando que ayudemos al planeta a hacer gente tan conciente como nosotros.

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